La gran industria se moviliza contra el plan del Gobierno de repartir el coste de las renovables

Hace un año el Gobierno aprobó un proyecto de ley que impulsa cambios de calado en el sistema de costes eléctricos con el objetivo de bajar el recibo de la luz de manera permanente. El plan pasa por poner en marcha el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se pretende repartir el coste de pagar la retribución de las energías renovables reguladas (Recore) entre todas las fuentes de energía.

Ahora ese coste de unos 7.000 millones al año se paga íntegramente con el recibo de la luz, y el objetivo del Ejecutivo es repartir el coste también con petroleras y gasistas. Esto es, se rebajará la factura eléctrica sacando parte de esa carga millonaria, pero se acabará trasladando en parte también al precio de los combustibles y del recibo del gas. Tras seis meses guardado en un cajón, el Congreso de los Diputados reactivó la pasada semana la tramitación del proyecto de ley del FNSSE con el objetivo de aprobarlo definitivamente después del verano. Un movimiento que ha puesto en pie de guerra a la gran industria.

Una decena de patronales de diferentes sectores industriales han alertado de que la puesta en marcha del nuevo Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico supondría un golpe milmillonario para la industria y que la medida llega en “el peor momento”: en plena crisis energética y con los costes energéticos disparados.

Las patronales Anfac y Sernauto (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia) se unen para reclamar al Gobierno y a los partidos políticos de la oposición que paralicen la tramitación de la norma, que había quedado hibernada por la crisis, para evitar que el reparto de los costes de las renovables en el gas y los combustibles acabe repercutiendo en las compañías industriales.

“En el caso de su puesta en marcha, el coste acumulado para la industria entre 2022 y 2026 superaría los 2.500 millones de euros. Este impacto lo asumirían sobre todo las industrias consumidoras de gas y los consumidores industriales medios e intensivos de electricidad, al eliminarse las metodologías de niveles de tensión”, se quejan las patronales agrupadas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.

La gran industria aplaude que el coste de las renovables se saque parcialmente de la factura eléctrica, pero reclama que no se haga comprometiendo la competitividad industrial. Por eso, las asociaciones empresariales reclaman que las retribuciones de las renovables reguladas, con el que se asume el coste de la retribución garantizada por ley de estas instalaciones verdes, se traslade íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de manera progresiva. Una medida que el Gobierno rechaza de plano, pero que ha sido respaldada con su propuesta de enmiendas a la ley por PP, JxCat y PdeCat.

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El proyecto de ley aprobado por el Gobierno contempla que el 80% de la industria productiva y exportadora española queda excluida de soportar el coste del FNSSE. La gran industria reclama al Ejecutivo que se exima totalmente del Fondo a la industria manufacturera al completo si se rechaza el traslado del coste a los PGE.

“La industria española ha perdido, desde la crisis económica de 2008, un 23% del tejido productivo y un 19% del empleo y se encuentra en una situación límite por la escalada de los precios del gas y la electricidad”, alertan las patronales. “Definitivamente, no es este el momento de poner en marcha el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico”.