El PSOE aprovecha una enmienda a la Ley Concursal para asegurar un puesto a Delgado en la máxima categoría fiscal

La Ley Concursal, que se está reformando para transponer la directiva de la Unión Europea sobre reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias, puede servirle al PSOE para un objetivo bien distinto si sale adelante una enmienda a este proyecto que permitirá asegurar a la actual fiscal general, Dolores Delgado, un puesto en la máxima categoría de la carrera en el momento en el que sea cesada.

El diputado del PP Luis Santamaría señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que se trata de la enmienda número 603 del total de 607 que el grupo parlamentario socialista ha presentado en solitario a la reforma concursal, y contempla varias modificaciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Entre ellas la que hace un añadido al artículo 31 de la Ley que regula el Estatuto de la Fiscalía para asegurar que cuando el puesto recaiga sobre un miembro de la carrera, éste "adquirirá la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".

A juicio de Santamaría, con esta reforma "se confirma que Delgado es la ministra número 23 del Gobierno, y que favor con favor se paga". El plazo de presentación de enmiendas a la Ley Concursal finalizó a mediados de este mes, y está previsto que las enmiendas se estudien a lo largo del mes de abril, añade del diputado popular.

NUEVA VÍA DE ACCESO, EL TURNO POLÍTICO

Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo señalan a este diario que actualmente son 30 los fiscales con esta categoría y señalan que lo único que les faltaba es incluir como nueva vía de acceso a este tipo de puestos "el turno político". 

La propuesta, según las fuentes consultadas, supone una quiebra del principio de igualdad en el acceso a cargos públicos. "Se trata de un ascenso por la puerta trasera, impresentable y jurídicamente insostenible -añaden desde el Supremo-. Es como si quien ha sido Ministro por el hecho de haberlo sido queda integrado de por vida en un cuerpo de alto nivel del Estado, o si como quien haya sido ministro Exteriores se queda en el cuerpo diplomático".

Desde la Fiscalía General de Estado no han querido decir nada sobre la existencia de esta enmienda, limitándose a señalar que desconocen la tramitación parlamentaria de la norma afectada, pero desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que perteneció Delgado hasta que fue nombrada ministra, la califican de "razonable".

ANTECEDENTE DE SEGARRA

"Lo planteamos en el congreso de la UPF, porque la situación como estaba no le hacía bien a la institución", explica la portavoz Inés Herreros. Recuerda lo ocurrido con María José Segarra, que tras ser cesada como fiscal general tuvo que regresar a una fiscalía ordinaria, "a cubrir juicios de faltas", hasta que fue designada fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Desde la asociación progresita se lamenta que los cambios no se hagan a través de una ley, si bien consideran positivo que se realicen modificaciones "de consenso y de gran calado" como las que propone la enmienda en beneficio de la carrera fiscal. 

El cambio que propone ahora el PSOE con esta enmienda se planteó entonces, pero se vio aplazado, porque nadie pensó que la legislatura duraría tan poco. Entonces sobrevino la situación afectando a Segarra.

Para Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), incluir este asunto ahora vía Ley Concursal parece raro, porque quiere decir que hay prisa por implementarlo. "No es algo que el Ministerio Fiscal necesite, parece que lo necesita más la fiscal general", agrega Viada.

OTRO PROBLEMA PARA DELGADO

En las últimas semanas la gestión de la fiscal general se está viendo cuestionada en varios frentes, uno de los últimos ante la Audiencia Nacional, donde la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha llevado la decisión de Delgado de suspender 'sine die' la constitución de la Comisión de Ética Fiscal, cuyas seis plazas habían copado los miembros de este colectivo.

Se trata de un tercer contencioso abierto por la asociación de corte conservador contra la fiscal general, que tiene pendiente conocer la decisión que adopte el próximo 5 de abril el Tribunal Supremo en relación con uno de sus nombramientos, el del fiscal jefe de Menores realizado ya hace un año con una motivación que se cuestiona por alejarse de criterios de mérito y capacidad. 

También fueron contra Delgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) a cuenta del 'caso Stampa', a lo que ha seguido una nueva petición de cese que ha tenido que ser contestada por la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, que tuvo que explicar en sede parlamentaria que "los gobiernos cuando nombran a la fiscal general del Estado luego no pueden cesarla".

EXPLICACIÓN DEL LLOP

Llop tambien ha negado que hayan hecho "un traje a medida" para Delgado y sostiene que la enmienda es una de las recomendaciones sugeridas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

"Lo que dice el grupo GRECO es que hay que adoptar todas esas medidas que garanticen que quien va a ser fiscal general no va a actuar con presiones de cualquier tipo de grupo, tiene que actuar con libertad y lo que se garantiza es una salida con dignidad", ha apuntado en los pasillos del Congreso de los Diputados.