Justicia

Juicio en la Audiencia Nacional contra Llop y Delgado por enviar a los fiscales a trabajar sin protección en el confinamiento

  • La Sala de lo Social acogerá este miércoles una vista en la que dos abogados del Estado y 10 letrados autonómicos tratarán de rebatir los argumentos de la asociación de fiscales APIF, que denuncian el abandono en materia de riesgos laborales.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una imagen de archivo.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

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La gestión de la ministra de Justicia Pilar Llop y de la fiscal general Dolores Delgado en la dotación de medidas de prevención de riesgos laborales para los fiscales va a juicio. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional admitió una demanda de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y este miércoles se celebrará una vista para analizar este asunto que reunirá a dos abogados del estado, diez letrados en representación de las comunidades autónomas y los tres abogados que defienden los intereses de los demandantes.

En la demanda se carga contra la gestión pública de este asunto y se llega a responsabilizar tanto a la ministra como a la fiscal general de "enviar de forma temeraria" a los fiscales a trabajar en plena crisis del coronavirus, "exponiéndolos a un contagio letal por covid-19".

En la demanda, APIF explica que al acudir a la Audiencia Nacional pretende obtener un pronunciamiento judicial"que declare que los fiscales carecen de "protección real y efectiva en materia de riesgos laborales" por parte del Ministerio, la Fiscalía y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, todas excepto Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla.

Obligar a un plan de prevención

Concretamente, la asociación de fiscales Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que condene a las administraciones demandadas a adoptar un plan de prevención de riesgos laborales para la Fiscalía y todos los fiscales que trabajan en la misma, "contratando en el plazo de dos meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido".

Según estos fiscales, los departamentos dirigidos por Llop y Delgado "nunca han dotado a sus funcionarios de ninguna medida de prevención de riesgos laborales". La demanda subraya que "la Fiscalía y el Ministerio saben perfectamente cuál es la situación", por lo que avisan de que "su mala fe es manifiesta". A principios del pasado mes de diciembre, en preparación de la vista, la Audiencia Nacional requirió a las Administraciones que aportaran de prevención de riesgos laborales o certificación de carencia del mismo.

Comparecencia del jefe de Siniestralidad

Igualmente, se reclamó la certificación de todas las actas de la comisión de riesgos laborales que dirige en la actualidad el fiscal de Sala Félix Pantoja, fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, así como la confirmación de todas las actas de inspección que se hayan recibido de la Inspección de Trabajo desde el 1 de enero de 2016 con ocasión de inspecciones respecto del Ministerio Fiscal. Además, se citó a Pantoja para que comparezca en el juicio que se celebrará este 19 de enero.

Según APIF, la mera presentación de la demanda ya ha tenido consecuencias, pues tanto el Ministerio como la Fiscalía General trabajan en un proyecto de convenio de colaboración "en el que por fin se propone el establecimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales para la Carrera Fiscal". Desde la asociación, sin embargo, reprochan que este proyecto mantenga a la Fiscalía "como un sujeto subordinado o secundario frente a la asunción de dicha responsabilidad por el Ministerio de Justicia, y sin mención alguna a las comunidades autónomas".

En el marco de la demanda de conflicto colectivo, la APIF aporta documentos para defender su tesis de que la Fiscalía General tiene "plena conciencia" de que por más que exista el Manual de Prevención de Riesgos laborales para la Administración de Justicia de 2014 "no existe normativa alguna que obligue a la administración a velar por la prevención de la salud laboral de los fiscales".

Critica, además, que el manual del Ministerio de Justicia se redactara "sin contar" con el Ministerio Público, las comunidades autónomas "y menos aún con los representantes de los fiscales" y pide a la Audiencia Nacional que anule el texto y sus sucesivas modificaciones.

Situaciones silenciadas

La demanda incluye casos concretos de omisión de deber de prevención en fiscales que trabajan embarazadas estando en situación de riesgo, así como ejemplos de acoso laboral que "o se silencian o no se investigan". Añade que "los accidentes derivados del estrés no se investigan como tales, sino como aconteceres naturales del paso de los años en las personas".

Por todo ello, la APIF reclama a la Audiencia Nacional "auxilio judicial" para "empezar a corregir una situación que no se arregla por quienes deberían hacerlo" y que, a su juicio, tampoco se arregla con un "sistema de prevención de riesgos ajeno por completo a los fines y objetivos de la Fiscalía y al trabajo de los fiscales" que "sirve para que el Estado pueda esgrimir dicho texto formal a fin de evitar las consecuencias de mantener a los fiscales sin prevención de riesgos de ningún tipo".

En el marco de la demanda, la asociación subraya la gestión del Ministerio Público durante la pandemia, cuando "envió de forma temeraria" a los fiscales a "trabajar sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales, exponiéndolos a un contagio letal por covid-19".

Insiste en que es "especialmente lamentable" que entre las funciones del Ministerio Fiscal se encuentre "perseguir los accidentes laborales" y precisa que es "especialmente agravador" que la propia Fiscalía "carezca del correspondiente plan de prevención de riesgos".

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