La AN admite una demanda contra Llop, Delgado y 12 CCAA por no proteger a los fiscales durante la pandemia

La Audiencia Nacional ha admitido una demanda de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la gestión de la ministra Pilar Llop y la fiscal Dolores Delgado en materia de riesgos laborales, en concreto por "enviar de forma temeraria" a los fiscales a trabajar en plena crisis del coronavirus, "exponiéndolos a un contagio letal por covid-19".

En un escrito del 30 de noviembre, la asociación expresa que con esta acción pretende "obtener un pronunciamiento judicial" que declare que los fiscales "carecen" de "protección real y efectiva en materia de riesgos laborales" por parte del Ministerio, la Fiscalía y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, todas excepto Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla.

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En el pulso que mantiene con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, la APIF pide a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que condene a las administraciones demandadas a "adoptar el plan de prevención de riesgos laborales para la Fiscalía y todos los fiscales que trabajan en la misma, contratando en el plazo de dos meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido".

Tal y como ya denunciara en la demanda interpuesta en junio, la APIF insiste en que los departamentos dirigidos por Llop y Delgado "nunca han dotado a sus funcionarios de ninguna medida de prevención de riesgos laborales". Subraya que "la Fiscalía y el Ministerio saben perfectamente cuál es la situación", por lo que avisan de que "su mala fe es manifiesta".

Ahora la Audiencia Nacional ha requerido a las partes demandadas que aporten a la Sala el Plan de prevención de riesgos laborales o certificación de carencia del mismo, la certificación de todas las actas de la comisión de riesgos laborales que dirige en la actualidad el fiscal de Sala Félix Pantoja, así como la confirmación de todas las actas de inspección que se hayan recibido de la Inspección de Trabajo desde el 1 de enero de 2016 con ocasión de inspecciones respecto del Ministerio Fiscal. Además, ha citado a Pantoja para que comparezca en el juicio que se celebrará el 19 de enero de 2022.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

APIF recuerda que desde que presentó aquella demanda -a la que luego renunció ante las "objeciones" de la Abogacía y la Unión Progresista de Fiscales- "tanto el Ministerio como la Fiscalía General han elaborado un Proyecto de Convenio de Colaboración (...) en la que por fin se propone el establecimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales para la Carrera Fiscal".

Desde la asociación, sin embargo, reprochan que el hecho de que se mantenga a la Fiscalía "como un sujeto subordinado o secundario frente a la asunción de dicha responsabilidad por el Ministerio de Justicia, y sin mención alguna a las comunidades autónomas".

En el marco de la demanda de conflicto colectivo, la APIF aporta documentos para defender su tesis de que la Fiscalía General tiene "plena conciencia" de que por más que exista el Manual de Prevención de Riesgos laborales para la Administración de Justicia de 2014 "no existe normativa alguna que obligue a la administración a velar por la prevención de la salud laboral de los fiscales".

Critica, además, que el manual del Ministerio de Justicia se redactara "sin contar" con el Ministerio Público, las comunidades autónomas "y menos aún con los representantes de los fiscales" y pide a la Audiencia Nacional que anule el texto y sus sucesivas modificaciones.

PIDE "AUXILIO" PARA CORREGIR LA SITUACIÓN

En la lista de argumentos esbozada en los 22 folios de la demanda, la APIF asegura que "la Fiscalía hace omisión de cualquier deber de prevención de riesgos en relación con la preservación de los derechos de las mujeres embarazadas en situación de riesgo" . Señala, también, que "los casos de acoso laboral o se silencian o no se investigan" y que "los accidentes derivados del estrés no se investigan como tales, sino como aconteceres naturales del paso de los años en las personas".

Así las cosas, la APIF pide "auxilio judicial" para "empezar a corregir una situación que no se arregla por quienes deberían hacerlo" y que, a su juicio, tampoco se arregla con un "sistema de prevención de riesgos ajeno por completo a los fines y objetivos de la Fiscalía y al trabajo de los fiscales" que "sirve para que el Estado pueda esgrimir dicho texto formal a fin de evitar las consecuencias de mantener a los fiscales sin prevención de riesgos de ningún tipo".

En el marco de la demanda, la asociación subraya la gestión del Ministerio Público durante la pandemia, cuando "envió de forma temeraria" a los fiscales a "trabajar sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales, exponiéndolos a un contagio letal por covid-19".

Insiste en que es "especialmente lamentable" que entre las funciones del Ministerio Fiscal se encuentre "perseguir los accidentes laborales" y precisa que es "especialmente agravador" que la propia Fiscalía "carezca del correspondiente plan de prevención de riesgos".