Atención a los mayores

La Fiscalía rompe el tabú de los mayores atados en residencias: "No querían dejarla ir al baño"

  • La fiscal jefa de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, impulsa los controles sobre la contención física y farmacológica de las personas que viven en residencias.

  • No existe un censo, pero los especialistas estiman que se sujeta a diario con barandillas, cinturones, correas...a cerca del 20% de las personas que viven en estos centros: unos 75.000 mayores.

  • "Hay una tendencia por parte de los profesionales y las familias para que seden excesivamente a los mayores", critican desde la Fundación María Wolff.

Vacunación de la primera dosis en una residencia de Barcelona.

Vacunación de la primera dosis en una residencia de Barcelona. / Jordi Otix

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Quién recrea la escena es un 'converso'. Se llama Vicente Pérez Cano y es director de la Confederación Estatal De Mayores Activos (CONFEMAC). Un activista en defensa de la dignidad de las personas mayores desde que conoció el sufrimiento que les provocan las sujeciones físicas y químicas a las están sometidos en las residencias apelando a su seguridad. Es legal, pero les hace daño. Físico y psicológico. "En el 90% de los casos se aplica a personas con demencia. Otros, no. El otro día una familia nos llamó para denunciar que querían atar a su madre, de 92 años, con la cabeza mejor que yo, sólo para que no se levantara de la cama, porque quería ir a hacer pis. 'Por su seguridad'. Si es una persona que está atada y no tiene capacidad de razonamiento, tampoco encuentra explicación a por qué no se puede tocar su cuerpo, levantarse de la silla... Eso le genera un nivel de ansiedad y frustración tan enorme que, poco a poco, claudica. Se da por vencida y se deja morir", explica sin dramatismo alguno, pero con mucha rabia contenida, Pérez Cano a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Lo ocurrido en las residencias de ancianos con la llegada de la pandemia de covid-19 ha permitido poner el foco en estos centros y sacar a la luz pública las circunstancias que rodean el día a día de los residentes, que afectan en muchos casos a su calidad de vida y a su dignidad. Esta es la razón por la que la exfiscal general del Estado María José Segarra, hoy fiscal jefa de Discapacidad y Mayores, considera que era el momento propicio para impulsar la actuación de su departamento en un asunto como es la contención física y farmacológica de las personas que viven en estos centros.

Su actuación se ha concretado en una Instrucción, firmada el pasado 19 de enero por la actual fiscal general, Dolores Delgado, que entre otras medidas, insta a los fiscales a comprobar que las sujeciones sean algo provisional y estén sujetas a prescripción facultativa, con el fin de evitar abusos. También se advierte en el documento de que una "utilización desviada" de estos elementos puede conllevar sanciones administrativas e incluso penales.

Segarra y la también fiscal de mayores Avelina Alía, que ha colaborado en la redacción de esta Instrucción, consideran que era necesario impulsar unas actuaciones en las que la Fiscalía está implicada desde 1990, cuando se dictaron las primeras medidas respecto a este asunto. El objetivo, según señala la fiscal jefe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, era lograr que las medidas de contención en residencias se apliquen "con bisturí" y únicamente cuando esté indicado, teniendo además en cuenta que el uso de correas u otro tipo de sujeción con finalidad de castigo están proscrito.

"No somos inspectores"

"No somos inspectores de residencias", explica Segarra, que señala que ello sería imposible teniendo una plantilla total de 2.500 fiscales en España frente a unos 9.000 centros de mayores, a los que habría que añadir las unidades psiquiátricas donde también se aplican sujeciones. Lo que realizan los fiscales, dentro de lo que se denomina su "función tuitiva" (de protección y tutela), son visitas a los centros que les permiten evaluar la situación de los residentes.

Se trata, según la fiscal jefe, de salvaguardar la dignidad de los mayores como presupuesto "para el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de todos los derechos y libertades que les son constitucionalmente reconocidos". Se aprovecha además la buena coordinación que se ha establecido con los servicios de inspección autonómicos a raíz de la pandemia, para introducir el uso de las contenciones como un punto más a tener siempre en cuenta.

Por otro lado, la Fiscalía busca una mayor implicación y 'cambio de mentalidad' tanto del personal de las residencias como de las familias, para caminar hacia un objetivo de 'sujeciones cero' como el que ya se aplica en centros como El Pino en Las Palmas de Gran Canaria.

La Instrucción incluye las pautas a seguir, que parten de que nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa, "salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros." De aplicarse, debe ser acordada por el profesional responsable conforme al protocolo correspondiente, que no es el mismo en todas las comunidades autónomas.

En principio, las medidas de contención deberían contar con el consentimiento informado del residente, no siendo válidos los genéricos ni los diferidos en el tiempo. Además, deben establecerse pautas de vigilancia permanente de esa medida a fin de determinar su continuidad.

Petición de listados

Conforme a estas reglas, los fiscales exigirán a las residencias la remisión periódica del listado de contenciones aplicadas, tipo de sujeción utilizada, prescripción médica, duración, controles realizados, consentimientos informados exigidos y copia del protocolo de adopción de sujeciones mecánicas.

La Instrucción se inspira en los textos legales, éticos, protocolos sanitarios y recomendaciones internacionales y nacionales, particularmente en la Convención de Nueva York de Naciones Unidas.

Además, los fiscales oficiarán a los servicios de inspección competentes a fin de que les informen sobre aquellos en los que hayan detectado el uso de sujeciones sin adecuarse a los protocolos. Si se ven incumplimientos, deberán solicitar medidas ante el juez por medio del denominado "expediente de jurisdicción voluntaria". Ante la constatación de un "uso desviado" de los medios de contención, se informará a la Administración -que puede imponer sanciones- e incluso llegar a abrir diligencias de investigación con efectos penales.

Un sanitario realiza un test rápido en un centro sociosanitario.

/ David Zorrakino/EP

La Instrucción se inspira en los textos legales, éticos, protocolos sanitarios y recomendaciones internacionales y nacionales, particularmente en la Convención de Nueva York de Naciones Unidas, y ha ido acompañada de la reedición del manual de buenas prácticas en la protección a las personas con discapacidad que fue elaborado en colaboración con la Fundación Aequitas.

Un nuevo enfoque en el cuidado

El doctor Antonio Burgueño es una de las personas que más ha peleado porque España deje de encabezar el deshonroso ranking de ser uno de los países que más abusan de las sujeciones mecánicas a las personas con demencia en los centros sociosanitarios. Es el director técnico del programa 'Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer', de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que nació en 2004.

Casi dos décadas en las que se ha conseguido voltear las estadísticas, y, lo más importante, iniciar una revolución en los cuidados que se prestan en las residencias. En 2003 nuestro país se encontraba al final del ranking de la lista de Europa en la eliminación del uso de las sujeciones y ahora, son miles de profesionales formados que prescinden del uso de esas medidas de contención. Gracias al programa ‘Desatar’, los trabajadores y las familias han cambiado su percepción.

Imagen de una residencia durante la pandemia,

/ EPE

Durante estos años, según datos de la entidad este diario, se han acreditado como ‘Centros Libres de Sujeciones’ a más de 120 residencias en los que no se utiliza ningún tipo de sujeción física. Porque les hace un daño que va mucho más allá del físico. No existe un censo, ya que no existe un sistema de información transparente en el sector, pero Antonio Burgueño considera que la prevalencia de mayores a los que se ata a diario es cercana al 20%.

En España, con datos de un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de hace un año, el número de centros residenciales es de 5.567, lo que se traduce en 384.251 plazas, entre privadas y públicas. Con los cálculos que realiza el doctor Burgueño, en torno a 75.000 mayores serían sometidos a diario en España a sujeciones.

El doctor Burgueño lleva años explicando las nefastas consecuencias que implican esas contenciones físicas. En lo físico, relata úlceras por presión, atrofia muscular, retracciones musculares o articulares...Pero también, se refiere a riesgos de problemas de conducta. Cuando los responsables de su programa cuestionan a los centros por qué utilizan las ataduras uno de los principales motivos esgrimidos es el temor a denuncias por parte de los familiares de residentes con riesgo de caídas.

Una filosofía en los cuidados

Cuenta desde Sevilla a este diario Vicente Pérez Cano, el director de la Confederación Estatal De Mayores Activos (CONFEMAC) -de joven cuidador en un centro sociosanitario y que, con el tiempo, llegó a poner en marcha hasta doce residencias de mayores en Andalucía-, que su conversión fue, precisamente, tras conocer la filosofía que impulsaban Burgueño y otros profesionales que llevan años batallando para buscar alternativas físicas a las contenciones físicas y, también, las farmacológicas. Un cambio que ha ido calando en la sociedad, pero no lo suficiente.

"Es que me rebelo. 'Se me abre la navaja en el bolsillo', como decía mi madre. Si a una persona le quitas las ataduras, con un protocolo, claro, no se puede hacer sin más, no se lo cree. El efecto positivo es inmediato: va cogiendo confianza para decir: 'Me levanto de nuevo'. Eso implica más contacto social, fortalecimiento muscular, vuelve a renacer...".Pérez Cano habla de dignidad. De no discriminación por motivos de edad. De eso llamado "edadismo" como utilizar un lenguaje paternalista para tratar a los mayores como a niños.

Las sujeciones físicas atentan en ocasiones "provocan resultados fatales" advierten las asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias.

Hace apenas unos días, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) denunciaba nuevamente el uso de sujeciones en residencias (y en otros centros) de personas mayores. Además de poder vulnerar los derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a la integridad física y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, esta práctica "atenta contra la dignidad de las personas y, en ocasiones, provocan resultados fatales", subrayaban desde la entidad.

Un hijo abraza a su madre en una residencia de Valencia en la primera ola.

/ Biel Aliño

CEAFA aludía a un terrible caso: el fallecimiento, en verano, por asfixia de una mujer que murió ahorcada con sus correas de sujeción en una residencia de mayores en Villa del Prado, un municipio madrileño. "Un acto reprobable en el siglo XXI", critican desde la entidad que considera necesario priorizar, invertir y trabajar en la formación y concienciación de los profesionales y de las propias familias

Las sujeciones químicas

La Confederación apunta a esos programas enfocados a la eliminación de sujeciones físicas y químicas. En su caso, participan, como acreditador externo, 'Cuidados de demencias sin sujeciones', de la Fundación María Wolff. Desde esta asociación, Rubén Muñiz, su director, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que existen alternativas. También en el caso de las sujeciones químicas. De hecho, volviendo a las sujeciones físicas, habla de un cambio notable desde finales de los 90: "Los datos son muy positivos. En España, en el 97, se ataba a diario a 40 de cada cien ancianos y ahora, hablamos de una prevalencia media (a nivel nacional) de en torno al 20%", señala.

"Hay una tendencia por parte de profesionales y familias para que seden excesivamente a los mayores. Es inaceptable", critican desde la Fundación Maria Wolff.

El abuso en la administración de pastillas en personas mayores, para que estén más controlados, conlleva efectos adversos que van desde el empeoramiento de la memoria hasta alteraciones musculares, caídas o muerte por parada cardiaca. Muñiz aclara que, así como en el caso de las sujeciones físicas es más fácil detectar los abusos, en el de las químicas se torna mucho más complejo.

"No hay cifras exactas porque, además, muchos centros no quieren dar esos datos", denuncian desde una Fundación.

"No hay cifras exactas porque, además, muchos centros no quieren dar esos datos", aclara. Además, añade que la población confunde "psicofármacos con sujeción química y no es así". Algunos psicofármacos, explica, son necesarios. El problema es que muchos están prescritos de forma dudosa. "Hay una tendencia por parte de los profesionales y las familias para que seden excesivamente a los mayores. Es inaceptable y los estudios lo demuestran una y otra vez", afirma.

Alude a un estudio piloto que han realizado con el grupo de servicios sociosanitarios Albertia y publicado en la revista ‘Journal of Alzheimer’s Disease-Reports’ sobre eliminación de sujeciones químicas en residencias de mayores utilizando un algoritmo que regula el uso de psicofármacos y que determina cuándo y cómo deben utilizarse, lo que permite un uso racional y restringido, adaptado a las necesidades de cada persona. El estudio, denominado ‘Criterios CHROME permite al médico de atención primaria o al de residencias, una revisión ágil de las pastillas y retirar aquellas prescripciones innecesarias o acertar con el fármaco adecuado si hiciera falta.

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