TRIBUNALES

La Justicia condena a la Fiscalía en costas y cierra el contencioso por la investigación a Stampa

Archiva por "satisfacción extraprocesal" la demanda que el exfiscal del 'caso Villarejo' presentó contra el departamento dirigido por Dolores Delgado, por denegarle el acceso a su expediente tras una denuncia de revelación de secretos. 

El fiscal Ignacio Stampa.

El fiscal Ignacio Stampa.

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Nuevo capítulo en la polémica por la destitución del que fuera fiscal del 'caso Villarejo' Ignacio Stampa. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha dado por terminado el litigio que este funcionario presentó contra la decisión de la Fiscalía General de denegarle el acceso al expediente completo de la investigación que se siguió en su contra por una supuesta revelación de secretos a abogados de Podemos, que acabó archivándose hace un año.

El fiscal, que ahora presta servicio en los juzgados madrileños, presentó una demanda para que el tribunal superior declarara si tenía derecho o no a acceder a las comunicaciones internas que la Fiscalía mantuvo durante el procedimiento que se siguió en su contra por un presunto delito de revelación de secretos. 

Estas comunicaciones, parte de cuyo contenido se ha hecho público esta semana, han reabierto la polémica que se arrastra desde la salida de Stampa del caso en octubre de 2020, al no obtener ninguna de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que entonces se ofertaban. El asunto derivó en un controvertido Consejo Fiscal el pasado mes de noviembre en el que tanto el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón tuvieron que dar explicaciones sobre esta decisión y la investigación interna abierta al fiscal Stampa que no logró cerrar el asunto. De hecho, desde la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) se solicita la destitución de Delgado por su gestión de todo el caso.

En su resolución, de fecha del pasado 7 de marzo y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la Sección Séptima de lo Contencioso de este tribunal declara terminado el presente procedimiento "por satisfacción extraprocesal" -Stampa logró los documentos finalmente el pasado mes de diciembre-- por lo que decreta el archivo y la devolución a la Administración del expediente administrativo.

CONDENA A LA FISCALÍA

El punto importante viene a continuación, ya que la Sala integrada por los magistrados Maria Jesús Muriel, Ignacio del Riego, Santiago de Andrés y Manuel Ponte añaden la "expresa condena en las costas del presente incidente a la Administración demandada", es decir a la Fiscalía, "hasta un máximo de 1000 euros, más IVA si procediere, por todos los conceptos comprendidos en ellas". Ello supone atribuir cierta responsabilidad a la Administración aunque no se haya podido fallar a favor del reclamante, según fuentes jurídicas consultadas.

Así lo apunta la Sala en su auto, en el que recuerda que "habida cuenta de la inicial resolución denegatoria expresa de la Administración, que ha obligado al recurrente a acudir a la vía judicial para satisfacer sus pretensiones, con posterior reconocimiento de las mismas, ya avanzado el procedimiento mediante un acto en sentido contrario", la Fiscalía debe responder con el pago de las costas procesales.  

Según consta en la resolución, el pasado 9 de diciembre García dictó un acuerdo por el que entregaba a Stampa el "contenido íntegro de los expedientes gubernativos" que le habían sido antes denegados "atendiendo a las singularidades del caso y los hechos posteriores acaecidos a la previa denegación". 

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER INTERNO

En el documento el fiscal jefe de la Secretaría Técnica añadía, en todo caso, que la citada documentación es "de carácter interno y reservada de las comunicaciones derivadas de la dación de cuentas del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y no puede trascender a terceros".

La resolución se conoce en medio de la última bronca por este asunto, tras conocerse una comunicación directa a Delgado del fiscal superior de Madrid de diciembre de 2021, cuando la investigación interna a Stampa estaba aún abierta, lo que vendría a contradecir las explicaciones oficiales que señalaban que la fiscal general -cuya pareja, Baltasar Garzón, dirige un despacho de abogados que defiende a imputados en la causa de Villarejo- siempre se había mantenido ajena a este asunto. 

En respuesta a estas acusaciones, desde Fiscalía General se ha explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el Estatuto Fiscal obligaba a mantener a Delgado informada de este asunto, lo que era del conocimiento general y no quiere decir que la fiscal general tuviera intervención alguna.  

Tras hacerse pública la demanda, el caso de Stampa llegó al Consejo Fiscal del pasado mes de noviembre, y la Asociación de Fiscales (AF) --que también mantiene una demanda propia ante el TSJ por el mismo asunto, aún sin resolver, instó a la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a que le permitiera acceder al expediente, lo que se les denegó por ser "materia reservada".

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