El caso Stampa vuelve al Consejo Fiscal de mano de la propia Delgado

El Consejo Fiscal del próximo 24 de noviembre discutirá de nuevo sobre la decisión que se adoptó hace ya más de un año de no nombrar a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que investigaba el 'caso Villarejo', para una plaza fija en Anticorrupción, lo que supuso su salida de la causa. El asunto lo ha incluido en el orden del día la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, según fuentes del Ministerio Público consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La decisión la adoptó Delgado a principios de esta semana, según las mismas fuentes, ante lo que considera gravísimas imputaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en torno a las decisiones adoptadas hace un año por la Secretaría Técnica a cargo de Álvaro García. Las informaciones cuestionan su actuación en las diligencias abiertas contra Stampa, que había sido denunciado por Vox por un supuesto trato de favor a los abogados de Podemos personados en la causa contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Los vocales progresistas del Consejo Fiscal niegan irregularidades en la destitución de Ignacio Stampa

Las indagaciones en la Fiscalía de Madrid se terminaron archivando este pasado mes de febrero, si bien el fiscal Stampa ha denunciado -en un escrito en el que pide al Ministerio de Justicia ser reparado económicamente-, que se ha visto perjudicado porque el instructor de las diligencias no encontró tacha en su actuación y de hecho pretendía cerrar el asunto meses antes de que se celebrara el Consejo Fiscal que motivó su destitución. 

Según la cronología que apunta Stampa en su reclamación, el cierre de la investigación fue frenado desde la Secretaría General Técnica, que hasta en dos ocasiones reclamó nuevas diligencias al fiscal superior de la Comunidad de Madrid, consiguiendo así mantener vivo el asunto. Esta información, según añade, fue hurtada al Consejo Fiscal, que tuvo que decidir sobre su caso sin saber que existía dicha propuesta de archivo de las actuaciones.

Correo electrónico a los miembros del Consejo

Sobre el regreso de este asunto al Consejo Fiscal, Delgado contactó personalmente a primera hora de la tarde de este lunes los vocales del Consejo Fiscal de mayor antigüedad de cada una de las asociaciones representadas en este órgano consultivo, que son Aurelio Blanco (de la Unión Progresista de Fiscales) y Concepción Talón (de la mayoritaria Asociación de Fiscales) a fin de compartir con ellos su "preocupación institucional" ante las informaciones periodísticas. 

Les anunciaba, y después se lo repitió este martes al resto de miembros del Consejo por correo electrónico, que el asunto se llevaría a la próxima reunión del Consejo Fiscal del 24 de noviembre al objeto de recabar detallada información sobre esta cuestión, según las mismas fuentes. El Consejo Fiscal es un órgano consultivo, cuyas decisiones pueden ser tenidas o no en cuenta por la fiscal general.

Ninguno de los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) votó por renovar a Stampa en el Consejo Fiscal de octubre de 2020, que fue el que motivó su salida del caso, pese a ser miembro de esta asociación. Un año después, la asociación reclama explicaciones a la fiscal general por las "supuestas maniobras" de la Fiscalía General que recogen "recientes informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación". 

Deber de abstención

En este documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, acusa a Delgado de desconocer intencionadamente el Estatuto Orgánico de la carrera fiscal y el reglamento que lo desarrolla "cuyas disposiciones han sido obviadas de manera sistemática en materias tan relevantes como las relativas al deber de abstención, a la obligada convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala a fin de tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten a miembros del Gobierno, o al valor vinculante de las órdenes, instrucciones o circulares que en modo alguno pueden ser derogadas por una nota interior", añaden.

Por su parte, los vocales del Consejo Fiscal elegidos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) aseguraron este domingo en otro comunicado que para la decisión de no otorgar una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Stampa "no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas". 

Ya la semana pasada otra asociación, la minoritaria Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), había presentado una batería de cuestiones que deseaban "someter a la consideración" del Consejo Fiscal, en el que carecen de representación, todas ellas relativas a la destitución de Stampa.

El despacho de Garzón

Su portavoz, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, incluía entre las preguntas a Delgado si ésta sabía en octubre de 2020, cuando se denegó a Stampa el apoyo necesario para ocupar una de las plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, que el despacho del exjuez Baltasar Garzón --pareja de Delgado-- ejercía la defensa de varios investigados en el 'caso Villarejo'.

En este punto incide también la demanda de Stampa, que en el escrito remitido a Justicia, adelantado por el El Confidencial, apunta la concurrencia en Delgado de "un interés personal y directo" en el caso Tándem que le hubiera debido llevar a abstenerse de participar en la deliberación, votación y propuesta de las plazas a cubrir.

Para sostener esa afirmación, el fiscal señala varios elementos como la participación de Delgado durante su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional en el procedimiento de extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, cuya decisión de contratar a Villarejo para que frenara esa entrega se investiga en la pieza 'Pit' de la macrocausa. En esa misma pieza existirían en aquel momento indicios de la participación como abogado de Garzón, apunta.

Delgado en el Senado

Se da la circunstancia de que el próximo jueves, día 18, Delgado comparecerá en la Comisión de Justicia del Senado, donde una pregunta del PP puede volver a traer todo este asunto a la palestra. 

Se inquiere sobre la situación en la que se vio la Fiscalía tras las declaraciones en diversos medios de comunicación en octubre del pasado año del ya exteniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que en dos entrevistas se refirió a Stampa en duros términos por la relación con la abogada de Podemos Marta Flor que revelaban unos mensajes telefónicos.

En concreto, dijo que su actuación al respecto fue "escandalosa" y debería haber sido apartado, manifestaciones por las que unas semanas después pidió perdón, tras reconocer que las realizó sin hacer las comprobaciones a las que por su cargo estaba obligado.