Nuevo frente contra Delgado en la Audiencia Nacional por paralizar la Comisión Ética de la Fiscalía

La Comisión Ética Fiscal, que debería ser la encargada de interpretar si los integrantes del Ministerio Público cumplen con el código deontológico que les es propio, ha motivado un nuevo frente judicial contra la fiscal general del Estado incluso antes de nacer. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha llevado a la Audiencia Nacional la decisión de Dolores Delgado de suspender 'sine die' la constitución de este órgano, cuyas seis plazas habían copado los miembros de este colectivo.

El recurso se interpone ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, contra un decreto dictado por la fiscal general del estado el pasado 7 de febrero. Según la AF, La suspensión no ha sido comunicada y se ha acordado después de que solicitaran que se cumpliesen los plazos para la convocatoria, cuando ya se habían superado.

"A nuestro juicio, la Fiscal General no puede acordar la suspensión de la constitución de la Comisión, puesto que es un trámite legal debido tras la convocatoria de las elecciones", señalan desde la asociación de corte conservador. Delgado lo fundamenta en la convocatoria de un proceso de selección del séptimo integrante de la Comisión -- que sea experto en filosofía del derecho o filosofía moral, y ajeno a la Fiscalía-- cuando la elección le corresponde a la propia Comisión.

También señalan a otro punto del decreto en el que Delgado dice que contra su decisión no cabe recurso alguno, al tratarse de un acto de mero trámite. "Resulta esclarecedora esta mencion en cuanto al concepto que tiene la fiscal general sobre la constitución de la Comisión de Ética y las funciones que está llamada a cumplir, que en absoluto compartimos", añaden desde la Asociación de Fiscales.

Se trata de un tercer contencioso abierto por la asociación de corte conservador contra la fiscal general, que tiene pendiente conocer la decisión que adopte el próximo 5 de abril el Tribunal Supremo en relación con uno de sus nombramientos, el del fiscal jefe de Menores realizado ya hace un año con una motivación que se cuestiona por alejarse de criterios de mérito y capacidad. 

También fueron contra Delgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) a cuenta del 'caso Stampa', a lo que ha seguido una nueva petición de cese que ha tenido que ser contestada por la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, que tuvo que explicar en sede parlamentaria que "los gobiernos cuando nombran a la fiscal general del Estado luego no pueden cesarla".

FALTA DE ÉTICA EN LA COMISIÓN DE ÉTICA

El nacimiento de este órgano, que tiene por objeto la interpretación del código deontológico que deben cumplir los fiscales y el estudio de casos concretos, arrancó con sospechas de ausencia precisamente de ética, tras conocerse que todas las plazas han sido ocupadas por miembros de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) tras una campaña en la que el resto de organizaciones no han podido apenas participar, según denunciaron.

La propia Junta Electoral creada para monitorizar el proceso que elección de los seis miembros de este órgano, presidido por el fiscal Francisco Moreno, tuvo que abrir un expediente informativo a raíz de una denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que acusa a la conservadora AF de "irregularidades" durante la campaña a las elecciones para crear este órgano celebradas entre los pasados 13 y 16 de diciembre.

Según el reglamento de la propia Comisión de Ética, se decidió que no se permitía a las asociaciones presentar ningún tipo de candidatura. Por ello, y en su escrito a la Junta Electoral, la portavoz de UPF Inés Herreros hacía referencia al envío de correos electrónicos a sus asociados tanto por parte de la Asociación de Fiscales (AF) por parte de una de las candidatas, Marta Valcarce.

UPF considera que la campaña activa que realizó la asociación mayoritaria entre sus asociados puso en clara desventaja al resto de candidaturas personales, limitando así sus posibilidades de llegar al resto de compañeros más allá de sus contactos personales, y rompiéndose claramente el principio de igualdad. No obstante, la Junta concluyó el pasado 4 de marzo que estos correos no vulneraron la bases de la convocatoria.

 En una carta remitida en su día a Moreno, el fiscal Salvador Viada, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denunció también los correos. Consultado este miércoles sobre la decisión de la AF de acudir a los tribunales, Viada señala a este diario que la suspension de la constitucion del Comité de Etica, sin notificacion oficial, es sorprendente y exige una explicación. "La fiscal general sacó pecho con la creacion del Comite, despues de tener a las asociaciones trabajando muchos meses, pero parece que se ha arrepentido", añade.

Por su parte, la UPF lamenta "profundamente" la utilizacion que la AF está hacidendo de la Comisión Ética, cuyo nacimiento quedaba al margen de la actividad asociativa. A juicio de Herreros la asociación mayoritaria utiliza la justicia con la única intención de socavar a la Fiscalía General del Estado y al propio Consejo Fiscal.

Ponen como ejemplo el caso del fiscal de Menores, Eduardo Esteban, cuyo nombramiento fue impugnado ante el Supremo por carecer de especialización en esa materia cuando en el Consejo Fiscal del pasado 24 de marzo los vocales de la AF votaron a su candidato José Miguel de la Rosa para un puesto, el de Extranjería, sin ser experto en esta materia.

SIMILAR A LA DEL CGPJ

En cuanto a sus funciones, la Comisión de Ética Fiscal tiene por objeto la interpretación del Código Ético del Ministerio Fiscal, a través de la emisión de dictámenes e informes, de forma similar al órgano que ya existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que realiza análisis sobre la actuación de los jueces respecto a los medios de comunicación, asistencia a eventos públicos etc. 

Puede además, de forma excepcional, elaborar informes sobre asuntos o cuestiones resulten de interés general y estén relacionados con el comportamiento ético que, con arreglo a los principios de ética fiscal, se espera de los y las fiscales.