El Supremo analizará la política de nombramientos de Delgado después de que haya realizado nuevas designaciones clave

El Tribunal Supremo ya tiene nueva fecha para revisar la política de nombramientos de Dolores Delgado, un asunto que, de fallarse en contra de la fiscal general, se sumará a la polémica contra su gestión que ha vivido un nuevo capítulo esta última semana a cuenta del 'caso Stampa' y le ha valido de nueva petición de cese por parte de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).

Fuentes del alto tribunal han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que será el próximo 5 de abril cuando se deliberen los recursos que en principio iban a verse el pasado día 15 contra la elección de Eduardo Esteban como fiscal de sala delegado de Menores, realizada hace ya un año. La decisión, por tanto, se producirá unos días después de que esta próxima semana el Consejo Fiscal apruebe una batería de nuevos nombramientos clave, entre los que está el de fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Ese día se deliberarán dos recursos sobre el mismo tema, que se fallarán de forma independiente tras descartarse su acumulación. Por un lado, el presentado por la propia AF, del que será ponente la magistrada Pilar Teso; y por el otro, el instado de modo particular por uno de los aspirantes a la plaza, el fiscal José Miguel de la Rosa, con ponencia de José Luis Requero.  En ambos casos se recurre la discriminación de De la Rosa en favor del candidato de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

La AF cuestiona que Delgado, desde su nombramiento, opte en la mayoría de las ocasiones para las jefaturas por miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ella perteneció antes de ser nombrada ministra. Reclaman que estas designaciones se atengan a principios de mérito y capacidad.

HAY "EQUILIBRIO"

En el caso de la designación de Esteban, a asociación de corte conservador ldecidió dar un paso adelante y recurrir su nombramiento ante el Supremo por considerarlo "arbitrario". Este extremo es negado desde la Fiscalía General que, defiende el equilibrio en las designaciones realizadas por su actual titular desde que accedió al cargo.

Delgado propuso a Esteban, que hasta entonces había ejercido como fiscal del Tribunal Constitucional (TC) y fue responsable de la Fiscalía de Madrid, tras el Consejo Fiscal celebrado en marzo de 2021. Se valoró como "mérito indiscutible" la "capacidad de gestión" que demostró en su puesto en Madrid, "la fiscalía territorial más numerosa y compleja de todo el territorio nacional", y mencionó también su "talante y disposición para generar sinergias positivas".

Según la AF el más adecuado hubiera sido De la Rosa, fiscal experto en menores que está adscrito a la Fiscalía del Supremo. En ese momento manifestó que no entendía que pudiendo nombrar a "uno de los máximos especialistas en menores" se hubiera optado por otro candidato.

CONSEJO FISCAL ESTA SEMANA

En todo caso, lo que diga el Supremo al respecto -los ponentes de las sentencias representan sensibilidades diferentes dentro del tribunal- se sabrá cuando ya hayan pasado varios días de los últimos nombramientos en la cúpula fiscal, cuyos titulares agotan en 2022 sus cinco años de mandato. Las designaciones, sobre las que Delgado tiene en todo caso la última palabra, se verán en el Consejo Fiscal fijado para los próximos 23 y 24 de marzo, que los ha incluido en su punto quinto del orden del día según ha consultado por este diario.

Se discutirán, entre otras, las plazas de fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente e Incendios Forestales y también las jefaturas en las fiscalías especiales de Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional, Audiencia Nacional y Antidroga. En julio le tocará el turno fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que ocupa Alejandro Luzón.

Una de las jefaturas más relevantes es la de la Audiencia Nacional, que se disputan el actual jefe, Jesús Alonso, y los fiscales también adscritos a este órgano Vicente González Mota y José Perals y Joaquín González- Herrero. Se trata de uno de los puestos de mayor relieve en la Carrera por dirigir asuntos de calado como los relacionados con el terrorismo, los grandes casos de corrupción y las extradiciones.

POLÉMICA STAMPA

Todo ello coincide en el tiempo con el estallido de una nueva polémica en torno a la fiscal general a cuenta de la destitución del que fuera fiscal del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid haya dado por terminado el litigio que este funcionario presentó contra la decisión de la Fiscalía General de denegarle el acceso al expediente completo de la investigación que se siguió en su contra por una supuesta revelación de secretos a abogados de Podemos, que acabó archivándose hace un año.

Estas comunicaciones reabrieron la polémica que se arrastra desde la salida de Stampa del caso en octubre de 2020, al no obtener ninguna de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que entonces se ofertaban. El asunto derivó en un controvertido Consejo Fiscal el pasado mes de noviembre, en el que tanto el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvieron que dar explicaciones sobre esta decisión y la investigación interna abierta al fiscal Stampa que no lograron cerrar el asunto. 

ACLARACIÓN DE LLOP

De hecho, desde la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) se solicita la destitución de Delgado por su gestión de todo el caso. Esta petición ha sido contestada por la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, que el pasado miercoles explicó que "los gobiernos cuando nombran a la fiscal general del Estado luego no pueden cesarla", informó Europa Press.

Estas palabras responden a la última bronca política por este asunto, tras conocerse una comunicación directa a Delgado del fiscal superior de Madrid de diciembre de 2021, cuando la investigación interna a Stampa estaba aún abierta, que vendría a contradecir las explicaciones oficiales que señalaban que la fiscal general -cuya pareja, Baltasar Garzón, dirige un despacho de abogados que defiende a imputados en la causa de Villarejo- siempre se había mantenido ajena a este asunto.