JUSTICIA

Asociaciones de fiscales piden a Dolores Delgado que se aparte de las denuncias de la guerra del PP

Los colectivos quieren que Anticorrupción despache sobre sus avances con la número dos de la carrera fiscal

Asociaciones de fiscales piden a Dolores Delgado que se aparte de las denuncias de la guerra del PP
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La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no interviene directamente en ningún asunto, pero eso no quita para que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la del Tribunal Supremo estén obligadas a darle cuenta de sus asuntos de trascendencia. Para evitar que haya cualquier duda sobre la actuación del ministerio fiscal tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales como la minoritaria Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) han coincidido en reclamarle que se abstenga de tener cualquier participación en las denuncias que se han presentado en relación con la guerra que se vive en el seno del PP.

La petición de las asociaciones fiscales -de la que se ha descolgado al Unión Progresista de Fiscales, de la que Delgado formó parte- pretende que esa dación de cuentas a la que obliga el Estatuto Fiscal en asuntos de especial relevancia se realice ante la número dos de la carrera fiscal, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, para preservar la apariencia de imparcialidad de la carrera fiscal.

La petición de la Apif se justifica en la proliferación de las denuncias presentadas por la oposición madrileña para que se investigue los contratos firmados con la Comunidad de Madrid de los que cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su comunicado la asociación señala que "todos recordamos el entusiasmo con el que" la fiscal general "defendía hace poco más de un año las posiciones políticas del PSOE y el encono con el cual denostaba a la oposición", en referencia a su etapa como ministra de Justicia, de la que pasó directamente a situarse al frente del ministerio público.

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"A fin de no perjudicar el prestigio de la institución, en todas las causas penales que de manera directa o indirecta puedan suponer un perjuicio o beneficio al PSOE", la fiscal general debería delegar cualquier actuación en Sánchez Conde, que no está "contaminada por razones políticas", señala la Apif. 

Su deber de abstención "deriva de que la apariencia de imparcialidad de la fiscal general, cualidad necesaria para tan alto cargo, está comprometida por su actuación anterior y singularmente por su condición de ministra de Justicia en fechas inmediatamente anteriores a su nombramiento", insiste en línea con lo mantenido en Twitter por la Asociación de Fiscales, que reclama la aplicación del artículo 351 de la ley orgánica del poder judicial, en todos los casos en que se denuncian a políticos de uno u otro signo.