La Fiscalía europea discrepa de la doble investigación del caso Ayuso

La decisión de la Fiscalía española de refrendar las diligencias abiertas por Anticorrupción en relación con el contrato de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas del cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha gustado a la Europea. En un comunicado señala que no se ajusta al derecho de la Unión Europea y que constituye "un desafío a su supremacía".

La Fiscalía Europea dice que "ha tomado nota" de la decisión que el pasado lunes adoptó el ministerio público español, a través de su máximo representante, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras escuchar a la cúpula de la carrera y que no la comparte, por lo que "continuará su investigación", extremo con el que ya se contaba en Madrid, consciente de que su resolución no afecta a la institución europea.

En su nota la Fiscalía Europea lamenta que la española desoyera su propuesta de que el conflicto de competencias fuera resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que entiende "constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE". En el decreto de la Fiscalía General recuerda que la ley fija que los conflictos sean resueltos por la cúpula nacional, como en este caso habría hecho, aunque para la europea sea "parcial en el procedimiento en curso".

En la Audiencia Nacional

La Fiscalía Europea, de reciente creación (en junio del año pasado) denuncia que la decisión de Delgado se produjo sin escuchar a las dos partes en conflicto, ya que al refrendar la tesis del fiscal jefe Anticorrupción español, Alejandro Luzón, no tuvo en cuenta sus argumentos, lo que supone dos investigaciones paralelas.

De hecho, paradójicamente, la de la Fiscalía Europea, en la que, a diferencia del sistema judicial español, los fiscales se encargan de instruir, ya está en la Audiencia Nacional. El juez Alejandro Abascal será el encargado de velar por las garantías del procedimiento, mientras la fiscal Concepción Sabadell, que ejerció la acusación pública en el caso Gürtel y ahora es la representante española en la Fiscalía Europea, ya está practicando diligencias penales.

En cambio, la de Anticorrupción se trata aún de diligencias preprocesales encaminadas a determinar si aprecia indicios de delito suficientes para interponer la correspondiente querella ante el juzgado correspondiente o del Tribunal Supremo, en el caso de que se apreciaran contra la propia Isabel Díaz Ayuso.

Intereses nacionales

En el decreto por el que se refrendaron las pesquisas españolas, al afectar a "intereses nacionales", se apuntaba la comisión de los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental y se negaban al menos a priori los de malversación, fraude a la Hacienda europea y cohecho. El decreto por el que la Fiscalía Europea abrió sus diligencias era por delitos de malversación de fondos europeos y cohecho.

Así trataba de negar que la Fiscalía con sede en Luxemburgo, por ser la competente preferentemente para investigar los delitos relacionados con posibles fraude a los fondos europeos, tuviera que asumir todas las diligencias, lo que suele ser práctica habitual para evitar duplicidades y resoluciones contradictorias.

La fiscalía española aseguró que colaborará en todo momento con la europea. Anticorrupción abrió sus diligencias el 22 de febrero tras recibir la denuncia de la oposición madrileña por el contrato de 1,5 millones de euros para la compra en China de mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a la empresa Priviet Sportive de la que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.850 euros.