BRONCA EN LA ASAMBLEA DE MADRID

Los contratos de la polémica: ¿quién es el hermano de Ayuso?

  • Las adjudicaciones a la empresa en la que trabaja el hermano de Isabel Díaz Ayuso están en el origen de la bronca política que ha provocado el plantón de la oposición en el Pleno de la Asamblea.

  • El PSOE solicita la dimisión de la presidenta de la Cámara o registrará una petición de reprobación.

Isabel Díaz Ayuso, junto a miembros de su gobierno en la Asamblea de Madrid,

Isabel Díaz Ayuso, junto a miembros de su gobierno en la Asamblea de Madrid, / EFE

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La bronca política que provocó este jueves el plantón de todos los partidos de la oposición en el Pleno extraordinario sobre contratación celebrado en la Asamblea tuvo que ver con la actitud que tomó la presidenta de la Cámara autonómica, María Eugenia Carballedo. Pero en el origen de la polémica hay otro protagonista: el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso.

¿Por qué? Porque la oposición sospecha que puede haber irregularidades en las adjudicaciones concedidas a la empresa en la que trabaja actualmente, Artesolar Iluminación S.L., especializada en la fabricación e instalación de lámparas LED. El hermano de Ayuso lleva trabajando en esta compañía que tiene ubicada su sede en Seseña (Toledo) desde 2016 como "project manager manager", algo así como el responsable de ventas o del desarrollo de negocio de la empresa. Su nombre irrumpió ayer en el Pleno de la Asamblea de boca de la diputada del PSOE Carmen López, pero no era la primera vez.

Contratos de 70.000 euros

Fue el grupo parlamentario de Unidas Podemos el que puso el foco sobre él la legislatura pasada. El partido morado solicitó a la Cámara a través de dos peticiones de información (un mecanismo similar al del portal de transparencia que existe en la Asamblea para los diputados) sobre diez contratos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en concreto la Consejería de Sanidad, había firmado con Artesolar Iluminación entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. La suma total de estos diez contratos, según fuentes del partido, asciende a 70.503 euros.

Todas las adjudicaciones se realizaron a través de contratos menores, que se conceden en la Administración por importes inferiores a 15.000 euros y para las cuales no es necesario un concurso público, es suficiente con que se soliciten tres ofertas a tres compañías diferentes y, bajo unos determinados criterios, se elige a la adjudicataria que solo debe presentar la factura final.

¿Están estos contratos en los tribunales? ¿Se conoce alguna reunión del hermano con responsables de la Comunidad previa a la adjudicación de los contratos? ¿Alguien los ha denunciado? No. Cuando Unidas Podemos registró esta solicitud, apuntan en el partido, la Mesa de la Asamblea respondió que los contratos podían consultarse en la plataforma de contratación habilitada en la página web de la Comunidad y, por tanto, evitó facilitarlos. Sin embargo, siempre según la versión de la formación morada, estos contratos no se encuentran en la plataforma. Así, los partidos consultados reconocen que sospechan de irregularidades pero no pueden acudir a los tribunales sin tener documentación en la que puedan basar la denuncia.

La presidenta Ayuso ha reiterado en distintas ocasiones que todas las acusaciones que se han vertido sobre su familia son falsas y que, además, de momento no ha prosperado ninguna de las que se han intentado judicializar. De hecho, en sede parlamentaria ha llegado a decir que su familia no tiene culpa alguna de que ella se dedique a la política y que solo les atacan por eso.

Tomás Díaz Ayuso es, según su perfil de Linkedin, diplomado en gestión comercial y marketing por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y se define a sí mismo como un profesional con 20 años de experiencia en el sector de las ventas y el marketing en mercados estratégicos. También aparece en el Registro Mercantil como administrador único de la Empresa Sismedica, SL. desde el 3 de julio de 2012.

Dimisión o reprobación

Tras el plantón de todos los partidos de la oposición en el Pleno monográfico sobre las contrataciones del Gobierno de Ayuso, que se levantaron en bloque de sus escaños dejando solo al PP, el PSOE pidió ayer la dimisión de la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo. Los ánimos empezaron ya encendidos con la vehemencia con la que el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, se lanzó sobre Vox, que fue quien pidió la celebración de este pleno y a quien Lasquetty acusó de alinearse con la izquierda. Pero la bronca que trastocó el día vino después con la intervención de la presidenta de la Cámara ante las palabras de la diputada socialista Carmen López con el hermano de Ayuso.

A ninguno de los partidos de la oposición le gustó que Carballedo mandara callar a López por sus insinuaciones sobre las contrataciones concedidas a la empresa de Tomás Díaz. Menos aún que pidiera a los servicios de la Cámara que acompañaran fuera a la diputada, aduciendo no solo malas formas sino que contravenía el derecho a la libertad de expresión de los parlamentarios. La oposición, también en bloque, tildó la actitud de Carballedo de sesgada, inaceptable y partidista al entender que utiliza una doble vara de medir cuando se trata de las alusiones a los miembros del Partido Popular o sus familiares.

La presidenta de la Cámara se vio obligada a convocar una Junta de Portavoces extraordinaria a petición del PSOE y de Más Madrid inmediatamente después del plantón y, tras la misma, el portavoz socialista Juan Lobato pidió la dimisión de la Carballedo por no haber rectificado y permitir que Carmen López pudiera reincorporarse a la votación del Pleno. Los socialistas han fijado un plazo, el lunes, para que la presidenta lo medite y presente su dimisión, algo que desde su entorno ya han confirmado que no sucederá. Si no lo hace, Lobato registrará una solicitud de reprobación de la presidenta para que conste públicamente su "falta de ecuanimidad" en el ejercicio de sus funciones como máxima representante de la Asamblea.

El éxito de esta reprobación, en cualquier caso, es igualmente dudoso. Varios diputados de distintos partidos han mostrado sus dudas sobre los mecanismos existentes para poder solicitar este castigo público. Está perfectamente regulada la reprobación a los miembros del Gobierno, pero no así a la presidenta de la Asamblea, por eso partidos como Más Madrid se han limitado a decir que estudiarán todos los recursos legales para asegurar una presidencia "apartidista". En cualquier caso, todos los representantes de la oposición han coincidido en que ha sido atacada la "libertad parlamentaria" de los diputados que se sustenta en la inviolabilidad y libertad de opinión que garantiza el artículo 23 del reglamento de la Cámara.

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