La Fiscalía Europea y Anticorrupción investigarán en paralelo el contrato del hermano de Ayuso

Finalmente se ha impuesto el criterio del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y este departamento seguirá investigando el contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia y que salpica al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han informado fuentes fiscales.

Esta es la decisión adoptada por la fiscal general, Dolores Delgado, que ha obtenido el respaldo unánime de la Junta de Fiscales de Sala que se reunió este lunes para estudiar este asunto. Delgado redactará un decreto en el que dirá a Anticorrupción que continúe con las investigación, si bien no puede prohibir que la Fiscalía Europea, que reclamó las pesquisas, siga adelante con el expediente abierto sobre una posible malversación de fondos comunitarios

De este modo, la Fiscalía española desoye la sugerencia dada a conocer esta misma mañana por la Fiscalía europea para que Delgado considerara la opción de elevar este asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el conflicto de competencias surgido con la Fiscalía Anticorrupción española.

Desde dicho organismo también se había defendido que, con el objetivo de evitar duplicidades, el propio Reglamento de la Fiscalía Europea se reserva una "competencia preferente" para todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.

Al no poder impedir que la representante de España en la Fiscalía europea Concepción Sabadell abra una investigación -tal y como ya ha hecho 'de facto'-, la clave está en los delitos conexos que pueden afectar a funcionarios españoles, como es el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación o las negociaciones prohibidas a funcionarios, que desde Anticorrupción se defiende que no pueden ser cedidos al organismo europeo.

JUNTA UNÁNIME

En este punto ha coincidido el propio Luzón al término de la reunión, cuando ha señalado a los periodistas que ninguna de las intervenciones en la Junta, de la que forman parte un total de 33 fiscales del más alto rango, ha sido contraria a su tesis, por lo que han apoyado que Anticorrupción continúe con sus diligencias de investigación.

"No es una disputa entre fiscalías, pero ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones que son estrictamente domésticas, estrictamente nacionales, que no atañen ni perjudican a los intereses económicos de la UE, sino que lo hacen a los nacionales", ha manifestado el fiscal jefe Anticorrupción, para añadir que por ello se continuará colaborando con el organismo europeo "como hasta la fecha".

También ha explicado que la investigación que él realiza en Anticorrupción es preprocesal -es decir, todavía se desconoce si encontrará indicios suficientes para llevarla ante un juez-, mientas que la abierta por Sabadell ya tiene carácter penal -los fiscales europeos sí instruyen- con el fin de determinar si existe malversación de fondos europeos. En este último caso el juez competente, que actúa tan solo como juez de garantías, pertenece a la Audiencia Nacional.

A su juicio, y la cúpula de la carrera fiscal le ha respaldado en este punto, ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones estrictamente nacionales que no afecten al conjunto europeo con la simple 'percha' de afectar a intereses financieros, ha insistido.

NO VE MALVERSACIÓN

En todo caso, desde Anticorrupción ya se ha adelantado que no existen 'a priori' indicios de malversación de fondos públicos porque las mascarillas fueron pagadas y se entregaron efectivamente en el Pabellón 10 de IFEMA. Este criterio sería contrario al que ha motivado a Sabadell a reclamar la causa para el organismo comunitario.

Anticorrupción abrió diligencias sobre el contrato de Priviet Sportive el pasado 22 de febrero a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid. La propia Isabel Díaz Ayuso desveló entonces que su hermano Tomás había cobrado más de 55.000 euros de este contrato como contraprestación por su mediación comercial.

Unos días más tarde, la Comunidad admitió que la cantidad obtenida de esta empresa ascendió a 283.000 euros a través de cuatro pagos en todo 2020 que menos el inicialmente admitido por la presidenta se refieren a servicios sin vinculación con el contrato autonómico. Se trata de una cifra muy similar a la que difundió la dirección del PP encabezada por su presidente Pablo Casado y el ya dimitido Teodoro García Egea, dando origen a un conflicto interno en el partido que puso fin a la Presidencia de Casado.