El juez mantiene al Ayuntamiento como perjudicado en el pelotazo porque se le ocultaron las comisiones

El juez Adolfo Carretero , que investiga el presunto pelotazo con material sanitario del Ayuntamiento de Madrid, mantendrá al Consistorio como parte perjudicada en este procedimiento pese a la petición del empresario Luis Medina, que solicitó que se le privara de esta condición por "la responsabilidad podría recaer en dicha institución" en el caso de que en la gestión del contrato de compra de mascarills, test para detectar covid y guantes se hubieran producido irregularidades.

Según el juez, sin embargo, no se puede confundir a la institución pública con la actuación que pudiera haber tenido en ente asunto la jefa de Compras Elena Collado, quien por otra parte "manifestó sus quejas a los intermediarios por el exceso de precio de los contratos y mala calidad de los guantes y test de Covid". 

Según el juez, "el Ayuntamiento de Madrid debe tener la condición de perjudicado porque las altas comisiones de los investigados fueron ocultadas al mismo y esta ocultación supuso un perjuicio económico al Ayuntamiento, con independencia de la actuación de la señora Collado".

En su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el juez también rechaza la intención de Medina para la imposición de fianzas a dos de las acusaciones que ejercen en esta causa, PSOE y Unidas Podemos. En este punto el titular del Juzgado de Instrucción número 47 cita la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la no prestación de fianza de la acción popular, cuando el procedimiento ya ha sido iniciado por otra parte como es en este caso, por la querella de la Fiscalía Anricorrupción.

El juez pidió a las acusaciones su opinión sobre el hecho de que Medina haya puesto a disposición del juzgado la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado por su comisión.

EXCUSA PARA ELUDIR LA FIANZA

Más Madrid ha respondido a este requerimiento, alegando que el juez ya ha acordado el embargo preventivo de losderechos hereditarios ofrecidos, en caso de existir estos, "por lo que no ha lugar a que se vuelva a pronunciar sobre ese ofrecimiento, como excusa para eludir la fianza acordada". "El ofrecimiento está vacío de contenido", añade esta parte.

Añade esta parte que se desconoce además el estado del procedimiento que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia nº12 de Sevilla (donde se litiga sobre dicha herencia) , "pudiendo suceder que la cuantía de los bienes heredados por el señor Medina, no alcance la cuantía fijada como fianza, e incluso que, lo que se esté ofreciendo sea una mera expectativa de derecho", no sirviendo por tanto el ofrecimiento efectuado como abono de fianza requerido.

Sobre este asunto, Unidas Podemos, también personada en el caso, también ha alegado ante el juez que los derechos de la herencia de la abuela de Medina no son suficientes para asegurar la fianza. Además de constituir sólo una expectativa, Medina no ha ofrecido ninguna información de los bienes que podrían integrarla ni de la cuota que pudiera corresponder al investigado para hacer una aproximación al valor del derecho expectante del mismo, "valor que con los datos existentes en autos debe reputarse de cero euros", señalan fuentes de la organización.

INSISTEN CON EL PRIMO

Por otra parte, los de Rita Maestre insiste en que se llame como testigo al primo del alcalde, el abogado Carlos Martínez-Almeida que habría dado a Medina y su socio Alberto Luceño el contacto con los responsables municipales para realizar su negocio.  "En el momento actual no existe base suficiente para imputar al mismo la comisión de ningún delito, motivo por el cual no solicitábamos que lo fuera en calidad de investigado"; apuntan. 

Por su parte, la acusación que ejerce Unidas Podemos también ha realizado nuevas peticiones al juez, Carretero, una de ellas para que la Cámara de Comercio Internacional (ICC)aclare si participó en la elaboración de los contratos de los comisionistas con Leno, al igual que ha hecho el propio Ayuntamiento de Madrid. Con ello intenta aclarar sobre la veracidad de las declaraciones en las que Luis Medina y Alberto Luceño manifestaron que las comisiones cobradas de 6 millones de euros se ajustan a los porcentajes admitidos por la ICC para las operaciones efectuadas.

Concretamente, la formación morada quiere saber ante qué periodos se han empleado en sus documentos los membretes en el concreto diseño que aparece en los referidos contratos y si los comisionistas han sido socios de la institución y en qué periodos. Además, los morados han solicitado al juez que se confirme la imputación de Luis Medina por un delito de alzamiento de bienes.