Martínez-Almeida, denunciado por no perseguir el 'pelotazo' de las mascarillas

La Justicia tendrá que pronunciarse sobre una posible responsabilidad del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la respuesta que el Ayuntamiento dio al presunto 'pelotazo' de Luis Medina y su socio Alberto Luceño, quienes ganaron casi seis millones de euros vendiendo material sanitario para el Ayuntamiento de la capital. El juzgado de guardia este sábado, el número 39 de Madrid, ha recibido una denuncia contra el primer edil por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos (artículo 408 del Código Penal) por no haber denunciado en su momento la presunta estafa.

La denuncia, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ESPAÑA, ha sido presentada por el abogado Fernando Pamos de la Hoz, que considera que el alcalde, en su doble condición de funcionario y autoridad, debería haber denunciado los hechos con independencia de las diligencias de investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020 tras ser advertida por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La estrategia de este abogado, que ha llevado causas como la del alijo de drogas en el buque Juan Sebastían Elcano, el robo de 2,7 millones en la sede en Ibiza del Grupo Empresas Matutes, la muerte de un hombre que se precipitó al vacío en los Juzgados de Fuerteventura en 2020 y la defensa de la ex miembro de ETA Idoia López Riaño, 'la Tigresa', pasa por buscar que el asunto sea remitido al juez que ya investiga el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 27 Adolfo Carretero.

Aún en la hipótesis de que el magistrado rechazara de plano la posibilidad de abrir esta vía de investigación contra Martínez-Almeida -el Ayuntamiento también está personado en la causa-, un eventual recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid obligaría a posicionarse sobre la posible comisión de este delito por el alcalde a las acusaciones particulares en la causa (PSOE y Unidas Podemos) y también a Más Madrid (pendiente de un trámite para ser parte en el procedimiento). "Busco mostrar esta vía procesal a los partidos de la oposición", señala el letrado a este diario.

DELITOS CONSENTIDOS

Según señala la denuncia, "si la Fiscalía no hubiera presentado la querella admitida ahora a trámite, los hechos ahora investigados nunca habrían sido sacados a la luz y la impunidad de los delitos tan graves, admitidos y consentidos por el Consistorio no denunciando los hechos, hubiere sido lograda".

Así, se insiste en que el trabajo realizado por Anticorrupción desde noviembre de 2020 son simplemente diligencias de investigación, y que ello, que no supone iniciación del procedimiento penal como tal, y "no eximía de denunciar los mismos por el Ayuntamiento de Madrid".

Prueba de que tuvieron conocimiento antes de esas diligencias de investigación es el es el hecho de que existan conversaciones con Luceño de la responsable de compras, Elena Collado, que emplea el término “estafa” en relación con los guantes que fueron adquiridos guantes con un sobreprecio obsceno e inútiles para la labor que se requería (y se exigió la devolución) y que los test, con un precio desorbitante, fueron igualmente desechados por su nula eficacia.

A juicio del denunciante, contrastando el precio de lo adquirido con otras ofertas que en esos momentos gestionaba el propio Ayuntamiento o el precio de mercado, "les habría hecho conocedores de la estafa de libro".

De hecho, y según consta en la denuncia presentada por Anticorrupción, los contratos asignados al hijo del Duque de Feria y a Luceño contemplaron la compra de 1 millón de mascarillas -por un precio total 6.689.300 dólares (5,9 millones de euros)-; 2.500.000 guantes de nitrilo por 5.000.000 dólares (4,5 millones de euros) y 250.000 test rápidos Covid-19, por un precio total de 4.250.000 dólares (3,8 millones de euros).

Los precios, según señala la Fiscalía en su querella, los fijó Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir.