El juez destaca la "gravedad" del 'pelotazo' de las mascarillas en Madrid al coincidir "con miles de fallecimientos"

El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, destaca la "gravedad" de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por los que han sido denunciados por la Fiscalía Anticorrupción los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño en relación con el 'pelotazo' de casi seis millones de euros en comisiones en una operación de compra de material sanitario. Subraya que tales conductas pudieron cometerse, "en el momento más álgido de la pandemia de covid 19, con miles de fallecimientos diarios".

Así lo señala en un auto dictado este martes al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Incide que dichos delitos "no solo afectan a los fondos públicos" y debe tenerse en cuenta que tienen "un interés general y una enorme repercusión pública", al investigarse el manejo de fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en dichas fechas. El objetivo del procedimiento, según el juez, es el de determinar si esos fondos "beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos".

Mediante esta resolución, el magistrado admite la personación como acusaciones particulares, es decir, como perjudicados directos de los presuntos delitos, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de los dos partidos en la oposición municipal, Podemos y PSOE. 

También piden ser parte en el procedimiento, pero como acusaciones populares,  Más Madrid y a título particular la portavoz de este grupo municipal, Rita Maestre. En el auto, el juez les advierte de la falta de un trámite para adquirir esta condición por no aportar el poder general para pleitos preceptivo. "Sin perjuicio de que puedan subsanar este defecto aportando el mismo, o personándose apud acta ante este Tribunal", añade Carretero.

NO LES HARÁN FALTA FIANZAS

También les dice a los partidos que pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige la prestación de fianza para personarse en un procedimiento, él acoge los argumentos empleados por los abogados del PSOE y Podemos en sus escritos ante el juzgado, en los que alegaron la existencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo que les exime de tener que realizar este pago cuando se ha iniciado por otra de las partes con la presentación de una querella, como es el caso.

De este modo, los abogados de los partidos en la oposición, así como el que represente al Ayuntamiento, estarán presentes en las declaraciones a las que Medina y Luceño han sido citados en calidad de investigados el próximo 25 de abril. 

El precio que se pagó por el material sanitario, cercano a los 12 millones de euros, lo fijó Luceño y lo impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora, situada en Malsia. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir, lo que según Anticorrupción determina el presunto delito de estafa.

Por lo que se refiere a la falsedad, se habría dado tanto ante el Ayuntamiento como en las entidades bancarias que les pidieron explicaciones tras recibir las cuantiosas comisiones cercanas a los 6 millones de euros por transferencia desde el país asiático.

Frente al Consistorio, Luceño se presentó como experto en importación y dijo actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, según las investigaciones, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malasia.

En cuanto a Medina, tras ser requerido por el banco en el que recibió el millón de euros en concepto de comisiones por esta operación, utilizó una documentación que le remitió su socio en la que aparecían como agentes exclusivos de la compañía malaya a la que compraron los productos. "Tampoco estos documentos son auténticos, sino que fueron elaborados por Alberto Luceño a partir de los que él mismo había presentado en su entidad bancaria con firmas simuladas, y a los que añadió la firma que Luis Medina le envió por correo electrónico", añade la querella de Anticorrupción que investiga el juez Carretero.

Se da la circunstancia Medina habría sido la persona que según Anticorrupción inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid "aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", su primo Carlos Martínez-Almeida Morales, tal y como adelantó este diario.

TORMENTA POLÍTICA

El conocimiento del escándalo ha motivado toda una tormenta política en el Ayuntamiento de Madrid. Según explicaron desde el Consistorio en un primer momento, el primo de Martínez-Almeida se limitó a facilitar un correo electrónico del Ayuntamiento a Medina, a través de una tercera persona que conocía a ambos.

No obstante, una vez se conoció que la querella había sido admitida a trámite, Almeida terminó admitiendo que su primo sí se puso en contacto con la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, para preguntar por la manera en que una empresa podía ofrecer sus servicios. "Se le dijo que lo mejor era ponerse en contacto por correo, algo que Medina hizo los días 18 y 19 de marzo", asegura el alcalde, que niega, sin embargo, ningún trato de favor. 

Sobre el blanqueo de capitales, su investigación es la que justifica que la querella de Anticorrupción se refiera a los bienes concretos que pudieron ser adquiridos con el dinero ilícitamente obtenido en el 'pelotazo'.

Medina obtuvo como comisión en la obtención de estos contratos un total de 1.000.000 de dólares (916.000 euros) procedentes de Malasia y los transfirió a una cuenta personal. Con este dinero adquirió un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, que registró a nombre de una sociedad gibraltareña cuya titularidad comparte con su hermano; además de bonos bancarios.

Por su parte, Luceño presuntamente blanqueó los 5,1 millones de dólares (4,6 millones de euros) en comisiones que obtuvo en este negocio para costearse una semana de vacaciones en un hotel de lujo de Marbella por un total de 60.000 euros, comprarse una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), además de tres relojes Rolex y una docena de vehículos de alta gama entre los que incluyó Ferrari, un Lamborghini, un Aston Martin y varios Mercedes por más de dos millones de euros.