TRIBUNALES

Un juez peculiar y sin complejos para el 'pelotazo' que implica a Luis Medina

  • Hijo de un magistrado del Tribunal Supremo, imputó al cómico Dani Mateo por sonarse con la bandera de España en el Intermedio.

  • Fue pionero en investigar los bebés robados e impedir el acceso al Metro de un clan de carteristas.

Adolfo Carretero, a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla, en una foto de archivo en 2013.

Adolfo Carretero, a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla, en una foto de archivo en 2013. / EFE

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El juez Adolfo Carretero, a quien ha correspondido instruir la trama por el presunto pelotazo de material covid para el Ayuntamiento de Madrid en el que está implicado el hijo del fallecido Duque de Feria Luis Medina, lleva más de tres décadas de ejercicio a sus espaldas, en las que ha destacado como un magistrado sin complejos y fama de 'peculiar', según fuentes del ámbito jurídico consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Procede de una familia de juristas. Su padre, Adolfo Carretero Pérez, fue magistrado del Tribunal Supremo, vicepresidente del primer Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidente del Tribunal de Cuentas. Aunque nació en Valencia y pasó por un juzgado de Valdepeñas (Ciudad Real), ha realizado casi toda su carrera en la Comunidad de Madrid, donde ha ejercido en órganos de Coslada y Fuenlabrada -donde llegó a ser decano- hasta llegar al de Instrucción número 47 de Madrid.

Sus decisiones, algunas de ellas ciertamente pioneras, le han procurado cierta proyección mediática en los últimos años. Una de las más sonadas fue la que adoptó en 2018 al imputar al cómico Daniel Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en el programa El Intermedio, por delitos de odio y ultraje a la bandera. El asunto no llegó finalmente a juicio, pues el propio Carretero lo archivó en enero de 2019.

Recientemente intervino de forma tangencial en una denuncia por delito informático tras el polémico voto del diputado del PP Alberto Casero que propició la aprobación de la reforma laboral. Fue el encargado, por estar de guardia, de abrir el procedimiento tras la denuncia de un particular que solicitaba medidas cautelares. El asunto correspondió finalmente a otro juzgado, que lo archivó por no ver en lo ocurrido indicios de delito informático.

INVESTIGACIÓN A UNA PERIODISTA

Años atrás resultó muy criticada su investigación a una periodista de la Cadena Ser por la difusión de unos vídeos del que después fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante un viaje a Colombia, en el marco del denominado 'caso Espías'. El magistrado la mantuvo imputada durante más de un año.

Por otra parte, innovó contra el denominado 'clan de las Bosnias' que actuaba en el Metro de Madrid, cuando en febrero de 2013 dictó una orden de alejamiento que impedía a estas mujeres entrar en el suburbano. Si lo hacían, la Policía podía detenerlas en cuanto entraran en una estación y se exponían a una multa.

También fue el primero en investigar el problema de los bebés robados durante el franquismo. Ocurrió en 2012, cuando la Audiencia Provincial de Madrid le ordenó reabrir la investigación de un caso que implicaba a la monja María Gómez Valbuena conocida como 'Sor María' al estimar que los delitos de detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad no estaban prescritos. La religiosa falleció en enero siguiente, aunque la investigación en relación con su actividad siguió para uno de los médicos con los que presuntamente colaboraba, el doctor Eduardo Vela.

Otra de sus decisiones polémicas la adoptó el pasado mes de julio, cuando rechazó imputar por delito de odio a un ciudadano madrileño que había amenazado con una pistola de aire comprimido a un grupo de migrantes. El investigado llamó “moro de mierda” y “maricón” a uno de los jóvenes, aunque el magistrado enmarcó dichos insultos en el contexto de una disputa.

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