Un abogado primo de Almeida fue el contacto para el 'pelotazo' de las mascarillas, según Anticorrupción

Carlos Martínez-Almeida Morales, abogado y primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es el familiar que Fiscalía Anticorrupción sitúa como pieza clave en la presunta trama para obtener millonarias comisiones de contratos de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, según fuentes cercanas a la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño como responsables de la trama, según adelantó eldiario.es. Ambos actuaron "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" y no sólo se aprovecharon de la fama de Medina, hijo de Naty Abascal, sino de conocer a un allegado de Almeida, de acuerdo al escrito de la Fiscalía.  

"La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", señala Anticorrupción. 

Según fuentes cercanas a la investigación, el citado familiar es Carlos Martínez-Almeida Morales. En el entorno del alcalde se le conoce como el "primo guapo" de Almeida. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Martínez Almeida tiene un despacho de abogados, Martínez-Almeida Abogados.

Según consta en su página web, el primo del alcalde realizó los cursos de Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en Derecho Mercantil, así como cursos de postgrado en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., es árbitro de la Corte Española de Arbitraje y especialista en litigación con más de 20 años de experiencia profesional. 

Además, es Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico de distintas sociedades del ámbito sanitario, industrial, tecnológico y financiero. Es Patrono Tesorero de la Fundación Anar de ayuda a la Infancia, ámbito en el que ha participado de forma comprometida y activa como Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

Según fuentes municipales, el familiar del alcalde no conoce a Luis Medina, ya que "se pusieron en contacto con él a través de una tercera persona".

"Este familiar facilitó el mismo mail que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario. Todas las empresas debían seguir el mismo cauce", señalan desde el Consistorio. 

"El Ayuntamiento no está siendo investigado ni tampoco ningún trabajador. El Ayuntamiento es en todo caso el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas", precisan fuentes municipales.

El propio alcalde, en un 'canutazo' previo a su participación en el II foro económico Wake Up, Spain!, ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid se va a personar en el procedimiento judicial “para ejercer todas las acciones que correspondan”, con el fin de que, en el caso de que hubiera habido una “estafa” para obtener millonarias comisiones de contratos de mascarillas, el Consistorio pueda “recuperar todo el dinero”, ha aseverado, según informa Ana Ayuso. 

Asimismo, se ha pronunciado acerca de las informaciones, como la de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que aluden a un familiar suyo, su primo, y se ha ajustado a la versión que ha marcado esta tarde el Consistorio. "Mi familiar no conocía a Luis Medina", ha sostenido, sino que es una conocida común la que contacta con su primo y le traslada que "Luis Medina tiene interés en hacer llegar al Ayuntamiento que tenía la capacidad de poder suministrar material sanitario". Es entonces, siempre según el regidor, cuando Carlos Martínez-Almeida "se limita a darle un correo electrónico" y a indicarle que "ese es el cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos que aquellos días estábamos recibiendo". 

El alcalde justifica que esa dirección de email era la que se proporcionaba "a todas aquellas personas, cercanas o no cercanas, que de una forma u otra querían entrar en contacto con el Ayuntamiento de Madrid". Después de un año de instrucción de la Fiscalía, ha afirmado Almeida, "ni mi familiar ni yo fuimos llamados en calidad de testigos ni imputados" al procedimiento. 

El alcalde popular, al que en el último mes y medio le han sacudido varias polémicas, ha sostenido que no tuvo ningún contacto con Luis Medina "más allá de una llamada telefónica en la que le agradecí que nos hubiera hecho una donación de 183.000 mascarillas". "Ni le conocía antes ni después he tenido trato" con el empresario, ha sentenciado. 

"No puede haber connivencia de ningún tipo", ha apuntado, "porque ya en su momento el Ayuntamiento le reclamó cuatro millones de euros a estas personas como consecuencia de que una de las partidas de guantes no era la que había sido objeto de especificación".

Almeida ha asegurado además, como ya hizo esta mañana el Consistorio que dirige, que la querella presentada por la Fiscalía “se dirige exclusivamente contra dos personas que son ajenas al Ayuntamiento de Madrid”. “Ni el Ayuntamiento ni ninguna persona que trabaja para el Ayuntamiento es objeto de esta querella”, ha reiterado.

Test no aceptables

La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación de los contratos de material sanitario en marzo de 2020 destaca que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40% más caras.

Los contratos fueron encargados por la Funeraria Municipal, cuyo consejo de administración, en el que están representados todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid, los aprobó en un consejo celebrado por WhatsApp a las dos de la madrugada del 23 de marzo, tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Anticorrupción imputa a los dos empresarios los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales en relación con tres contratos millonarios para la compra de 1 millón de mascarillas -por un precio total 6.689.300 dólares (5,9 millones de euros); 2.500.000 guantes de nitrilo por 5.000.000 dólares (4,5 millones de euros) y 250.000 test rápidos Covid-19, por un precio total de 4.250.000 dólares (3,8 millones de euros).

Al Ayuntamiento ya le fueron devueltos cuatro de esos millones "por no ser el modelo acordado en la compra", según confirmó el Consistorio, que defendió al conocerse esta querella que los contratos se hicieron "en precio según oferta y demanda del momento".

Según la querella, "estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir".

Los contratos se firmaron en marzo de 2020, "en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y de extrema carencia de materiales sanitarios" que los investigados aprovecharon para "obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" ofreciendo al Ayuntamiento la posibilidad de adquirir grandes remesa de material necesario.

Anticorrupción pone de relieve que el Consistorio madrileño pagó 11,9 millones de dólares y lo que obtuvo fue un millón de mascarillas pero pagando un 40 % más del precio ofertado por el vendedor de China.