DIFICULTADES PARA INVESTIGAR

Las investigaciones por bebés robados se disparan: Fiscalía abrió 47 diligencias en 2021 y 6 ya están en manos del juez

La respuesta al oficio dictado por la Fiscalía General el pasado 4 de febrero refleja un incremento exponencial de las diligencias abiertas por las diferentes Fiscalías respecto a los dos últimos años. En los Juzgados se han abierto 532 causas por sustracción de menores recién nacidos desde 2011

Bebé llorando.

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La petición realizada el pasado 4 de febrero a las distintas fiscalías territoriales por parte del jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, para conocer las investigaciones por sustracción de recién nacidos en nuestro país ha tenido una respuesta sorpresiva, al reflejar un incremento exponencial de las actuaciones sobre este asunto. Según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, durante 2021 se abrieron 47 diligencias de investigación, superando con creces los 7 y 3 asuntos que se registraron durante 2019 y 2020, respectivamente.

El oficio tenía como objetivo actualizar el control anual que realiza el Ministerio Público sobre el número de causas por este delito, y que se refieren en muchas ocasiones a historias de 'bebés robados' durante la posguerra, el franquismo e incluso más allá de la Transición, hasta 1990.

DIFICULTADES PARA INVESTIGAR

En los últimos diez años las investigaciones se han llevado ante un juez en un total de 522 ocasiones, si bien es la mayoría de los casos es muy difícil que tengan resultado. La dificultad estriba en los problemas puestos de manifiesto por los propios fiscales que inician las pesquisas para recabar pruebas por el paso del tiempo, la muerte de protagonistas o la destrucción de archivos clínicos por la desaparición de muchas de las clínicas donde nacieron estos niños.

En todo caso, y según los datos recogidos por este diario, a lo largo de 2021 se logró judicializar seis de estos asuntos, algo que no ocurría desde 2018, cuando las diligencias llevadas ante un juez fueron además tan sólo la mitad. 

Los años en los que más causas se abrieron en los tribunales por estos hechos fueron 2011 y 2012, con 343 y 144 diligencias llevadas ante el juez, respectivamente. Después de ésto, las causas abiertas cayeron en picado, desde los 21 casos en 2012 a los 8 de 2014, los 4 de 2015, los 2 casos de 2016 y un único caso en 2017.

Por lo que se refiere a las diligencias de investigación abiertas por las diferentes fiscalías, fueron de 47 el último año. La última ocasión en la que se superó la decena de investigaciones fue 2018, con 26 diligencias abiertas, un nivel que no se había registrado desde 2015, cuando se registró un número idéntico. Los picos se dieron en 2011, con 1346 diligencias abiertas; y 2012, año en el que éstas ya se redujeron a 463.


/ FGE

La estadística tiene su origen en una Circular suscrita el que fuera fiscal general Eduardo Torres-Dulce, que empezó a controlar este dato para "preservar el principio de unidad de actuación", facilitar la coordinación y, "en definitiva, asegurar la eficacia sobre este asunto".

Desde entonces anualmente las fiscalías provinciales remiten a la Fiscalía General copia de los decretos de incoación, decretos de exhumación, y decretos de archivo o en su caso denuncia o querella que se interpongan en todos los asuntos que tramiten por sustracción de recién nacidos".

FISCALES Y PRUEBAS DE ADN

La Circular de Torres-Dulce se redactó en diciembre de 2012 cuando este asunto copaba las portadas de los periódicos a raíz de las denuncias que se presentaban por familiares en los juzgados y siguiendo el empuje de asociaciones constituidas por este asunto. En este documento se recordaba que, con el fin de unificar criterios respecto a los casos de niños robados, los fiscales debían recordar su capacidad de ordenar exhumaciones o practicar pruebas de ADN sin requerir autorización judicial. 

Con el fin de permitir la investigación de conductas tan graves, la Fiscalía General entiende que los fiscales podrán calificar la sustracción de niños recién nacidos como un delito de detención ilegal. Se buscaba dar la máxima protección posible a las víctimas de estas prácticas que se produjeron en diferentes hospitales españoles fundamentalmente entre los años 1950 y que llegaron hasta bien entrada la democracia, incluso los años 90 del pasado siglo.

En esas fechas la Audiencia Provincial de Madrid había ordenado Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid reabrir la investigación de un caso de niños robados que implicaba a la monja María Gómez Valbuena al estimar que los delitos de detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad no están prescrito. La religiosa falleció en enero siguiente, aunque la investigación en relación con su actividad siguieron para uno de los médicos con los que presuntamente colaboraba, el doctor Eduardo Vela, si bien fue absuelto por considerarse que los hechos habían prescrito.

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