El juez imputará a los comisionistas del 'pelotazo' con material covid en Madrid

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el presunto 'pelotazo' de casi seis millones de euros en contratos para material sanitario del Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia.

Les llamará a declarar como investigados en próximas fechas, con toda probabilidad después de Semana Santa, momento en el que los dos empresarios podrán considerarse formalmente imputados en los hechos según han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes jurídicas. El magistrado Adolfo Carretero también tiene intención de hacer desfilar por el juzgado a los testigos necesarios.

Almeida se desmarca del 'pelotazo' de las mascarillas: "No sabía que mi primo intervino de alguna manera"

El Ministerio Público atribuye a Medina y Luceño la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario destinado a la funeraria municipal madrileña. Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.

Los precios, según señala la Fiscalía en su querella, los fijó Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir.

En el caso de Luis Medina, según Anticorrupción, fue la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid "aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid", su primo Carlos Martínez-Almeida Morales.

La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, tras la alerta realizada por las entidades bancarias en las que se ingresaron las suculentas comisiones procedentes de Malasia, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado este diario.

EL JUEZ DEL CASO 'DANI MATEO'

El juez al que ha correspondido el asunto ha tenido cierta proyección mediática en los últimos años. Carretero fue el que imputó al cómico Daniel Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en el programa El Intermedio y también intervino tangencialmente en una denuncia por delito informático tras el polémico voto del diputado del PP Alberto Casero que propició la aprobación de la reforma laboral. Años atrás resultó muy criticada su investigación a una periodista de la Cadena Ser por la ubicación de unos vídeos del que después fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante un viaje a Colombia.

La investigación se centra en tres contratos millonarios para la compra de 1 millón de mascarillas -por un precio total 6.689.300 dólares (5,9 millones de euros); 2.500.000 guantes de nitrilo por 5.000.000 dólares (4,5 millones de euros) y 250.000 test rápidos Covid-19, por un precio total de 4.250.000 dólares (3,8 millones de euros).

Los contratos, por un total de unos 12 millones de dólares, fueron encargados por la Funeraria Municipal, cuyo consejo de administración, en el que están representados todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid, los aprobó en un consejo celebrado por WhatsApp a las dos de la madrugada del 23 de marzo, tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación de los contratos de material sanitario en marzo de 2020 destaca que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables, los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40 % más caras.

COMISIONES EMPLEADAS EN LUJOS

Medina obtuvo como comisión en la obtención de estos contratos (mediante una carta que le acreditaba como agente exclusivo de la compañía EEE para el suministro y obtención de productos sanitarios) un total de 1.000.000 de dólares (916.000 euros) procedentes de Malasia y los transfirió a una cuenta personal. Con este dinero, según detalla la querella adquirió un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, que registró a nombre de una sociedad gibraltareña cuya titularidad comparte con su hermano; además de bonos bancarios.

Por su parte, Luceño presuntamente blanqueó los 5,1 millones de dólares (4,6 millones de euros) en comisiones que obtuvo en este negocio para costearse una semana de vacaciones en un hotel de lujo de Marbella por un total de 60.000 euros, comprarse una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), además de tres relojes Rolex y más de una decena de vehículos de alta gama entre los que incluyó Ferrari, un Lamborghini, un Aston Martin y varios Mercedes por más de dos millones de euros.