El Gobierno salvará los vetos a la ley de vivienda, pero librará después una negociación sin margen de error

"Como la reforma laboral, pero peor". El diputado que dice esto se refiere a la futura negociación de la ley de vivienda en el Congreso, que se prevé tremendamente difícil, hasta el extremo de que en el PSOE y en Unidas Podemos ya sospechan que va a convertirse en el "rubicón" de la legislatura.

La comparación con el "vía crucis" que fue el decreto del nuevo modelo laboral, salvado de carambola por un error del diputado del PP Alberto Casero tras el engaño de los dos representantes de UPN, es común en las fuentes parlamentarias con las que ha hablado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, implicadas en la negociación. Una de ellas desea que al menos disminuya la tensión con el Ministerio de Trabajo de aquellos días de enero, aun a sabiendas de que hasta entre los socios del Gobierno habrá problemas. Unidas Podemos, encabezada aquí por la ministra Ione Belarra, intentará acercar el contenido del proyecto a sus postulados iniciales; el PSOE procurará que el contenido del citado proyecto no se desvirtúe en exceso. En un contexto así, el papel de los demás grupos, en especial el de aliados como ERC, PNV, EH Bildu o Más País, se vislumbra muy enredado.

La primera prueba, y antesala de lo que se avecina, se va a visibilizar el jueves próximo en el pleno de la Cámara Baja, pues se debatirán las enmiendas a la totalidad registradas. Esto es: las peticiones para que el proyecto regrese al Consejo de Ministros y se rehaga. Hasta seis solicitudes para que el Congreso vete la ley y la devuelva al Gobierno están presentadas. PP, ERC, PNV, Cs, PDeCAT y JxCat son los partidos que así han actuado.

El PSOE y Unidas Podemos confían, sin embargo, en que ninguna salga adelante. Fuentes de estos dos partidos, al tanto de las negociaciones, pronostican que la aritmética de votos cruzados lo hará posible. La idea es que cada uno de los grupos que han pedido la devolución voten sólo sus propias presupuestas, no las de los demás. Si es así, la suma de diputados de socialistas y "morados", 120 y 35, bastaría para tumbar todas las enmiendas a la totalidad.

Además, que ERC haya acompañado a la enmienda con una propuesta de ley alternativa alimenta ese escenario aún hipotético, si bien es el que espera el Gobierno que se produzca. Los trece diputados de la formación catalana votarán a favor de su texto y sólo de su texto. No contemplan dar respaldo a los demás. Así que un factor más para que el Gobierno, a pesar de los resquemores que está provocando su proyecto, salve el día.

Invasión competencial

Será un debate sumamente complejo el del jueves que viene y demostrará que la legislatura, para Pedro Sánchez, es un camino plagado de socavones. Es cierto que el grupo socialista logra sacar adelante casi el 100% de las votaciones, pero el porcentaje no revela un ambiente parlamentario calmado. Dentro de unos días, los diputados socialistas y los de Unidas Podemos van a escuchar las críticas de la derecha, como era de esperar, pero también las de dos aliados preferentes, ERC y PNV, y la de un aliado que cada vez lo es más, EH Bildu. Aunque las demás formaciones del sector de la izquierda no han registrado enmiendas a la totalidad, sus discursos no se prevén complacientes. "Agua de borrajas", afirma un diputado en alusión al proyecto de la ley de vivienda. Pertenece a uno de los partidos con menor representación, pero crucial a pesar de ello, así de endiablada está la aritmética parlamentaria en la presente legislatura.

El cúmulo de protestas que escucharán las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos no se dirigirán a un decreto técnico o a un proyecto de ley que, si se rechazara, apenas causaría unos rasguños al Gobierno. La derogación de aquel decreto sobre los remanentes de tesorería de los ayuntamientos fue un revés al Ejecutivo, sin duda, pero no se tambaleó la estabilidad de la coalición. Ahora bien, el jueves que viene el ambiente estará caldeado contra uno de los emblemas legislativos del Gobierno, la nueva ley de vivienda, de la que se enorgullecen el presidente, Pedro Sánchez; la ministra del ramo, Raquel Sánchez; y sus valedoras de Unidas Podemos, Ione Belarra, principalmente. Aunque en la formación "morada" saben que alguna exigencia deberán colar en el proyecto.

La crítica común versará sobre la invasión competencial. El PP y Cs se han quejado de ese punto, igual que el Consejo General del Poder Judicial, y ERC, PDeCAT, PNV y JxCat también, aunque en su caso con un componente de índole nacionalista. Pero hay más reproches.

Afán recaudatorio y permisividad con la "okupación"

La "invasión competencial" en el entramado autonómico es la crítica que recorre las justificaciones de todas las enmiendas a la totalidad. El PP, en la línea del CGPJ, destaca que con el proyecto se produce "una expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal", lo que se traducirá en "gran inseguridad jurídica". Asimismo, cree que el texto conlleva "una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda".

Sobre la limitación de los precios del alquiler, que el Ministerio de Transporte y Planificación Urbana deja al albur de las autonomías y de los ayuntamientos, dice el PP que es un "farragoso contenido" caracterizado por su "complejidad reglamentista". Aparte de inseguridad jurídica, prevé un aumento de la litigiosidad. Percibe una "defensa velada" de la "okupación", además.

ERC, por su parte, sí aboga por la declaración de las zonas de mercado tensionado, como hace la ley catalana que quiere blindar de pretensiones estatales. Según su propuesta, la declaración activaría la contención de la subida de precios, que se hará en función de la la carga media de la hipoteca o de si dicho alquiler supera el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. La modificación de los incentivos fiscales es otro de sus ejes, siempre para el fomento del alquiler, al igual que la apuesta por las bonificaciones a los arrendadores que bajen el precio en las zonas tensionadas. El recargo del 150% del IBI en las viviendas vacías es otra exigencia.

Cs, a este respecto, a tenor del mapa fiscal, considera que un recargo así sólo se explica si tiene afán recaudatorio, por lo que lo rechaza. La formación que en el Congreso dirige Edmundo Bal ve "contradicción competencial". "El proyecto de ley pretende una invasión competencial del Estado sobre las comunidades autónomas para garantizar la igualdad de los españoles, pero luego renuncia a asegurar esa igualdad", sostiene en su enmienda.

El PNV, más que contradicciones, encuentra "excesos", igual que el PDeCAT, que además rechaza el mecanismo contemplado para evitar que los alquileres sigan subiendo en ciudades con mucha demanda. JxCat va más lejos al asegurar que la norma supone el "desmantelamiento" de la regulación catalana.

Uno de los diputados consultados más implicados en las conversaciones que ha habido hasta la fecha sobre la ley de vivienda se muestra optimista pese a las dificultades y discrepancias, que no niega. La reforma laboral, subraya, marcó un punto de inflexión en el bloque de la izquierda, ya que se abrió una grieta tan profunda que casi hunde el decreto previamente acordado con sindicatos y empresarios. Algo así, añade, no volverá a pasar. Dice que en el PSOE y en Unidas son conscientes de que el margen para el disenso se ha estrechado demasiado. Tardará el procedo, sí, pero prevalecerá la sintonía.

"Veo al Gobierno muy tranquilo de momento, pero no soy tan optimista. Esta ley nos va a dar muchos quebraderos de cabeza", asegura, sin embargo, otra fuente, también muy implica en la negociación.