Dictamen

La ley de vivienda según el CGPJ: choca con el derecho de propiedad y las competencias autonómicas

  • La enmienda que ha obtenido el apoyo mayoritario del órgano consultivo encuentra problemas constitucionales en la propuesta del Gobierno de coalición.

  • Vocales conservadores, el designado por los nacionalistas vascos y dos progresistas votaron para tumbar la propuesta del exdiputado socialista Álvaro Cuesta.

Pleno del CGPJ.

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El informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará el próximo 27 de enero sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda será muy diferente del sometido a debate este viernes, que daba un plácet en términos generales a los planes del Gobierno para legislar en esta materia e intervenir el mercado del alquiler. 

Tras la aprobación de la enmienda a la totalidad del vocal Enrique Lucas, designado a propuesta del PNV, el dictamen del órgano consultivo advertirá de un excesivo intervencionismo que puede vaciar de contenido el derecho de propiedad y vulnerar el reparto constitucional de competencias en materia de vivienda, según señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de este órgano. 

El dictamen no es vinculante para el Gobierno, pero el rechazo de la propuesta inicial, que evidenciaba una gran sintonía con el Anteproyecto, supone un duró revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Frente a un borrador que del que algunos vocales criticaban su "sesgo ideológico" y falto de rigor técnico, firmado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, el órgano de gobierno de los jueces elaborará ahora un texto que, acogiendo el criterio de Lucas, hablará de una "atracción artificiosa a la esfera estatal" del contenido de la ley que vulnera el artículo 148 de la Constitución en lo referido a las competencias de las comunidades autónomas. 

La reforma propuesta por el Gobierno de coalición, según la tesis que ha triunfado en el Pleno del órgano de gobierno de los jueces, impone "un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil". 

La enmienda, aprobada por 15 de los 21 vocales que integran este órgano critica además una "dificultosa articulación" del Anteproyecto con las vigentes leyes autonómicas de viviendaque será "problemática, en detrimento de la seguridad jurídica en tan sensible materia".

Apoyo de dos vocales del PSOE

Los ponentes del nuevo informe serán el vocal conservador Antonio Ballestero y el propio Lucas, y entre los que han apoyado el cambio de propuesta se encuentra el propio presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes. Únicamente han opuesto a estas alegaciones el autor del informe y los vocales del sector progresista Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, mientras que Roser Bach y Victoria Cinto, pertenecienes a este grupo, se han alineado con los conservadores.

Según el texto que han refrendado la mayoría de los vocales, tanto el proyecto como el informe que se había propuesto par su aprobación este viernes vienen a lanzar un mensaje "que no es admisible en términos constitucionales". 

Lucas critica que de la propuesta y de la ley se derive la idea de que el artículo 47 de la Constitución -que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna- "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas". La enmienda califica este enfoque de "inaceptable".

Así, el nuevo informe tendrá como punto de partida el artículo 148.1.3º de la Constitución, que es el que se refiere a las comunidades autónomas, y que según la propuesta que ha salido adelante en el Pleno “no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales.

La legislación de Vivienda planteada en el Anteproyecto crearía, a juicio de este vocal, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica. 

En caso de conflicto "habrá de ser el Tribunal Constitucional quien deba decidirlo comprobando, en primer lugar, que la ley estatal que resulte de este anteproyecto se desenvuelva en el ámbito competencial propio del Estado y, hecho, esto si existe verdadera contradicción entre ambas y si esta es insalvable".

Para apoyar sus tesis, el vocal cuya propuesta se ha impuesto en el CGPJ cita abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre ellas tres sentencias de 2018 que firma la existencia de una ley estatal dictada al amparo de este título no significa que esa regulación estatal, por necesaria que se estime, pueda superar el ámbito competencial referido a las comunidades autónomas.

Cuesta defiende su borrador

El vocal Cuesta defiende su borrador señalando que el Estado "tiene título competencial para legislar sobre la vivienda". El vocal progresista ha indicado en declaraciones a Europa Press, que es paradójico que en la votación que se ha producido este viernes los vocales "conservadores y los nacionalistas" que forman parte del pleno del órgano de gobierno de los jueces se han puesto de acuerdo para considerar que el Estado no tiene competencia en materia de vivienda.

El vocal designado a propuesta del PSOE defiende que una ley de vivienda del Estado "es oportuna y el Estado español tiene título competencial para legislar sobre la vivienda". Defiende también que su análisis estaba en la ortodoxia constitucional, "fundado en abundante jurisprudencia constitucional" y apunta que "existe un derecho constitucional de la vivienda".

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