GOBIERNO

Podemos acusa al CGPJ de promover un "retraso injustificable" en ley de vivienda

La ley estrella de Podemos no podrá llegar al Consejo de Ministros hasta febrero después de que el órgano de los jueces haya rechazado el informe preceptivo

Ione Belarra.

Ione Belarra. / EFE

Podemos acusa al Consejo General del Poder Judicial de promover "retrasos injustificables" en la Ley de Vivienda, después de que el órgano judicial haya rechazado este viernes el informe que daba luz verde a este anteproyecto de ley impulsado por la líder de Podemos y Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Esta votación impide que la ley llegue al Consejo de Ministros del próximo martes 18 de enero, tal como estaba previsto, y subleva al socio minoritario del Gobierno. El CGPJ ha designado a nuevos ponentes para elaborar un nuevo informe que se votará el 27 de enero.

En Unidas Podemos se muestran extremadamente "preocupados" por lo que consideran unos retrasos "injustificables" para una ley que, consideran, trata de responder a la "emergencia habitacional" del país. "Esta ley, permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o prohíbe la venta de vivienda protegida", argumentan desde el partido.

En Podemos estaban convencidos de que el Gobierno aprobaría finalmente la norma la próxima semana. Sin embargo, la decisión del órgano de los jueces lleva ahora a que se dilaten de nuevo los plazos en una de las consideradas "leyes estrella" de Podemos, .que no podrá llegar al Consejo de Ministros al menos hasta el martes 1 de febrero.

Esta medida, que figura en el acuerdo de coalición, ya se atascó durante el proceso de negociación con el PSOE, en un acuerdo que llegó meses después de lo fijado en el pacto de Gobierno. En la formación morada comienzan a impacientarse, sabedores de que cualquier retraso amenazará su puesta en marcha efectiva antes del fin de la legislatura.

La preocupación radica en que uno de los apartados más importantes que Podemos consiguió incluir en el texto, y que más fricciones causó entre los socios de coalición, es precisamente la regulación de los precios de alquiler, que en su redacción actual cuenta con una 'vacatio legis' de 18 meses, por la que tardará un año y medio en aplicarse.

Unos dilatados plazos que los morados pretenden acortar a tres meses mediante una enmienda a la Ley durante su tramitación parlamentaria en el Congreso, una vez que pase por el Congreso de Ministros. El nuevo retraso en los tiempos forzado por la decisión del CGPJ apura aún más los tiempos para que los morados puedan ver esta medida en vigor.

UN CGPJ CUESTIONADO

En Podemos cuestionan abiertamente la legitimidad de las decisiones adoptadas por el CGPJ, cuya renovación lleva bloqueada por el Partido Popular desde hace más de dos años, cuando expiró su mandato. En las filas moradas han optado por no dar pávulo al debate que ha surgido este viernes en el Pleno de los jueces, al considerar que carecen de cualquier autoridad para emitir valoraciones judiciales. Así, recuerdan algunas voces del partido, el informe que deben emitir es "preceptivo, pero no vinculante".

Es decir, en Podemos no preocupa tanto la opinión que plasmen los jueces en el informe sobre esta norma, como que sea aprobado cuanto antes para que el trámite pueda continuar, ya que se trata de un requisito indispensable para que la ley de vivienda llegue al Consejo de Ministros.

Lo cierto es que el debate ha sido intenso este viernes en el Pleno presidido por Carlos Lesmes. El informe votado era favorable a esta ley en líneas generales, pero durante el Pleno arreciaron las críticas de un sector al considerar que el texto legal tenía sesgo ideológico y presentaba carencias técnicas.

Tras la discusión de su contenido, el Pleno del CGPJ ha aprobado la enmienda del vocal designado a propuesta del PNV y ha acordado, por 15 votos a 6, rechazar el informe elaborado por el vocal y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, para designar nuevos ponentes (José Antonio Ballestero y Enrique Lucas) que deberán emitir un nuevo informe que se debatirá en el Pleno del próximo 27 de enero.

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