Reunión extraordinaria del CGPJ para validar la intervención en el mercado del alquiler, aunque se reclamarán ajustes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, está limitado para efectuar nombramientos, pero sigue adelante con funciones de enorme importancia como es el análisis de los Anteproyectos de Ley. De hecho, el próximo viernes celebrará un Pleno extraordinario para analizar su informe sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. El texto valida la intervención en el mercado del alquiler, pero advierte de que en la norma se echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios.

La propuesta de informe ha sido elaborada por el vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE y miembro del órgano de gobierno de los jueces a propuesta de este grupo parlamentario. Según el texto de la propuesta, que supera las 97 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el diseño legal contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad privada que consagra el artículo 33 de la Constitución.

A juicio del informe que se someterá a debate el próximo viernes, la regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tratamiento diferenciado para grandes tenedores

Así, el informe que se someterá a debate da el visto bueno al sistema previsto por el legislador, que combina la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en zonas de mercado tensionado con límites a las rentas de dichos arrendamientos.

La norma acoge además mecanismos regulatorios utilizados en países de nuestro entorno, por lo que el informe concluye que se conjuga de forma satisfactoria la función social del derecho de propiedad privada y derecho a la libertad de mercado y se justifica el tratamiento diferenciado que se establece respecto de las personas jurídicas calificadas de grandes tenedores.

No obstante, el borrador del informe echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas. Se sugiere, frente a ello, la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.

Podrán añadirse observaciones

La ponencia de Cuesta ha sido ya repartida al resto de los vocales del CGPJ para que, si lo estiman oportuno, formulen sus observaciones antes del debate en el Pleno. De hecho, Cuesta espera recibir estos días enmiendas por parte de sus compañeros que podrán ser adjuntadas al texto que se someta a debate, según ha manifestado el propio vocal a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El informe parte de unas consideraciones generales favorables por cuanto el anteproyecto de ley constituye un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda, que recoge la Constitución. Dado su carácter básico, según destaca el borrador, el texto del anteproyecto pretende también garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen atribuidas las Comunidades Autónomas.

Aspectos a mejorar

Entre otras consideraciones, la propuesta de informe advierte de la inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos del  anteproyecto, lo que dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar. Como ejemplo de ello, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, señala la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.

El borrador de informe también echa de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe, el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.

Responsabilidad en los jueces

Esa falta de concreción se aprecia especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento.

Esta solución, advierte la propuesta de dictamen, tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada, advierte el análisis, cuyo texto definitivo, el que se remita al Gobierno, será en todo caso el que salga del Pleno del próximo viernes.

Derechos y deberes

Entre otros puntos, el texto analizado define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y establece un régimen básico del derecho a la propiedad privada; regula la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades en las operaciones de compra y arrendamiento de la vivienda. 

Entre otras medidas, incluye las relativas a la información y transparencia en materia de vivienda y suelo y las referidas a la contención de los precios del alquiler y a la modificación de los procedimientos de desahucio, contenidas en las disposiciones finales.