La batalla política vuelve al Congreso con la izquierda rota y la estabilidad en duda

El Congreso cerró por vacaciones el 28 de diciembre y no ha tenido actividad desde entonces, pero ese silencio y esa quietud no han evitado que se haya convertido en un hervidero político. La culpa la ha tenido el decreto de la reforma laboral, que tiene a la izquierda agrietada y entre malos rollos, y claro, la estabilidad de la legislatura se resiente.

En este ambiente enrarecido va a volver la rutina parlamentaria. Este martes se reunirá la Mesa, luego la Junta de Portavoces. Habrá una sesión de la Diputación Permanente y pleno horas más tarde. Por si fuera poco, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cerrará el día con una comparecencia para explicar la posición española cara a un posible conflicto armado entre Rusia y Ucrania. El miércoles regresará el compás de espera, aunque durará poco, pues la semana que viene ya es inicio de periodo ordinario de sesiones. En otras palabras: los calendarios de las 40 comisiones y de las sesiones plenarias se activarán y entrarán en combustión porque la carga de trabajo acumulado y de tareas pendientes es enorme.

La izquierda soberanista, más molesta... y más unida

Lo que viene permitirá comprobar el estado de salud de la mayoría parlamentaria alineada con el Gobierno, que ahora no es bueno. ERC y EH Bildu están cerca de descolgarse del apoyo al decreto que deroga en parte el modelo laboral instaurado por el PP. Sus desmarques, que la formación abertzale va a exponer públicamente a finales de mes mediante una manifestación (una manera de decir a Yolanda Díaz que el respaldo social del que habla no es compacto, al menos entre la izquierda vasca), van a ser significativos porque descompone un bloque que siempre respondía en los momentos críticos, como pudo comprobarse en la aprobación de los presupuestos de este año.

Pero ocurre que la reforma laboral es uno de esos momentos críticos de la legislatura, y obviamente, del Gobierno progresista que forman PSOE y Unidas Podemos. Antes de aliarse en el poder ejecutivo, las dos formaciones abanderaron la derogación del sistema laboral de 2012, que Mariano Rajoy impuso sin despeinarse porque su partido tenía entonces 186 diputados, una tremenda mayoría absoluta. Esa bandera la ondearon Pedro Sánchez y Yolanda Díaz junto a sus aliados del Congreso, en especial Esquerra, que lleva tiempo reivindicando esto. También EH Bildu, y por ello, su portavoz, Mertxe Aizpurua, pactó con Adriana Lastra en abril de 2020 la derogación íntegra de ese modelo del PP.

El descontento es considerable, también el desencanto. Ni los independentistas catalanes ni los vascos creen que el rechazo sea una traición a sus votantes. En ERC han calculado las consecuencias de esa hipótesis entre sus simpatizantes y no le salen lesiones graves, más bien al contrario. Fuentes de este partido indican que la clase trabajadora de la Gran Barcelona, por ejemplo, o de zonas de Lleida y Tarragona, en donde la formación se ha ido haciendo cada vez más fuerte, no van a tener problemas para comprender y hacer suyas las razones de un eventual voto en contra. El mero enunciado puede dar alas incluso a esta masa social que combina con la misma intensidad la conciencia de clase con la identidad catalana. Explicar que este acuerdo con empresarios no mejora las condiciones de los trabajadores ante despidos o que no hace nada por remediar la contratación parcial es relativamente sencillo.

En EH Bildu, salvo sorpresa, se da por hecho el "no". El diputado Oskar Matute reveló en su perfil de Twitter, hace un par de días, que el miércoles pasado transmitió al secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Díaz en la negociación, que la posición de su partido no ha cambiado sencillamente porque nada ha cambiado del decreto. Aizpurúa, en la misma red social, puso énfasis en recalcar que engañará quien diga que hay avances o aproximaciones. De momento, no existen, y entre las filas de este partido empiezan a hacerse a la idea de que no los habrá. Al igual que ERC, da casi por descartado que el voto en contra magulle su base social y su sustento electoral. La manifestación del día 30, organizada por sindicatos de Euskadi, será una oportunidad inmejorable para exhibir ese músculo.

Asimismo, fuentes de este sector indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que siguen trabajando en la constitución de un frente común que lidere la reprobación del decreto. No está ultimado y puede que no lo formen los partidos que inicialmente lo tantearon. Más País y Compromìs se han descolgado, pero los contactos continúan porque según pasa el tiempo, en vez de flaquear, el rechazo se está haciendo más consistente.

¿Consecuencias para la segunda mitad de legislatura?

Cuenta una diputada de uno de los partidos de la izquierda, que prefiere que no conste su nombre, que se entienden las reticencias de los independentistas catalanes y vascos, ya que unos y otros han optado por practicar el pragmatismo en el Congreso y dar prioridad a la agenda social, dejando en un segundo plano, aunque permanente, la reclamación territorial. Han proclamado junto a socialistas y "morados" la necesidad de la derogación, y a pesar de esto, se encuentran ahora que en el decreto acordado con sindicatos y empresarios no han pintado nada. La diputada apuesta que ERC y EH Bildu votarán en contra del decreto cuando llegue el momento de convalidarlo, dentro de una semana.

"Pero será una ruptura coyuntural porque la alternativa es peor, la de la derecha. Creo que tras el trámite de la reforma laboral volverá la normalidad al bloque de la investidura", zanja.

Es una impresión generalizada, lo que lleva a observar con prudencia las desavenencias de estos días, que han salpicado incluso a la ministra de Trabajo, la figura de moda en el mundo político de la izquierda. Entre las fuentes consultadas reina la impresión de que el decreto de la reforma laboral saldrá adelante; el debate es con quiénes. Previsiblemente, dadas las circunstancias actuales, con Cs, PNV y PDeCAT. El eventual respaldo del partido de Inés Arrimadas genera controversia y es comprensible caer en la tentación de augurios funestos sobre el futuro de la legislatura. Aunque los nacionalistas vascos y catalanes han participado en el respaldo de algunas de las leyes más emblemáticas del Ejecutivo, resulta claro el viraje político si se cumple la combinación. El partido liberal lo condiciona todo.

Las fuentes del sector soberanista confían, sin embargo, en que no haya un cambio de rumbo en las preferencias del Gobierno, entre otras cosas porque sería como enmendar el sello ideológico de lo hecho hasta la fecha. Lo más probable, y aquí coinciden, es que después del encontronazo por la reforma laboral, si es que se consuma, venga un periodo de distensión. No será sencillo porque entrarán en el Congreso leyes que no gustan al grupo más a la izquierda de la izquierda, casos de la legislación de vivienda, memoria democrática o audiovisual.

El miedo a la derecha volverá a unir

Afirma un diputado en permanente contacto con el Ejecutivo que el futuro de la legislatura dependerá del Gobierno y sólo del Gobierno. "Nosotros somos muy conscientes de la alternativa", añade.

La alternativa son PP y Vox. Las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero pueden agrandar la sombra de la derecha, que ya es imponente porque la abundante demoscopia electoral de estos tiempos, salvo el CIS, colocan a los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal con claras opciones de gobernar.

La influencia del ciclo electoral que abrirán los castellanoleoneses por culpa de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, será incuestionable. Porque tras estos comicios se celebrarán los de Andalucía, seguramente después de las fechas de Semana Santa, del 10 al 17 de abril, y posiblemente en junio. Las esperanzas que el PSOE va a poner en estos últimos marcarán la trayectoria de Pedro Sánchez, al menos a lo largo de la primera mitad del año. Como quiera que en Andalucía el votante socialista es remiso a pactos y connivencias con el independentismo, hay fuentes que no descartan un volantazo a posiciones más centradas o moderadas.

Sin embargo, haya elecciones o no las haya, haya muchas, pocas o ninguna, la clave está en comprender que si la mayoría de izquierda se solidifica en el Congreso y pone velocidad a las leyes pendientes, la ciudadanía progresista tendrá motivos para seguir apostando por esa misma mayoría cuando tenga las urnas delante. Es la conclusión de varios diputados consultados, que repiten siempre que tienen ocasión.

Tres decretos y ocho comparecencias

Todo esto se vivirá durante este martes en el Congreso, por la mañana y por la tarde. Por la mañana porque la Diputación Permanente, el órgano que gobierna la Cámara en periodos inhábiles, y enero lo es, va a debatir las peticiones de comparecencia de ocho ministros, todas del PP. Como el resultado está cantado, es decir, no saldrán adelante casi con total seguridad por cuanto los populares alegan siempre razones de urgencia, lo que no comparte la mayoría, los diputados aprovecharán que llevan casi un mes sin debates públicos para cruzarse todos los reproches pendientes.

Y por la tarde porque la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado un pleno extraordinario para convalidar o derogar tres decretos leyes: sobre el régimen fiscal y económico de Canarias, las ayudas a la isla de La Palma y la prórroga de las rebajas fiscales a la luz hasta abril. Fuentes socialistas señalan a este medio que no peligra ninguno, sobre todo el último, el más controvertido por tener que ver con un foco de desgaste del Gobierno.

Pero batalla política habrá, eso no lo duda nadie. El Congreso vuelve a la rutina en un tiempo decisivo.