Tribunales

La Fiscalía rechaza el intento de siete procesados del caso Lezo de anular ahora el juicio

  • La fiscal Ana Cuenca se opone a adelantar dos años las cuestiones previas del juicio sobre la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II

  • Los abogados pretenden que el tribunal decida ya sobre la prescripción de los delitos para evitar que sus clientes estén implicados en un procedimiento penal hasta finales de 2023

Ignacio González, ante Esperanza Aguirre.

Ignacio González, ante Esperanza Aguirre. / JOSÉ LUIS ROCA

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La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al intento de las defensas de siete de los procesados en la pieza separada del caso Lezo, en el que se investiga la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, de que el tribunal decida ahora, dos años antes de que se celebre el juicio, sobre la posible prescripción de los delitos. Así consta en un escrito de 31 de enero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, firmado por la fiscal Ana Cuenca, quien rechaza ante el tribunal la petición de los letrados.

Las defensas que firmaron el escrito el pasado 18 de enero solicitaron a la Sala que se fijara una única sesión de juicio oral con el fin de plantear como cuestión previa la posible prescripción. Basaban su petición en que, dado que por razones de carga de trabajo no es posible señalar este juicio antes de finales de 2023, si se estimara su pretensión el tribunal no tendría que celebrar el resto del mismo. 

"Resulta llamativo que las defensas silencien que esta misma petición ya la plantearon en sus recursos de apelación interpuestos contra el auto de procedimiento abreviado que fueron desestimados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dato relevante que evidencia que no concurren de forma diáfana esos presupuestos fácticos y jurídicos exigidos por nuestra jurisprudencia para resolver sobre la prescripción sin celebrar el juicio oral", lamenta la fiscal en su escrito dirigido a la Sala.

"Resultaría prematura"

En el documento, Ana Cuenca defiende que los delitos que se imputan a los acusados en esta causa impiden valorar anticipada y aisladamente la prescripción: "Cualquier decisión que se tomara sin entrar en el fondo del asunto resultaría prematura y vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, más aún considerando que, entre otros, se formula acusación por un delito de malversación de caudales públicos agravado", completa.

En el caso de este último delito, el de la malversación agravada, Cuenca recuerda que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya rechazó en el pasado decretar la prescripción. Y tomó esa decisión porque los hechos que se imputan a uno de los implicados, en concreto al expresidente de Adif Juan Bravo Rivero, podrían ser enmarcados en el tipo agravado de malversación en atención a la cuantía de lo supuestamente malversado, cuyas elevadas penas conllevan un plazo de prescripción de 15 años.

No han transcurrido 15 años

En concreto, la compra de Inassa por la empresa del agua de la Comunidad de Madrid tuvo lugar el 20 de febrero de 2002 y la fecha de admisión de la querella el 15 de julio de 2016: "Con lo que al iniciarse este procedimiento no habían transcurrido los 15 años de prescripción aplicables al nombrado tipo penal…”, completa la fiscal Cuenca, que transcribe la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

"En consecuencia, la petición de las defensas, formulada so pretexto de aliviar una agenda judicial de la que no pueden disponer, resulta improcedente", concluye la fiscal que se opone a que se fije una única sesión de juicio oral para, sin entrar en el fondo del asunto, plantear como cuestión previa la prescripción de los delitos, tal y como pedían las siete defensas.

En sentido contrario a las conclusiones de la fiscal, los abogados consideran que al adelantar las cuestiones previas se garantizaría el derecho de sus clientes a que el juicio se celebre en el plazo más razonable posible: "Lo que evitaría que estén vinculados a un procedimiento penal durante otros dos años adicionales (que se deben sumar a los más de cuatro años que lleva abierto el presente procedimiento) cuando esa situación podría ser evitable", dicen de forma literal las defensas en el escrito de 18 de enero de 2022.

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