Audiencia Nacional

La trama Lezo se valió de un excargo de Aguirre para ocultar la mordida del tren de Navalcarnero

  • La UCO descubre que el exconsejero de la empresa de informática de la Comunidad de Madrid (ICM) Cándido Cerón está vinculado con la sociedad que entregó 1,5 millones a lldefonso de Miguel

  • Este excargo del Gobierno madrileño fue directivo de la firma Avanzit, en la que también tuvo cargos directivos Adrián de la Joya, el intermediario que recibió 1,7 millones de OHL México

En primera fila Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid

En primera fila Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid / Juan Manuel Prats

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Los implicados en el "caso Lezo" se valieron de tres empresarios, entre ellos un excargo del Gobierno de Esperanza Aguirre, para ocultar el cobro de la mordida de 1,7 millones de euros que recibieron presuntamente de la constructora OHL a cambio de obtener la adjudicación para la construcción del tren entre los localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero. Esa es la principal conclusión que traslada un informe de 1 de octubre elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De esta forma, los agentes consiguen relacionar los 1,7 millones de euros (2,5 millones de dólares) que envió la multinacional española desde México a una cuenta del empresario Adrián de la Joya, en Suiza, con otras tres transferencias que recibió el exdirectivo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, considerado uno de los hombres de la máxima del expresidente madrileño Ignacio González, quien supuestamente era el receptor final de la comisión.

En concreto, la UCO ha hallado "la vinculación entre uno de los beneficiarios reales de esta cuenta y Adrián de la Joya que podría dotar de sentido la conexión temporal entre los pagos de OHL y los de Hanalei Holdings a Ildefonso de Miguel en la cuenta que controlaba mediante la empresa Surtain Trading INC en Suiza; así como la conexión con las informaciones iniciales que situaban a De Miguel como uno de los destinatarios de la comisión", especifican los agentes en su oficio policial dirigido al juez que investiga el 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

Tres fundaciones

La documentación facilitada por Suiza pone de manifiesto, en este sentido, que las personas que controlaban la sociedad panameña Hanalei Holdings, que envió las tres últimas transferencias a Ildefonso de Miguel, eran tres ciudadanos españoles, que utilizaban cada uno una fundación radicada en Liechtenstein. Se trata en concreto de Jesús Gil Pérez (Fundación Gibis); Heraclio López Sevillano (Fundación Cetif) y Cándido Cerón Escudero (Fundación Comedien). Este último fue ex consejero delegado de la empresa pública Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), implicada en la presunta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre.

El nombre de Cerón Escudero ya había aparecido en otra causa de corrupción del PP madrileño, en este caso en la 'Operación Púnica', ya que la investigación judicial logró descubrir que este había adjudicado desde la agencia pública ICM tres contratos por un valor de 3,87 millones al Grupo Avanzit, del que había sido consejero delegado y presidente el propio Cerón Escudero. También mantuvo cargos en esta firma otro de los implicados en el pago del tren de Navalcarnero: Jesús Gil Pérez.

Precisamente esta empresa sería el vínculo, según destaca la UCO de la Guardia Civil, entre los empresarios que realizaron el pago final de 1,5 millones a Ildefonso de Miguel, y los 1,7 millones abonados por OHL a la firma Lauryn Group, de Adrián de la Joya, ya que este último también también habría sido vicepresidente y consejero delegado de Avanzit.

"Una operativa de blanqueo"

"Indiciariamente, podría tratarse de una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de OHL, que recibió el intermediario Adrián de la Joya, y que este podría haber compensado de algún otro modo a los beneficiarios reales de la cuenta de Hanalei Holdings INC, atendiendo a los vínculos profesionales que unían a Adrián de la Joya, Jesús Gil Pérez y Cándido Cerón Escudero", destaca el oficio de la Guardia Civil de 1 de octubre.

Por eso los agentes concluyen que a pesar de que la conexión de las transferencias está todavía por confirmar, "lo cierto es que la suma de las tres transferencias da un resultado próximo al importe recibido por Adrián de la Joya, concretamente hay una diferencia a favor de él de 154.720 euros, compatible con el beneficio que podría haber obtenido este por intermediar y prestar su estructura societaria en la operación".

Precisamente De la Joya es uno de los procesados en el caso del tren Navalcarnero por "hacer llegar" en noviembre de 2007 a Ildefonso de Miguel "fondos en efectivo" procedentes de OHL en México. La Fiscalía Anticorrupción le pide por ello tres años y seis meses de cárcel.

Sin embargo, en el auto el juez García Castellón apuntaba en ese momento que no había sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones" entre De Miguel e Ignacio González. A raíz de este nuevo informe de la UCO, el magistrado García Castellón acordó ampliar una nueva comisión rogatoria a Suiza para obtener más información sobre las transferencias de dinero.

De la Joya se opone a la comisión rogatoria

La reacción de Adrián de la Joya no se ha hecho esperar. El pasado 11 de octubre presentó un recurso ante el propio instructor al considerar que su decisión de pedir más información a la Confederación Helvética es nula de pleno derecho, ya que considera que se ha adoptado una vez concluida la instrucción, por lo que defiende que el Juzgado "carece de competencia funcional y objetiva para acordar nuevas diligencias de investigación".

De la Joya cree, además, que el magistrado no ha actuado de forma coherente, ya que considera que tendría que haber decidido que fuera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que le va a juzgar, "la que se pronunciase sobre si debe remitirse esta nueva ampliación de la Comisión Rogatoria Internacional a Suiza".

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