'Caso Lezo'

La Policía Científica identifica a un excargo del PP que pidió 400.000 euros "para las elecciones europeas"

  • Un informe técnico elaborado por dos funcionarias confirma que la voz de la declaración del exdirector del Puerto de Melilla coincide con la del político que reclamó una mordida a OHL

  • La UCO descubrió grabaciones de un exdirectivo de la constructora española en las que José Luis Almazán Palomino advierte de la necesidad de "darle un gusto" a sus jefes del PP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

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La Policía Científica ha identificado al exdirector del Puerto de Melilla y exsecretario de Desarrollo Económico del PP de la Ciudad Autónoma José Luis Almazán Palomino como el político que exigió a un exdirectivo de la constructora OHL el pago de una mordida de 400.000 euros para las elecciones europeas de 2009, según consta en un informe pericial de 16 de septiembre, incluido en la pieza separada número ocho del ‘caso Lezo’, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Este trabajo fotométrico elaborado por dos funcionarias de la Sección de Acústica Forense de la Comisaría General de Policía Científica fue entregado el pasado 24 de septiembre al juez Manuel García Castellón, que mantiene imputado en el 'caso Lezo' al que fuera director del Puerto de Melilla entre los años 2004 y 2012.

Las agentes llegan a esta conclusión tras comparar las voces obtenidas en la declaración que prestó como investigado Almazán Palomino en junio de 2019 en el Juzgado Central de Instrucción, con las grabaciones que escondía en su casa el ex directivo de OHL Paulino Hernández Ros en las que conversaba con un directivo del Puerto de Melilla. Y tras analizar ambos audios, la Policía Científica ha confirmado que "existe un alto nivel de similitud".

"Una turbulencia peculiar"

Al realizar el estudio fonoarticulatorio y lingüístico las agentes han descubierto que las voces coinciden en el timbre, el tono y la velocidad de elocución, pues las dos reflejan un habla atropellada. En los audios el autor desarrolla un habla titubeante, una imprecisión articulatoria y "una turbulencia peculiar en la realización del sonido fricativo de la /S/, que no es normativa en cuando a la salida del aire", prosiguen las funcionarias que finalizan su trabajo asegurando que las voces se sitúan en "el nivel de identificación".

El informe técnico concluye, una vez finalizados "los estudios y análisis realizados en el trabajo pericial”, que las voces tomadas durante la declaración como investigado de este excargo del PP de Melilla, y la del político de esta ciudad autónoma que hablaba de la presunta comisión para las elecciones europeas de 2009, son de la misma persona: José Luis Almazán Palomino.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió durante el registro de la vivienda del exdirectivo de OHL Paulino Hernández Ros un total de 23 grabaciones en las que este último mantenía conversaciones con políticos de diferentes partidos, de las que se desprenden diferentes delitos, según la Fiscalía Anticorrupción. Entre estos cargos aparecía supuestamente Almazán Palomino, cuya identidad ratifican ahora las funcionarias de la Policía Científica.

Tal y como adelantó la 'Cadena Ser', en una de las conversaciones registradas el exdirector de la Autoridad Portuaria de Melilla se dirigió al directivo de la constructora de Juan Miguel Villar Mir, que se encargaba de la ampliación del puerto, para pedirle dinero para el partido. Y según la declaración, de forma literal dijo: “Para tirar por la calle del medio necesito dos cosas: darle un cierto gusto a mis jefes y tienes que contar con 400.000 euros para las europeas del PP. Yo soy un equilibrista, necesito darle cierto gusto a todo el mundo".

5,9 millones en Melilla

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga por un delito de cohecho la mejora del calado del muelle Ribera II en el puerto de Melilla, adjudicado en 2007 a una de las filiales de OHL en 2007 por 5,9 millones de euros.

Y estas pesquisas forman parte de la pieza separada número ocho, sobre la constructora OHL, en la que se analizan otros contratos de obra pública adjudicados a la multinacional española en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014.

Anticorrupción sospecha que estos contratos podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor inicial de 38,6 millones de euros, según la contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio de Paulino Hernández Ros.

La Fiscalía y la Guardia Civil consideran que indiciariamente los hechos investigados podrían revelar una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional".

González y Cavero siguen imputados

Por otra parte, el juez García Castellón ha vuelto a rechazar el sobreseimiento libre de la acusación por un delito de blanqueo de capitales del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, según consta en un auto de 4 de octubre.

El instructor vuelve a reiterar esta decisión de acuerdo con la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba necesario ampliar dos meses las pesquisas para así poder analizar nueva documentación recibida en agosto pasado de las autoridades suizas.

Precisamente, en junio pasado García Castellón dictó la apertura de juicio oral para el expresidente madrileño Ignacio González por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Comunidad de Madrid) en 2007.

Un plan ideado por López Madrid

La adjudicación, según recoge el juez en su auto, "obedeció a un plan ideado" por el exdirectivo de OHL Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, y Martín de Nicolás, que incluía destinar 2,5 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) "al abono de una ilícita comisión".

Este dinero habría sido transferido desde una cuenta de OHL en México con destino a otra del empresario Adrián de la Joya, que en su declaración reconoció que ese dinero tenía como destino, en un primero momento, el exdirector del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, que a su vez tendría que haberlo enviado al propio Ignacio González. Sin embargo, De la Joya declaró que se quedó con ese dinero, ya que OHL mantenía una deuda con él desde hacía varios años.

Por este supuesto amaño, la Fiscalía anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel para Ignacio González. Ahora será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que confirme o rechace la intención del magistrado, que también instruye la causa 'Púnica'.

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