INVESTIGACIÓN

Villarejo boicoteó la investigación de la UCO en el caso Lezo para favorecer a un socio

  • El comisario escribió en 2015 en su diario el nombre de los intermediarios de la comisión de 1,7 millones del tren de Navalcarnero, cuya identidad no conoció la Guardia Civil hasta el pasado 1 de octubre

  • "Cándido Cerón es teniente coronel, su socio es Jesús Gil (nada que ver con el famoso) y junto a Ildefonso de Miguel son los que organizaron todos los pagos y comisiones para Ignacio González", redactó el ex mando policial

Villarejo boicoteó la investigación de la UCO en el caso Lezo para favorecer a un socio
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El comisario jubilado José Manuel Villarejo conocía desde agosto de 2015 la identidad de los intermediarios que trasladaron al empresario Adrián de la Joya (socio del comisario) y al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel una presunta mordida de 1,7 millones de euros abonada por la constructora OHL México a cambio de la adjudicación de la obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero (Comunidad de Madrid), según consta en los diarios del polémico ex alto mando. Sin embargo, los agentes de la UCO encargados del caso Lezo no dispusieron de esa información, relevante para conocer el recorrido de la presunta comisión ilegal y poder presentar una acusación contra los implicados, hasta seis años después, en octubre de 2021.

Villarejo escribió en su agenda el 31 de agosto de 2015, justo al lado del apodo "Joy", -con el que de forma habitual se refería a su socio Adrián de la Joya-: "Cándido Cerón es teniente coronel (muy vinculado con CNI), su socio es Jesús Gil (nada que ver con el famoso) y junto a Ildefonso de Miguel son los que organizaron todos los pagos y comisiones para IG", en alusión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Precisamente este excargo del PP siempre ha rechazado haber recibido cantidad alguna por estos hechos.

Pero la UCO solo se enteró de la identidad de los intermediarios tras recibir hace un mes una comisión rogatoria procedente de Suiza que informaba a las autoridades españolas de lo que Villarejo sabía ya desde 2015; que no era otra cosa que las personas que controlaban la sociedad panameña Hanalei Holdings, que fue la que envió las tres últimas transferencias de dinero a Ildefonso de Miguel por la mordida de Navalcarnero, eran Jesús Gil Pérez (a nombre de la Fundación Gibis); Heraclio López Sevillano (Fundación Cetif) y Cándido Cerón Escudero (Fundación Comedien).

Programa espía

Cerón fue ex consejero delegado de la empresa pública Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), implicada en la presunta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre, y según especifica otra anotación del diario de Villarejo "era un militar que participó en los programas espías" que habría desarrollado el Gobierno madrileño para controlar la información de los juzgados madrileños.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tenido acceso a una "Nota Informativa", sin membrete policial, de Villarejo, de 11 de julio de 2011, que fue presentada en el caso del ático de Ignacio González en Estepona. En ella el comisario jubilado explicaba que Cándido Cerón podría estar recibiendo importantes cantidades de dinero en efectivo por el pago de sobornos de los adjudicatarios de proyectos relacionados con la infraestructura informática de la Comunidad de Madrid.

Villarejo relataba después que Cerón se había blindado ofreciendo programas informáticos que permitían controlar los sorteos que adjudicaban los sumarios: "Y de manera remota controlarían los ordenadores de todos los jueces de la Comunidad de Madrid, a los que previamente se les habría dotado de los oportunos programas espías a modo de troyanos", continúa el documento.

"Magnífico trabajo de la Guardia Civil"

Villarejo presentó el 3 de marzo de 2017 una denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, en el que comunicaba haber sido objeto de unas supuestas amenazas. Y en ella aprovechaba para alabar en relación con el caso Púnica sobre la corrupción del Gobierno de Esperanza Aguirre "el magnífico trabajo realizado por nuestros compañeros de la Guardia Civil y que hace casi cinco años ya se conocían, aunque de manera lamentable, sorprendentemente no se investigaron en su día". Y ahí anunciaba su intención de remitir a la jueza del caso del ático, Isabel Conejo, la mencionada nota informativa de 2011, que no informaba que su socio Adrián de la Joya le había informado de su participación en los hechos presuntamente delictivos.

En ese momento Villarejo ya conocía la implicación de De la Joya. Pero lejos de alertar sobre ello a sus compañeros de la UCO, que ya investigaba la corrupción de la Comunidad de Madrid, el comisario escribió en su diario el 11 de abril de 2016 que su intención era "arreglarlo".

Adrián de la Joya es uno de los procesados en la pieza del caso Lezo sobre el tren Navalcarnero. Según el auto de procesamiento hizo llegar en noviembre de 2007 a Ildefonso de Miguel "fondos en efectivo" procedentes de OHL de México. Sin embargo, en la resolución el juez Manuel García Castellón apuntaba que no había sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones" entre De Miguel e Ignacio González.

Recurso de De la Joya

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Tras aportar la Guardia Civil al Juzgado la información de la que ya disponía Villarejo desde 2015, el juez Manuel García Castellón dictó un auto el pasado 7 de octubre en el que reclamaba a Suiza más información sobre los intermediarios de la presunta comisión de OHL a Navalcarnero.

El 11 de octubre De la Joya presentó a la desesperada un recurso en la Audiencia Nacional con el que intenta impedir que se aporte más información al caso al considerar que la decisión del magistrado de reclamarla a la Confederación Helvética es nula de pleno derecho, ya que considera que se ha adoptado una vez concluida la instrucción, por lo que defiende que el Juzgado "carece de competencia funcional y objetiva para acordar nuevas diligencias".