El Congreso cierra la puerta a que el Gobierno disuelva autoridades independientes

Lo que trasciende del Congreso con más estridencia son los debates en el pleno a los que acude Pedro Sánchez y en los que casi siempre reluce una de las palabras de moda: la polarización. Por un lado, el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios. Por otro, la derecha de PP, Vox y Cs. Tan enconadas están las sensibilidades que las posibilidades de que haya un pacto transversal (otra palabra de moda) son reducidas y menguantes. Pero hay una excepción. Puntual y esporádica, pero excepción.

La formación de Inés Arrimadas es claramente la más predispuesta a negociar con el PSOE siempre y cuando sean políticas de Estado las que estén sobre la mesa y no anden cerca ERC y EH Bildu, a los que los liberales no quieren ver ni en pintura. El problema es que sucede lo mismo a la inversa. Pudieron notarse los desprecios cruzados en la negociación de los presupuestos de 2021, hace un año, y todo apunta a que volverán a plasmarse a medida que se acerque la fecha de la convalidación del decreto de la reforma laboral, en lo que los liberales quieren meter baza.

Sin embargo, en las comisiones del Congreso encargadas de sacar adelante leyes despojadas de carga ideológica y de estrategia mediática suceden pactos milagrosos, tal y como están las cosas. La Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática está a punto de alumbrar uno, a tenor de la información recabada de distintas fuentes parlamentarias.

El asunto que está promoviendo el acuerdo es el informe sobre cómo reforzar la imparcialidad e independencia de organismos como la AIReF, el FROB o la CNMC. Será un documento no vinculante, pero de alto contenido político. El texto que ha servido de base se caracteriza precisamente por eso. Lo firman el PSOE y Más País. La subcomisión encargada de integrar en el documento las enmiendas presentadas por los grupos se reunirá por primera vez este martes. Como quiera que las posiciones de partida, cara a un hipotético consenso, estaban más que lejanas, los impulsores del informe han buscado vías de pacto. Han hallado una entre las propuestas de Cs y del PNV.

Resulta que uno de los aspectos del texto más controvertidos otorgaba al Gobierno la potestad de disolver aquellas autoridades independientes cuyos trabajos no se ajustaran a criterios técnicos, que es básicamente su función primordial. Ese extracto del documento levantó ampollas en el PP, en Vox, en Cs y hasta en el PNV, que vieron una extralimitación ostensible. Los populares y los liberales incluso olieron un aire de inconstitucionalidad.

Consciente de ello, el grupo socialista ha planteado una enmienda transaccional a partir de las propuestas de Ciudadanos y del Partido Nacionalista Vasco que deja sin efecto ese extracto. Las fuentes parlamentarias consultadas apostillan que Más País, el otro partido impulsor del informe, estaría de acuerdo. Unidas Podemos, apuntan, no se opondrá tampoco.

Pero antes de continuar, cabe un recordatorio sobre cómo la Comisión presidida por Errejón llegó hasta aquí.

¿Más independencia o injerencia directa?

La Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática tiene un nombre aún más largo. Hay que añadir "de la lucha contra la corrupción y de las reformas institucionales y legales". Los primeros cometidos que se arrogaron sus integrantes, presididos por el líder de Más País, fueron la redacción de dos informes: uno para plantear propuestas que mejoren la independencia y la imparcialidad de los órganos administrativos independientes y otro para reforzar la protección del denunciante de corrupción. Antes del verano de 2021, la Comisión acordó hacerlo consecutivamente y decidió empezar por el de las autoridades.

En verano, el equipo de Errejón se puso en contacto con el del PSOE y empezaron a tejer el informe que habría de fortalecer la imparcialidad de siete organismos. Estos: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).

Quedan exentos órgano reguladores, en especial el Banco de España, del que se destaca en el informe su particular naturaleza jurídica y que el PSOE, aunque Más País no lo ve necesario, quiere reafirmar. En esto ha surgido un punto de fricción entre las dos fuerzas políticas proponentes, ya que para los socialistas resulta pertinente realzar la peculiaridad de la entidad en tanto para que el equipo de Errejón es un extremo que ya está diáfano en el documento.

A finales de noviembre, el documento quedó listo y los portavoces de los grupos en la Comisión lo recibieron. El objetivo era y es reforzar la independencia de los siete organismos, pero no sin limitaciones. A lo largo del texto, que hay que reiterar que es un compendio de propuestas sin alcance legislativo, el énfasis recae en la necesidad de un mayor control parlamentario, y por ello, una de las novedades radica en la reconfiguración de la Comisión de Nombramientos.

Este instrumento parlamentario es el que el reglamento tipifica para que el poder legislativo dé su visto bueno a las propuestas de nombramientos del Gobierno o de los partidos. Por ejemplo, los aspirantes a formar el cupo de magistrados del Tribunal Constitucional asignado al Congreso, cuatro, pasan por esta Comisión, como pudo comprobarse en noviembre cuando el más polémico, Enrique Arnaldo, se enfrentó a las preguntas de los diputados. A decir verdad, se enfrentó a las del socialista Odón Elorza, airado por el perfil del candidato, muy vinculado al PP.

Pasaron por la Comisión los vocales de la Junta Electoral Central cuyas designaciones dependen de acuerdos previos parlamentarios y pasarán los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial si es que alguna vez PSOE y PP se ponen de acuerdo, lo que no parece probable.

PSOE y Más País reconocen en el informe que estas audiencias, meramente protocolarias, no son muy exigentes, nada que ver con los "hearing" de las comisiones del Senado de Estados Unidos, el espejo en el que quieren fijarse. Esta remozada Comisión de Nombramientos, además de exámenes más severos, vigilaría acciones y códigos internos elaborados 'ex profeso'. Habría uno sobre infracciones y otro sobre sanciones.

Otras propuestas son alargar los mandatos de las presidencias a seis años, establecer mayorías reforzada en las Cortes para que los nombramientos sean efectivos o abogar por concursos públicos previos a las designaciones del Gobierno.

La protesta del PP

Además de un mayor control parlamentario, PSOE y Más País hicieron hincapié en la relación que tales autoridades deben tener con los gobiernos de turno. Aunque lo dejan todo en un plano difuso, hay párrafos en el texto que pueden suscitar preguntas y varias dudas.

En uno de ellos, tras fijar los criterios técnicos en los que debe sustentarse la creación de una autoridad independiente, lo que los proponentes dejan claro que persigue la erradicación de cualquier intencionalidad política, PSOE y Más País señalan que la "decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo, que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo". Más adelante se desarrolla esto sin concreción, únicamente se habla de regular las creaciones "en función de las necesidades del momento", pero la frase sirvió para que el PP elevara el volumen de la queja.

Los populares, de hecho, plantearon en sus enmiendas directamente las supresiones de los episodios en los que el informe desmenuza los fundamentos para la creación de los órganos independientes y la legitimidad democrática de los mismos. Cs y Vox, sin llegar a tanto, solicitaron la supresión del fragmento.

El partido de Pablo Casado, con todo, ha sido el que con más vehemencia se ha opuesto al informe hasta el punto de advertir de que lo llevarían a la UE en caso de que fuera aprobado sin cambios.

El acuerdo que niega tanto poder al Gobierno

Sobre la base de la enmienda de Ciudadanos, en cuya redacción ha jugado un papel protagonista el portavoz, Edmundo Bal, y sobre las aportaciones del PNV, el grupo socialista ha planteado una enmienda transaccional en la que esa potestad del Gobierno es eliminada. Se mantiene la relevancia de los criterios técnicos, pero no con carácter de exclusividad, sino como factor predominante.

"Además de estar motivada, la creación de administraciones independientes debe estar materialmente limitada a aquellos ámbitos en los que efectivamente sea recomendable adoptar decisiones con base a criterios predominantemente técnicos. De lo contrario, se estaría creando un espacio en el que una autoridad toma medidas con discrecionalidad política sin contar con la legitimidad con que cuenta el Gobierno. El ejercicio de independencia no puede obviar que se trata de órganos administrativos". Éste es el acuerdo que previsiblemente vea la luz este martes, una vez unidos en él PSOE, Cs y PNV.

Más País, cuentan las fuentes del Congreso, estaba de antemano a favor de la erradicación de dicho precepto. No influye en el cuerpo argumental principal: reforzar la imparcialidad de las autoridades y su independencia, pero con límites incardinados en la acción del Parlamento.

Porque este martes, tras el aplazamiento de la sesión de diciembre por varias ausencias (efectos de ómicron), la subcomisión se propone ultimar los dos primeros títulos. En una sesión posterior rematarán el informe.

Durante el trámite, ha llamado la atención la ausencia de Unidas Podemos. Fuentes parlamentarias vieron en la presencia protagónica de Errejón el motivo de su inacción. En el grupo "morado" niegan tal motivación. De hecho, es más que probable que apoyen el informe.