EN EL CONGRESO

PSOE y Más País quieren que una nueva comisión 'vigile' las gestiones de la CNMV o la CNMC

  • La Comisión sobre la calidad democrática analizará este miércoles un informe sobre la imparcialidad de las autoridades independientes, ya pactado por Más País, formación que de la mano de Íñigo Errejón ejerce la Presidencia de dicha Comisión, y los socialistas. Los firmantes esperan el apoyo de Unidas Podemos

PSOE y Más País quieren que una nueva comisión 'vigile' las gestiones de la CNMV o la CNMC
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Los presidentes de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrán que ser más cuidadosos en sus decisiones si sale adelante, como parece que será, una propuesta del PSOE y de Más País. Ambos partidos han suscrito un informe provisional sobre cómo estrechar la vigilancia de las autoridades independientes, y entre las ideas que barajan está la de crear una nueva comisión parlamentaria que haga audiencias más exigentes a los candidatos a presidir tales organismos y que efectúe un seguimiento más exhaustivo de sus gestiones.

Así consta en un documento que firman el PSOE y Más País y que, según indican fuentes parlamentarias conocedoras de las conversaciones, podría suscitar el apoyo de Unidas Podemos y de ERC. Este miércoles se sabrá porque la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática se va a reunir con el fin de configurar el texto que sirva de base al informe definitivo sobre la imparcialidad de las autoridades independientes del Estado, es decir, las comisiones antes mencionadas, la Agencia Española de Protección de Datos, la AiRef o el Consejo de Seguridad Nuclear. Las fuentes parlamentarias consultadas no concretan aún si el Banco de España, como órgano supervisor, también se verá afectado. Hay que esperar a la redacción final.

Iñigo Errejón e Inés Sabané en los pasillos del Congreso.

/ EFE

Los "hearings" de Estados Unidos

El texto que firman el PSOE y Más País, al que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, apuesta claramente por otorgar a las Cortes Generales un papel más activo en la designación de los presidentes/as de las autoridades independientes y en la fiscalización de sus actuaciones. El modelo a seguir es el de los "hearing" de Estados Unidos, "donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas", señalan los autores del informe provisional.

Según consta en la propuesta, se trata de usar la Comisión de Nombramientos actual y reforzar sus funciones hasta renovarla por completo. La Comisión ya existe; es la que examinó las idoneidades de Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez para ser nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Como se vio entonces, los diputados formulan una serie de preguntas, los aspirantes las contestan y la propia Comisión redacta el criterio de idoneidad. Basta con que una mayoría avale los nombramientos para que se hagan efectivos.

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso.

/ J. L. ROCA

En su nuevo papel, la Comisión Consultiva de Nombramientos, que así se llamaría, se encargará no sólo de emitir estos dictámenes, sino además de "controlar la labor de dichas autoridades y elaborar los códigos éticos de cada organismo". Asimismo, al ver fortalecidas sus funciones, llevará a cabo audiencias previas para el plácet a los candidatos muchos más severas y ambiciosas.

Normas de comportamiento y sanciones

Tal y como reconoce el informe, ya existe un estricto régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses. No obstante, PSOE y Más País abogan por introducir cambios que redunden en más transparencia. Una de ellas consiste en la obligación de hacer constar las reuniones que los máximos responsables de las entidades reguladoras celebren con autoridades de las entidades reguladas.

Otra sugerencia alude al diseño de un mecanismo más taxativo de controles internos y externos, lo que se apoyaría en gran medida en la elaboración de códigos conducta. Aquí entraría la Comisión parlamentaria cuya existencia quieren impulsar PSOE y Más País. Derivarían de ambas iniciativas un régimen de infracciones y otro de sanciones, "de tal manera que su incumplimiento acarree una consecuencia jurídica en forma de sanción después de un debido procedimiento sancionador con todas las garantías de defensa y regulado por ley".


/ EPE

Mayoría cualificada en la Cámara Baja

Excelencia y profesionalidad son los requisitos que se demandan para nombramientos de alto nivel como los comentados. En el informe PSOE y Más País no discuten ni cuestionan la potestad del Gobierno para ello, ya que es el principal órgano del Estado que emana de la soberanía popular representada en el Congreso. Ahora bien, del mismo modo que la Cámara fiscaliza la acción del Ejecutivo, diversos órganos parlamentarios han de asumir la fiscalización de autoridades independientes y de órganos reguladores.

Consideran los firmantes, sin embargo, que "los requisitos actuales son excesivamente laxos". Los que atañen a las autoridades de dichos órganos parlamentarios. Para solapar estos agujeros, el informe apuesta por la apertura de concursos públicos previos al nombramiento, lo que articularía el Ministerio concernido. Ya ocurre con la Agencia Española de Protección de Datos.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet

/ Emilio Naranjo

Además de la implicación activa de la Comisión parlamentaria, PSOE y Más País impulsarán que los informes de idoneidad no prosperen con mayorías simples, sino con mayorías cualificadas, es decir, con porcentajes estipulados de antemano. Por ejemplo, las renovaciones de los órganos constitucionales necesitan el "ok" de tres quintos del Congreso y del Senado.

Los mandatos de las máximas autoridades serían de seis años, como el que ostenta el gobernador del Banco de España, sin ir más lejos.

Plantillas y financiación adecuadas

Las autoridades independientes, debido a las funciones que ejercen, que es la de marcar contornos objetivos para la toma de decisiones en determinadas materias, como la monetaria o la de la competencia empresarial, de forma que se escabullan de motivaciones partidistas, han de contar con una estructura adecuada, tanto en cuanto al número de trabajadores como a la financiación que reciban.

Pero, como novedades, PSOE y Más País proponen dotar a estas autoridades de cuerpos de letrados específicos (no pueden recurrir a los abogados del Estado) y eliminar los recursos de alzada ante la administración general.

Diferencias políticas en los trabajos

Indican fuentes parlamentarias que han participado en los trabajos previos que el documento lo ha impulsado el presidente de la Comisión de la auditoría democrática, el líder de Más País, Íñigo Errejón. Ya en el verano, tras los trabajos de una subcomisión creada precisamente para analizar una mejora de la imparcialidad e independencia de los órganos reguladores, empezó a escribirlo y hace unas semanas lo puso en manos del PSOE para que diera su visto bueno. Lo ha dado.

Vista aérea del hemiciclo del Congreso de los Diputados

/ Europa Press/Marta Fernández Jara

Había expectativas en formaciones de la oposición, como el PP o el PNV, de que la construcción del informe fuera más coral, pero al final tendrá una base previamente pactada por Más País y por el principal grupo parlamentario, el del PSOE. Las diferencias políticas relucirán este miércoles, aunque no será la primera vez. Ya para la definición de los comparecientes en la subcomisión el PSOE y Unidas Podemos vetaron la asistencia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente.

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