El PP libra en soledad la batalla de los órganos independientes del Estado

La semana que acaba es por desgracia habitual en el Congreso. Unos minutos de ruido ensordecedor han bastado para silenciar y ocultar horas y horas de trabajo legislativo. Son días a pleno rendimiento porque los diputados, como siempre cuando se acerca el final del año, se enredan en maratonianas reuniones y en larguísimas votaciones para aprobar los textos que serán la base de futuras leyes.

Un "qué coño tiene que pasar" y un "asqueada" o "descompuesta" (a saber cuál fue el término) han desplazado a un rincón muy pequeño a, por ejemplo, la ponencia de la Comisión de Transición Ecológica que ha dejado casi hecha la nueva ley de residuos, que es clave en el moderno engranaje medioambiental que la UE exige a los Estados miembros. O a la ponencia que dio el "ok" a la ley para la mejora de la protección de los huérfanos/as víctimas de la violencia machista, que aumenta el radio de ayudas a los niños y niñas cuyas madres son asesinadas.

En el Congreso, durante la semana, se libran numerosas batallas políticas que pasan desapercibidas. Son las ponencias y las comisiones o las subcomisiones. Una nueva de estás últimas se creó el miércoles: la destinada a plantear medidas que refuercen la independencia de las autoridades independientes y órganos reguladores. Son siete actualmente: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).

Sobre esas entidades ha estallado en el Congreso una sigilosa batalla, aunque desigual. Por un lado, el PP, que ve en la subcomisión y en el informe que usará como base de trabajo un intento del PSOE y de Más País de apropiarse de estos organismos; por otro, el PSOE y Más País, que creen que hace falta una revisión de la relación con dichos órganos; por otro, Cs, Vox, PNV o ERC, que intentarán a través de enmiendas mejorar el documento; y por último, Unidas Podemos, que no se sabe qué quiere.

El encono con el que los populares han aterrizado en la subcomisión resulta llamativo. Una frase de redacción alambicada demuestra, a juicio de fuentes del grupo que dirige Cuca Gamarra, que los socialistas están decididos a minar la independencia de autoridades cuya esencia es precisamente ésa: la independencia.

"El ejercicio de su independencia -de las siete agencias enumeradas antes- no puede afectar a que se trata de órganos administrativos, cuya decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo, que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo". Ésta es la frase.

Para las fuentes del PP, en el pasaje queda claramente dibujada la pretensión de los socialistas de estrechar al máximo la autonomía con la que deben operar la AIReF o la CNMC. Se plantean incluso que el Gobierno pueda acabar con dichas entidades. Es un mensaje letal de puertas adentro y de puertas afuera, concluyen.

Aunque la subcomisión pretende redactar un informe, y por consiguiente, ilustrar una serie de propuestas eminentemente políticas, los populares advierten de que un documento así, aunque carezca de influencia legislativa, transmitiría a la UE una imagen muy nociva, la de un Estado en que ni el Consejo General del Poder Judicial ni órganos encargados de regular las normas de funcionamiento de los mercados gozan de la necesaria independencia.

Preguntadas por esta visión, fuentes que han redactado el informe expresan su perplejidad. Las críticas del PP están tan fuera de contexto que aconsejan responderlas con la literalidad del informe. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA avanzó su contenido antes de que saliera a la escena mediática este debate sobre un supuesto ataque a la independencia de las agencias reguladoras.

En resumen, PSOE y Más País han planteado a los demás grupos un documento que pretende reforzar el control parlamentario de dichos organismos, para lo que se podría revisar el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos. En vez de un foro parlamentario por el que desfilan los candidatos a dirigirlos para someterse a las preguntas de los diputados, preguntas generalmente descafeinadas, sería un foro de investigación y examen, en una suerte de imitación de los "hearings" que hace el Senado de Estados Unidos. Asimismo, se encargaría de elaborar códigos éticos aplicables a tales cargos.

La vigilancia sobre lo que hacen los dirigentes de las autoridades independientes sería más férreo, tanto desde fuera, desde el Congreso, como desde dentro, a través de los citados códigos. Para esquivar conexiones con los mandatos del Gobierno de turno, legislaturas de cuatro años, la duración de los puestos sería de seis años, como en el caso del gobernador del Banco de España.

Es cierto que el informe reserva al Ejecutivo la potestad del nombramiento, aunque lanza como recomendación que sea tras la apertura de un concurso público. Por lo que aboga es por construir alrededor de dichas autoridades un control que evite que se extralimite en sus funciones, dejando latente la potestas de disolver los organismos si así fuera. En concreto, los autores mencionan la "discrecionalidad política" en la toma de decisiones, lo que rechaza. Las decisiones, como órgano reguladores, ha de sustentarse en criterios técnicos.

Con estos ánimos fueron los grupos a constituir la subcomisión y a celebrar la primera sesión, pero, como informan fuentes parlamentarias, no pudo hacerse debido a la ausencia de varios diputados.

Las fuentes consultadas subrayan que en los planes del PSOE y de Más País, que es el partido que, a través de Íñigo Errejón, ostenta la Presidencia de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática (que cobija a la subcomisión de las autoridades independientes), se encuentra la asunción de varias enmiendas, incluso algunas de Cs. Son enmiendas, afirman, que, aunque en antípodas ideológicas, denotan un afán constructivo. También las de ERC o PNV, incluso las de Vox. Las del PP, no obstante, muestran otro camino: la de dilatar los trabajos, la de obstaculizarlos, pues creen que atentan contra las autoridades independientes. En eso seguirán, aunque se queden solos.