PSOE y Podemos impulsan en el Congreso el fin del monopolio del cubo amarillo

Vas al supermercado, compras para toda la semana, regresas a casa y recoges las cosas. Para cuando acabes, la bolsa de basura de los envases ya estará llena. La cierras, vuelves a la calle y tiras la bolsa al contenedor amarillo, a unos metros del portal. Así todas las semanas, todo el año, cada año. Al contenedor amarillo.

Este color, gracias a Ecoembes y al entramado que ha logrado instalar en España, se ha convertido en parte de la rutina de los ciudadanos. Su cometido es clave, o al menos el motivo por el que se ideó y se distribuyó por el país: reciclar el plástico y evitar que contamine. Sin embargo, parece que no es eficaz. Entre las exigencias redobladas de la Unión Europea, la mayor sensibilización social y la propia configuración del Parlamento, los objetivos para conseguir un medio ambiente saludable han puesto en cuestión el funcionamiento y utilidad del contenedor amarillo.

La demostración palmaria será la nueva ley de residuos y suelos contaminados, que el Congreso está a punto de aprobar. El Gobierno envió el proyecto a la Cámara en mayo con un retraso considerable. Es una de esas normas que la Unión Europea ha pedido poner a punto cuanto antes. Como la demora ha sido importante, los plazos se han contraído. La ponencia creada en el seno de la Comisión de Transición Ecológica ha aprobado ya el dictamen, que será ratificado la semana que viene. Luego tendrá que ir al pleno. Si hay sesión los días 28, 29 y 30 es probable entonces la ley dé su último paso en el Congreso.

La norma actualiza a sus predecesoras; será más ambiciosa, en consonancia con los tiempos. La redacción que desembarcó en la Cámara Baja adolecía de carencias en algunos aspectos clave de la llamada economía circular, o de planteamientos conformistas. Unidas Podemos, que a través de Juantxo López de Uralde preside la Comisión, se puso en contacto con el PSOE para cubrir una de las lagunas. El sistema de recogida de plástico, argumentó, no está acercando a España a los umbrales que exige Europa.

Según informan fuentes parlamentarias a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ambos partidos acordaron una enmienda, que el jueves pasado se incluyó en el dictamen gracias a los apoyos del PNV y de EH Bildu. PP, Cs y Más País se abstuvieron. ERC no participó en la votación, lo que está siendo más o menos habitual en comisiones desde que comenzaron las divergencias con el Gobierno por el contenido de la ley audiovisual. Vox se opuso.

La enmienda marca nuevos objetivos de recogida separada de envases de plástico: el 70% de todos los que se tiren en 2023; el 77% en 2025; el 85 en 2027 y el 90 en 2029. La novedad aparece a continuación: "En el caso de que no se consigan los objetivos fijados en 2023 o en 2027, se implantará en un plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025 y en 2029". Este sistema estará destinado en principio a las botellas de plástico, pero será susceptible de aceptar otro tipo de envases.

Lo que quiere el Gobierno, pues así lo han acordado PSOE y Unidas Podemos, es que haya en la escala unas metas intermedias que, si no se cumplen, y todo apunta a que no se van a cumplir, obliguen a las administraciones a desarrollar otro modelo que sí permita alcanzarlas. No sería el fin del cubo amarillo, destacan las fuentes consultadas, pero desde luego sí sería el fin del monopolio "de facto" que representa. Porque ésa es otra: el sector del reciclaje en España, si no es monopolio, se le parece muchísimo.

Retrato de una hegemonía: Ecoembes

El reciclaje en España mueve millones de toneladas de envases. Mueve mucho dinero. Tratar el plástico para que no contamine es costoso. Cambiar el paradigma puede ser arduo, una batalla. Una batalla, también, de relatos. Por un lado, Ecoembes, dominador absoluto del sector. Por otro, Retorna.

Vayamos al primero.

Ecoembes ha logrado una posición hegemónica en el país gracias a una inteligente estrategia de expansión. En el informe de auditoría del ejercicio 2020 aparece el dato: gracias a 62 convenios de colaboración con entidades locales y autonómicas, cubre un 99,31% de la población española. En otros números: a 47 millones de habitantes.

Publicidad, comunicación, responsabilidad social y ese tejido de convenios con las administraciones y con numerosas empresas e instituciones han sido sus pilares. El Congreso de los Diputados tiene cubos amarillos, por ejemplo. La empresa en la que trabaje usted, seguramente también.

Danone, L'Oreal, Unilever, Alcampo o Mercadona son algunos de los gigantes empresariales representados en su consejo de administración. Este medio se puso en contacto con la agencia que gestiona sus planes de comunicación y la relación con la prensa. No pudo ponerse al teléfono ningún portavoz para hablar sobre el cambio legislativo que se avecina.

La web aporta datos que no están mal, pues ilustran la enormidad del sector del reciclaje en España. En 2020 se entregaron para reciclar 1,5 millones de toneladas de envases de plástico, brik, metal, papel y cartón que fueron tratados en 429 plantas autorizadas por las CCAA y homologadas por la propia Ecoembes. Una de sus obligaciones es certificar la cantidad de material que entra y garantizar que se recicla para fabricar nuevos productos. De ese total de 1,5 millones de toneladas, más de 616.200 fueron envases de plástico, lo que explica que haya en el país 388.174 contenedores amarillos.

Las carencias de esa hegemonía

A Ecoembes le ha salido una némesis.

César Sánchez es el director de comunicación de Retorna, una entidad integrada por ONG medioambientales, asociaciones de consumidores, sindicatos y sector del reciclaje. En declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, explica el origen del modelo actual: la primera ley de residuos que se aprobó en España, en 1996, trazó dos caminos para proceder al reciclaje y tratamiento de residuos.

Uno, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que de hecho fue considerado el prioritario. No era novedoso, a decir verdad, ya que se inspiraba en ese mecanismo que antaño se practicaba: ir a la tienda con las botellas de vidrio para recibir un precio módico a cambio. El otro, secundario, fue el de "los contenedores de colores", que es el que se impuso; lleva funcionando veinte años. Un contenedor amarillo para envases, uno azul para papel y cartones; el verde; el marrón; el gris...

Sánchez afirma que, si bien el modelo de reciclaje y tratamiento de residuos ha mejorado, la tasa española de recuperación ronda el 25 por ciento, muy bajo en comparación con los estándares europeos. "No funciona para lo que se desecha fuera de casa y hay un problema evidente de abandono de residuos". Sin embargo, los SDDR, que en países como Alemania o Dinamarca funcionan desde primeros de siglo, aseguran una tasa de recuperación del 90 por ciento, señala el portavoz de Retorna. Y asegura factores como el "no abandono" de los envases en el medio ambiente, la reutilización o el ahorro. En la web, la entidad llega a cuantificar los puestos de trabajo que podría crear el modelo: 14.000.

Implantar el SDDR necesita la implicación de las comunidades autónomas o de la administración central. Ciudad a ciudad, no serviría, indica Sánchez; resulta aconsejable una escala territorial más amplia. Por ello, que haya una ley que apueste por el modelo de depósito y retorno es "un paso histórico".

Este sistema funcionaría así, resumidamente: los productores pagan un depósito por cada envase que ponen en el mercado, los comercios los compran, depósito incluido; los consumidores se hacen con ellos; los consumidores los devuelven en las máquinas instaladas en los supermercados, por ejemplo; reciben a cambio ese depósito.

El informe público que da luz

Los diputados que formaron la ponencia para la redacción de la nueva ley de residuos conocieron un informe en septiembre revelador, pues es de un detalle fabuloso. Hasta estima el número de máquinas que serían aconsejables para que el nuevo modelo funcione con fluidez desde el primer momento. El estudio lo hizo Tragsatec, una empresa pública dependiente de Tragsa, a su vez dependiente de la SEPI, y es tremendamente exhaustivo y documentado (más de 600 páginas). El título, "Estudio de viabilidad de la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España", ya orienta bien el terreno en el que se desenvolverá.

Lleva a cabo una comparativa pormenorizada de los modelos de depósito que emplean países como Alemania, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Países Bajos o Suecia, e incluso con los de Islandia y Noruega. Recuerda que Portugal lo va a establecer en enero y que Reino Unido apostará por él a partir de 2023. Incluso rememora con profusión de datos dos experiencias piloto efectuadas en Almonacid del Marquesado (Cuenca) y Cadaqués (Girona). El grado de concreción del informe resulta significativo.

En las conclusiones hace estimaciones. De haber en España un SDDR global, se recogerían, en una escala alta, 778.371 toneladas de botellas de plástico, vidrio, latas y brik. En escala baja, es decir, sólo para botellas de plástico y latas, la cuantía sería 252.827 toneladas. Aquí un apunte sobre la mayor eficacia de los SDDR, pero hay más.

Tragsatec recomienda un precio de depósito de diez céntimos, independientemente del tipo de envase. "El primer pago lo realizarían las empresas productoras e importadoras", precisa para recalcar después: "Este importe permitiría alcanzar un buen nivel de retorno, y al ser un importe único facilitaría el funcionamiento del sistema". Para la identificación de los envases aconseja un uso combinado de etiqueta identificativa y código de barras con el objetivo de "prevenir el fraude".

Habilitar entre 12.146 y 28.264 máquinas para retorno de todo tipo de envases, o entre 12.146 y 27.812 para botellas de plástico y latas, propiciaría un correcto funcionamiento del modelo. En 32 meses podría estar todo listo, concluye Tragsatec. Esa segunda opción de trabajo sólo de botellas y latas supondría un ahorro medio de 74,79 millones de euros respecto a la opción primera, con más envases en movimiento.

Recados a Ecoembes

La empresa pública toca la fibra sensible de la polémica, ya que cuestiona el sistema que controla Ecoembes, entidad de la que critica la información que facilita por no estar suficientemente cotejada. La inclinación hacia el SDDR es notoria en los ámbitos ecológico y económico.

Así, indica que dicho sistema "generará un impacto directo sobre el actual modelo de gestión de residuos" de Ecoembes, sea cual sea el modelo por el que se apueste. Si es el de tipología amplia, Ecoembes podría perder 121,48 millones de euros. Si es el de tipología más limitada, 88,55 millones de euros.

De vuelta a la enmienda aprobada a instancias de Unidas Podemos y PSOE, dice Tragsatec que la implantación de cualquier modelo de SDDR (con y sin vidrio y brik) "cumpliría con la recogida separada neta de botellas de bebida de plástico del 90% fijado para 2029", tal y como establece el artículo 9 de la directiva europea correspondiente. El actual de Ecoembes no lo alcanza.

Ahora bien, puntualiza el informe, mientras que con la implantación del primer modelo de SDDR "se cumpliría con los objetivos de reciclaje para 2030 de todos los materiales establecidos" por la directiva europea, el segundo de SDDR no. Así que cuantos más envases de bebida se incluyan, mejor.

Una coletilla final deja el informe: "La introducción de un SDDR no solo aumentaría la cantidad recuperada de material, sino también la pureza de lo recogido y por tanto la calidad de lo recuperado".

La otra enmienda

El artículo de la nueva ley de residuos que marcará el camino hacia un un nuevo modelo de reciclaje, siempre y cuando no se cumplan los objetivos europeos en los años predeterminados, es el 59, enriquecido gracias a la enmienda pactada por la mayoría de PSOE, Unidas Podemos, PNV y EH Bildu. Las abstenciones de PP y Cs han facilitado las cosas, sin duda.

Pero en la norma habrá, además, una disposición adicional nueva que asentará el sistema en algunas concreciones. El productor, señala el texto, estará obligado a cobrar a sus clientes una cuantía por cada envase que ofrezca, independientemente de cómo lo ofrezca o de la modalidad de venta. No estará sujeta la cuantía a ninguna tributación. El documento no precisa ese precio, aunque si socialistas y "morados" siguen la estela del informe de Tragsatec rondará los diez céntimos. Los consumidores, cuando devuelvan el envase, recibirán ese depósito.

Quedan al albur de futuros reglamentos los tipos de envases que entren en el SDDR, y en general, todo lo que deberá aproximar las aspiraciones del Gobierno a las metas que ha pintado la UE. Pero lo que está claro es que al cubo amarillo, en cuanto la ley entre en vigor, se le ha dado un ultimátum. Y a Ecoembes, obviamente.