Díaz llevará al límite a ERC y Bildu con la reforma laboral, pero sopesa un plan B

Yolanda Díaz sabe desde el momento en que Pedro Sánchez le nombró ministra de Trabajo que sería una de las protagonistas de la legislatura, más allá de ambiciones electorales. Asumió entonces la derogación de la reforma laboral del PP y entendió que sería el hito del primer Gobierno de coalición de la democracia moderna, a escala estatal.

El primer paso lo dio con el decreto acordado en la mesa de diálogo social, en la que están sus aliados habituales, los sindicatos, pero también la patronal. El siguiente lo dará previsiblemente el 3 de febrero, cuando el Congreso tenga que convalidar dicho decreto. Su objetivo es resolver el entuerto ese día y evitar más trámites, pero si no lo lograra, sopesa concretar un plazo de negociación en el Congreso, y por encima de todo, acotar dos-tres bloques susceptibles de cambiar. Un plan B en toda regla.

Fuentes parlamentarias implicadas en el proceso han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la intención de la ministra sigue siendo la adhesión de ERC, EH Bildu, Más País, Compromìs y otros socios parlamentarios. Para su bagaje político resultaría contraproducente sacar la nueva reforma laboral con el bloque de la izquierda quebrado o agrietado. Que en la cesta del apoyo estén los votos de Cs, PNV o PDeCAT, formaciones más alineadas con los intereses empresariales, y no los que han dinamizado la agenda social-progresista del Gobierno puede ser "un golpe duro", apunta una fuente. Ella quiere evitarlo.

Pero lo quiere hacer sin tergiversar el acuerdo alcanzado con la patronal y con los sindicatos en la mesa del diálogo social o sin ponerlo en riesgo. Todas las partes que lo firmaron están de acuerdo en esto. Incluso PSOE y Unidas Podemos se han convencido de que abrir un nuevo melón no es idóneo. Ese melón sería la tramitación del decreto del modelo laboral como proyecto de ley, que es una posibilidad que todas las partes saben que se va a votar en el pleno del Congreso porque basta que lo pida un grupo.

Es la norma: siempre, tras la convalidación o derogación de un decreto ley, la Presidencia de la Cámara pregunta si algún partido presente desea que se tramite para procurar modificarlo. En cuanto uno lo solicita, se vota de nuevo.

Se trata, por tanto, de que ERC y EH Bildu, al menos, no voten en contra de la convalidación del decreto cuando el pleno del Congreso haga el debate correspondiente. Como quedan tres semanas y la negociación apenas ha comenzado, las pretensiones del Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz lleva la voz cantante, pero cargos del PSOE están empezando a moverse entre llamadas telefónicas y mensajes) consisten en apurar el plazo hasta el último minuto. Se prevén días tensos e intensos porque las posiciones parten de lugares muy diferentes, en las antípodas en algunos casos. Fuentes de la negociación reconocen que la regulación del despido es prácticamente intocable. ERC y EH Bildu reclaman gestos, sin embargo.

Apurar el plazo hasta el último minuto significa aquí dos cosas: garantizar la convalidación y asegurar que no haya tramitación posterior, es decir, una negociación más. Todo lo que se tenga que hablar que se hable antes del pleno de primeros de febrero; en ningún caso después. Fuentes parlamentarias señalan que tanto en el Ministerio de Díaz como en el de Félix Bolaños las palabras se dirigen a ese extremo. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha hablado ya con portavoces parlamentarios (en general de partidos minoritarios) y así lo ha transmitido. El PSOE está metiendo baza en el proceso.

ERC, unida ahora en el "no"

El primer escenario no se vislumbra despejado, así que tampoco el segundo. "Falta muchísimo", admite una fuente. El tiempo, cree el Gobierno, juega a favor del acuerdo de la mesa de diálogo social y de los planes de la coalición PSOE-Unidas Podemos. Si ERC se muestra ahora beligerante es por una pura táctica negociadora. En algo tan peliagudo, no es aconsejable exponer las vías hacia el consenso, recuerda una fuente. De hecho, si existen esas vías, las fuentes de las dos partes lo esconden. Sí apuntan que Esquerra no está dividida al respecto.

Cuando el gabinete de la ministra de Trabajo sondeó a cargos del partido a primeros de mes, enseñó una estrategia de presión de fuera-dentro, encaminada a estrechar el cerco sobre el portavoz, Gabriel Rufián, que molestó al grupo parlamentario. "No funciona; no tenemos fisuras", dicen en las filas independentistas del Congreso. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien se vio con Díaz este pasado miércoles en una cena privada en Madrid, ha transmitido que las posiciones están lejos. Muy lejos.

Tanto que el grupo de los republicanos está ultimando una serie de documentos que, indican fuentes en el Congreso, consideran que les cargará de razón cara a la negociación. Dijo Rufián en la SER recientemente que este modelo laboral acordado por el Gobierno de Sánchez y Díaz con patronal y sindicatos es más regresivo que el que sacó adelante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace una década. Van a probarlo con datos y analizarán la conveniencia de iniciar una campaña de agitación con ello.

Las citadas fuentes recalcan que esta vez no va a funcionar un argumento asiduo en el Gobierno cuando encara una negociación enrevesada: la incomprensión que generaría en la ciudadanía progresista el rechazo junto a la derecha y la extrema derecha de una serie de reformas puntales, como la laboral. "Que le den la vuelta: la ciudadanía no va a entender por qué un Gobierno progresista no impulsa un modelo que protege a los trabajadores". Citan, como ejemplo, la regulación del despido del decreto.

Por su parte, representantes de EH Bildu se han entrevistado con integrantes del equipo de la ministra esta semana. No han trascendido detalles de la misma por ninguna de las partes. La conversación sigue su curso con el PNV y PDeCAT. Más País espera una nueva llamada. Cs se mantiene a la espera.

El plan B

El acuerdo en la mesa de diálogo social costó meses y disgustos, frenazos y reveses. Los hubo, muchos, con la patronal; también con los sindicatos. Los hubo también en el seno del Gobierno de coalición, en especial cuando Sánchez dio la orden de que Nadia Calviño se sumara a la recta final de la negociación. Había que enviar a Bruselas el decreto antes del 31 de diciembre. Sobre la bocina actuó el Consejo de Ministros.

El presidente presume de acuerdo, Díaz también. El PSOE celebró esta semana una reunión para destacar la relevancia y para conjurarse de que había que agitar esta bandera. En Unidas Podemos sacan pecho. Las fuentes consultadas por este medio subrayan el matiz que hace tan trascendente el pacto de la mesa de diálogo social: la presencia de una derecha social, la de la patronal. "En un contexto en el que la derecha política se ha tirado al monte, que los empresarios hayan firmado es sumamente significativo. Demuestra que este Gobierno sabe acordar con la derecha. Es capaz de hacerlo", resumen.

Ahora toca el segundo paso mencionado al comienzo de esta información, el de la convalidación. La aritmética obliga a un esfuerzo enorme porque los síes garantizados son los de PSOE y Unidas Podemos, es decir, 155. Fuentes de Más País suman al partido de Íñigo Errejón, pero con la condición de hacer el trámite parlamentario e introducir mejoras. Justo lo que no quiere el Gobierno en estos momentos.

Pero ante la posibilidad de que ERC y EH Bildu sumen sus 18 votos en total al de otros grupos y se forje una mayoría clara a favor de convertir el decreto en proyecto de ley, Trabajo baraja un plan B: llegar al día del pleno con un acuerdo sobre dos-tres aspectos del decreto que se pueden tocar con las aquiescencias de empresarios y sindicatos y hacerlo en un tiempo tasado. Un tiempo breve.

Para ello, el Gobierno podría jugar la baza de tramitaciones futuras, tanto de leyes relacionadas con la reforma laboral como de otras. Cabe recordar que tras este decreto llegará a la Cámara Baja el proyecto de ley del Estatuto del Trabajo. Fuentes de la negociación recalcan que una opción como esta, la de delegar en el proyecto cuestiones en las que discrepan las partes, no está ahora encima de la mesa. "Pero lo estará", matiza otra fuente.

El hito legislativo del Gobierno de coalición acaba de empezar a coger cuerpo. Queda mucho. Y mucho en juego.