REFORMA LABORAL

Gobierno y sindicatos buscan fórmulas para evitar una tramitación “incontrolable” de la reforma laboral

Los negociadores plantean acomodar las reivindicaciones de los socios del Ejecutivo en otras normas para no exponer el acuerdo a una revisión total en las Cortes

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma laboral

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma laboral / Europa Press

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La aprobación parlamentaria de la reforma laboral sigue siendo el reto más urgente en la agenda legislativa del Gobierno y por ello, confirman en el ministerio de Trabajo, están multiplicando los contactos con los grupos que permitieron a Sánchez alcanzar una mayoría para la investidura. Un diálogo en el que participan los equipos técnicos de cada una de las partes y en ocasiones la propia vicepresidenta Yolanda Díaz, aseguran, y en el que el Gobierno cuenta con los buenos oficios de los sindicatos para tratar de empujar a grupos como ERC, EH Bildu o PNV a la convalidación. La estrategia ahora, confían a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de esta negociación, es buscar cómo se pueden incorporar parte de las exigencias de esas fuerzas sin que se tramite el acuerdo como proyecto de ley, y para ello estudian cómo incluir esas reivindicaciones en otros desarrollos normativos: leyes diferentes, o reglamentos de desarrollo de la propia norma.

La razón por la que se trata de evitar a toda costa que la reforma se reabra en el parlamento es porque este procedimiento puede extenderse durante meses, en los que pueden darse muchas oportunidades de "montar un lío espectacular", en palabras de un alto dirigente sindical. "En este tipo de situaciones, por mucho que se trate de pactar enmiendas, al final siempre puede pasar de todo; es un proceso incontrolable", añade. Desde el Gobierno abundan en esta idea señalando que la derecha puede aprovechar la tramitación para cortocircuitar su aprobación, "igual que cuando el PP apoyó una enmienda de Compromís en el Senado para forzar una nueva votación de los Presupuestos en el Congreso" a finales del año pasado, apuntan. Así que la negociación se va a centrar en cómo convertir exigencias como las autorizaciones administrativas de los ere, una normativa más garantista sobre despido o un mayor papel de los convenios autonómicos en realidades que encajen con el acuerdo alcanzado por sindicatos y empresarios y que se incorporen al ordenamiento jurídico.

Inspección de Trabajo

Una de esas fórmulas, apuntan desde los sindicatos, podría pasar por aprovechar las regulaciones que habrá que acometer en el ámbito de la Inspección de Trabajo con el fin de adaptarla a las disposiciones de la reforma en materia de erte o de control de la temporalidad para dar más papel a esa institución supervisora en el control de la causalidad de los despidos, o en la supervisión de los expedientes de regulación de empleo. También se puede utilizar alguna otra norma en tramitación para introducir cambios "quirúrgicos" en materia de negociación colectiva "de forma que se habiliten marcos autonómicos con reglas de concurrencia que defiendan la prevalencia de los convenios provinciales sobre los estatales salvo en las materias reservadas a estos últimos", añaden. Las "perchas" de las que colgar novedades no van a faltar, porque -sin contar con el resto de producción legislativa- la propia reforma pide futuros desarrollos normativos: por ejemplo, en su disposición adicional segunda exige que a los seis meses de la aprobación de la norma (es decir, en el verano de este año como tarde) el Gobierno y los agentes sociales aborden el Estatuto del Becario, una norma idónea para incorporar alguna regulación adicional.

La clave para afrontar esta negociación con éxito, apuntan estas fuentes, es que pase un poco de tiempo para que se asienten definitivamente las exigencias de los nacionalistas. "Desde la aprobación de la reforma laboral hemos visto a ERC poner el acento primero en los convenios autonómicos, luego en el despido, y después en la autorización administrativa a los ere", dicen en el Gobierno; "hay que esperar a que se concreten las peticiones". Desde los agentes sociales coinciden: "quedan todavía tres semanas, una eternidad con los actuales ritmos de la política, y el clima actual -con peticiones maximalistas- no pinta bien", dice un dirigente sindical; otro, remarca que la iniciativa es del Ejecutivo: "el Gobierno tiene que abrir algo la puerta, y los socios parlamentarios tendrán que decidir entonces si entran".

Información a los agentes sociales

Lo que sí creen necesario desde el diálogo social para el éxito de la negociación es que los movimientos en política se vayan transmitiendo a sindicatos y empresarios, para que puedan examinarlos. Lo defendía públicamente Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, durante su tradicional análisis de la actualidad de principios de año: "los que hemos estado negociando hemos hecho un acuerdo muy pensado, muy trabajado, y por tanto no nos parece necesario introducir nuevos elementos. En todo caso, pido que si se produce algún cambio se nos llame para que cuente con el soporte de las organizaciones empresariales y sindicales", aseguraba este miércoles.

Álvarez de hecho reclama a los grupos que convaliden la actual reforma y que se sumen a los sindicatos para exigir una nueva mesa de diálogo en la que se aborden los asuntos que consideran pendientes, como los relativos al despido; una posibilidad -la de una segunda ronda de reforma laboral- vista con escepticismo por fuentes de la negociación: "los grupos, que ahora tienen la sartén por el mango, no van a renunciar a su influencia actual por una mesa futura". Unai Sordo, el líder de CCOO, no plantea una nueva mesa formal pero sí seguir con las reivindicaciones para lograr más cambios: "[la reforma laboral] no es el fin de la historia. Cuando se convalide -como espero que suceda- quedarán todavía dos años de legislatura. Claro que no descartamos nuevas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, nadie ha dicho que esta sea la última negociación de la regulación laboral. Pero hagamos las cosas en orden: convalidemos primero la reforma", aseveraba.

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