FARO DE VIGO

El edificio de ocho plantas de Vigo que lleva un año sin ascensor por el impago de una vecina

Quince familias, entre las que hay personas mayores y recién operadas, se ven obligadas a subir por las escaleras

Parte de los vecinos afectados, en las escaleras junto al ascensor.

Parte de los vecinos afectados, en las escaleras junto al ascensor. / ALBA VILLAR

Las comunidades de vecinos suelen ser ecosistemas peculiares, con problemas que para el resto de la sociedad son irrelevantes pero que allí dentro son un auténtico quebradero de cabeza y que enfrentan entre sí a los residentes. Es lo que está pasando precisamente en un portal de ocho plantas de Vigo. En el inmueble viven aproximadamente unas quince familias y llevan ya un año sin poder utilizar el ascensor pese a que está completamente operativo tras llevar a cabo los arreglos necesarios. El motivo, según los residentes, es que una de las vecinas se niega en rotundo a dar su visto bueno al uso del elevador, concretamente sin afrontar los distintos pagos asociados al mismo.

“No quiere pagar su parte, y nos afecta a todos. Ya hemos contratado un abogado para que intermedie e intentar resolver una situación que está provocando muchos problemas en la comunidad”, explica L. C., una de las vecinas afectadas, que prefiere no revelar su nombre para no generar todavía más tensión en el edificio. Pero lo cierto es que hay un frente común por parte de las familias que viven allí para presionar a la residente que está paralizando todo. Lo han intentado de todas las formas posibles, pero al ver que no hay una solución han decidido ya judicializar el problema.

Hay que tener en cuenta que el inmueble tiene ocho plantas, por lo que los que viven en los últimos pisos son los más afectados al tener que utilizar las escaleras para subir y bajar. No solo eso, sino que en ese edificio viven varias personas mayores a los que no tener ascensor les supone un auténtico trastorno por las limitaciones físicas que empiezan a tener. Y allí vive también una vecina de ochenta años que ha sido operada recientemente de la cadera y que no puede estar bajando y subiendo constantemente a su casa por las escaleras.

El problema se originó porque el ascensor no pasaba las necesarias revisiones de seguridad, por lo que hubo que contratar a una empresa para que detectara el problema y arreglarlo. Desde que se acometió la reparación necesaria y dejarlo ya operativo, el elevador no se ha podido utilizar por el veto de esta vecina. El resto de residentes prefiere no hacer público su nombre, aunque todos son perfectamente conscientes de quién es y denuncian que no paga “simplemente porque no quiere, no hay otra explicación”. Lamentan además que la empresa administradora de fincas encargada de la gestión del edificio es consciente de la situación pero que no actúa para intermediar en el conflicto.

“No es normal no dar ningún tipo de explicación, ni siquiera enviar un comunicado para informar a los vecinos”, denuncian los residentes del inmueble, que lamentan precisamente el hecho de que la administradora de fincas que se encarga de la comunidad no aporte ninguna solución.

La situación ha llegado hasta tal punto que una persona que vivía en una de las plantas superiores abandonó la vivienda porque el repartidor del butano se negaba a subir por las escaleras hasta su vivienda para subirle la bombona.

Hay que tener en cuenta que, según la Ley de Propiedad Horizontal, no es necesario un acuerdo unánime de la junta de propietarios para la instalación de un ascensor pero, sin embargo, si uno de los vecinos no paga su parte una vez ha sido colocado, sí que puede bloquear su uso. Es una situación muy común, según confirman las empresas instaladoras, y lo más recomendable es buscar una solución extrajudicial y amistosa. Sin embargo, en este caso parece que no ha sido posible, por lo que sería necesario acudir a la vía judicial, notificando directamente a la vecina de la decisión de tomar medidas en este sentido y, posteriormente, el tribunal civil decidirá sobre el asunto. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta opción es costosa para los residentes, pues tienen que afrontar los gastos judiciales y también los de contratación de un abogado.

También sin extintores

Aunque sin duda no poder utilizar el ascensor es el principal quebradero de cabeza de los residentes de este edificio número 116 de la calle Urzáiz, también denuncian otros problemas que certifican el abandono al que está sometido el inmueble. “El garaje se cae a trozos”, denuncia L.C., que además advierte que no hay extintores en las zonas comunes del inmueble. “Es todo una vergüenza”, claman los residentes.