ERC y la reforma laboral

Cada 1 de Mayo, el republicanismo convoca a la militancia ante el monumento barcelonés al abogado laboralista asesinado por la patronal Francesc Layret para renovar el compromiso en pro de las conquistas del mundo del trabajo. Se concentran los afiliados vinculados al mundo sindical y más sensibles al hecho social. Desde la reforma laboral del PP de 2012, año tras año, ERC ha ido renovando su voluntad de derogarla. 

De hecho, tanto la del año 2010 iniciada por el PSOE y aprobada con la abstención de CiU, que ya abría la puerta a la posibilidad de que una empresa se despegara de un convenio colectivo firmado, como la de Mariano Rajoy, que Duran i Lleida aplaudió aunque los populares ya gozaban de mayoría, comportaron el asalto a derechos conquistados por la clase trabajadora dados por consolidados por todos pocos años antes.

Pero el pánico generado por el estallido de la crisis inmobiliaria había ofrecido al empresariado la oportunidad de forzar a los partidos mayoritarios a legislar en pro de la atomización de las reivindicaciones obreras y la sustitución de buena parte del empleo destruido por uno nuevo basado en la precariedad. Una deriva hacia la desregularización que no encontraba freno, tal y como evidenció la demanda en 2014 del presidente de la CEOE Joan Rosell del despido libre sin indemnizaciones durante el primer año de vigencia de un contrato indefinido.

El republicanismo, desde su no vínculo a ningún sindicato en particular por el hecho de que en él conviven diferentes corrientes sindicales, se mantuvo firme en la oposición a esta deriva neoliberal, participando activamente en las sucesivas convocatorias de huelga general y de manera notoria, como puso de manifiesto la presencia del propio Oriol Junqueras en los primeros actos llevados a cabo la madrugada del 29 de marzo de 2012 para animar a la ciudadanía a sumarse a ella. Y confrontación en las cámaras legislativas, tal y como ha evidenciado la labor parlamentaria de los cargos electos liderada por Jordi Salvador en la Comisión de Trabajo del Congreso y por Jordi Albert, presentando hace pocas semanas una iniciativa exitosa en el Parlament en pro de la derogación. Acciones políticas avaladas por el apoyo de ambos parlamentarios a tantas plantillas en conflicto.

La denuncia dirigida a Yolanda Díaz hecha pública por parte de Gabriel Rufián de haber ignorado a ERC y otros grupos parlamentarios de izquierdas durante los nueve meses de negociación con los agentes sociales puso al descubierto la voluntad de Pedro Sánchez de imponer su proyecto (“sería incomprensible que pretendieran modificarlo”, fueron las palabras de algunos ministros), con el convencimiento de que ya se encargarían los sindicatos firmantes de presionar suficientemente a las fuerzas políticas para que se comieran el sapo.

Desprecio o ignorancia por parte del Gobierno español que ha topado con la trayectoria del republicanismo en cuanto a su posicionamiento ante las reformas laborales, lo que le obligará a asumir la introducción de enmiendas a través de la tramitación del real decreto como ley y a comprometerse a no caer en filibusterismos posteriores (muy presentes en el día día del Congreso) como el que permite a la mayoría de la mesa optar por socorrer al Gobierno aplazando semana a semana el inicio de la tramitación legislativa.