GOBIERNO

El otro ‘bache’ de la reforma laboral: ERC pide recuperar la indemnización por despido

  • La guerra abierta en el seno del Gobierno para acordar un proyecto de reforma se presenta como antesala de una dura negociación parlamentaria para convalidar la medida en el Congreso

  • Los republicanos catalanes, principales socios del Gobierno de coalición, reclaman rescatar aspectos cruciales eliminados en la reforma laboral de 2012

  • Exigen recuperar los 45 días por despido improcedente o los salarios de tramitación

Gabriel Rufián y Félix Bolaños

Gabriel Rufián y Félix Bolaños / EFE

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Esquerra Republicana de Catalunya amenaza con complicar la legislatura más allá de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El que hasta ahora se ha consolidado como uno de los principales socios del Gobierno no pondrá el camino fácil al Ejecutivo de aquí a final de año, cuando debe aprobarse la nueva reforma laboral para cumplir con el compromiso con Bruselas y tener acceso a la próxima tanda de fondos europeos.

La nueva regulación del mercado laboral se presenta como uno de los ejes de la legislatura y su especial envergadura ha llevado en los últimos días a una guerra abierta en el seno de la coalición, donde las dos almas del Gobierno pugnan por ponerle su bandera, una de corte socialdemócrata y otra más sindical.

Nadia Calviño y Yolanda Díaz han sido las protagonistas del enfrentamiento, que estalló por los aires la semana pasada y en el que ha tenido que intervenir el propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para establecer las bases comunes de esta reforma, que ya estaba siendo negociada desde marzo por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Si el acuerdo sobre el alcance de la reforma se presenta como uno de los principales escenarios de batalla dentro del Ejecutivo de aquí a diciembre, no será menos en el ámbito de la negociación parlamentaria, donde tendrán que convencer a los socios de Gobierno de convalidar el Real Decreto que deberá aprobarse en diciembre. Y en este punto, ERC puede convertirse en un problema, dadas las exigencias que planea poner encima de la mesa.

A dos meses del horizonte dado a Europa para cumplir la reforma, y en una difícil negociación donde están presentes sindicatos, patronal, ala socialista y ala morada del Gobierno, los republicanos piden recuperar aspectos previos a la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP. El más difícil de conseguir -por la oposición frontal de la patronal y por la petición de flexibilizar el mercado de Bruselas- es el de recuperar las indemnizaciones de 45 días de salario por año trabajado -hasta un máximo de 42 meses- una vez declarado el despido improcedente, en lugar de los actuales 33.

Este aspecto ya había sido aparcado por la ministra de Trabajo y por los sindicatos. En las reuniones que mantuvo ERC con Yolanda Díaz en verano los catalanes ya pusieron sobre la mesa este aspecto, pero la dirigente pasó de puntillas. Hasta ahora, el diálogo social se ha centrado en limitar la temporalidad en las empresas, pero los costes del despido han quedado fuera "del perímetro de la negociación", explican fuentes de las conversaciones.

A pesar de que UGT y CCOO han puesto sobre la mesa la cuestión de las indemnizaciones en diferentes ocasiones, nunca se ha hecho un intento serio por discutirlas. Sin embargo, desde ERC presentan este punto como una de las claves para dar apoyo a la que será la medida estrella de un Gobierno en minoría.

Recuperar el control del Gobierno a los ERE

Otro de los aspectos en los que están centrados es en recuperar el llamado salario de tramitación, una figura que estaba en la anterior regulación laboral y se abolió en la reforma de 2012. Este salario implicaría la obligación del empresario de abonar los salarios dejados de percibir por el empleado desde su despido hasta su resolución judicial de improcedencia. En la actualidad, sólo se abonan en los supuestos en que la parte contratante opte por la readmisión o en aquellos supuestos donde se declara despido nulo -no improcedente-.

ERC reclama, además, recuperar otro aspecto clave que se eliminó en la primera legislatura de Mariano Rajoy y volver a la intervención administrativa en los EREs o ERTEs, que pone al Gobierno como la autoridad capacitada para autorizar la realización de despidos colectivos o medidas como la suspensión o reducción de jornada.

El pasado mayo, la ministra de Trabajo se abrió a recuperar este aspectos, aunque no han trascendido avances en este sentido. En un pleno en el Congreso, Díaz criticó la reforma laboral del PP y, ante la petición del diputado de EH Bildu Oskar Matute para restablecer este mecanimo ante la "cascada de EREs" que se estaban produciendo, la dirigente le dio la razón y defendió que el Gobierno "buscará una fórmula que nos permita actuar". El empeño de la ministra por introducir esta modificación es patente, pero tras siete meses de negociación, se presenta como un asunto encallado.

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