El acuerdo del CGPJ se demora hasta Navidad tras el "carajal" de la votación de Arnaldo

Gobierno y PP continúan conjurados en sacar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el próximo mes cumplirá tres años con el mandato caducado, a pesar de la polémica sobre Enrique Arnaldo y la ruptura en la disciplina de voto de diputados del PSOE y de Unidas Podemos. En el Ejecutivo no quieren dejar pasar esta oportunidad, ahora que se ha recuperado la interlocución con los populares. Al PP, aunque dispuesto al pacto, no le urge tanto y no ve factible un acuerdo "antes de Navidad".

La previsión en esta fase del proceso, según aseguran fuentes conocedoras, es que las negociaciones para consensuar un nuevo CGPJ culminen y se anuncien justo después de aprobar los Presupuestos, casi en vísperas de Nochebuena. Un calendario que, pese a la espera, tiene grandes incentivos para el Ejecutivo de coalición. Da margen para que amaine la tormenta política por Arnaldo e impide también que nuevos candidatos difíciles se entremezclen en el debate presupuestario. Precisamente sus socios parlamentarios, ERC y EH Bildu, afearon al Gobierno, y sobre todo a Unidas Podemos, el respaldo al controvertido candidato del PP.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantienen contactos desde hace un mes. Primero cerraron un acuerdo para actualizar el Tribunal Constitucional y pactar un nuevo Defensor del Pueblo. Fue sólo el comienzo. Un aperitivo para abrir boca y volcarse de lleno en las conversaciones sobre el CGPJ, tras fracasar en varios intentos.

Después de todas estas ocasiones frustradas y ante el peligro real de colapso de la justicia por la imposibilidad de cubrir vacantes, el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, fue quien recomendó a Pablo Casado buscar un acuerdo en dos tiempos. El del TC se culminó ayer con la votación en el Congreso en medio de un intenso debate sobre Arnaldo, ligado a resuntas corruptelas. El rechazo a su nombre en las filas del PSOE y de Unidas Podemos se saldó con 11 votos en contra. Un "carajal", según fuentes populares, que presumen de que en su grupo no hubo fugas.

Siguen los contactos

Es paradójico que aunque fue el PP quien propuso a Arnaldo, con un historial vinculado a casos de corrupción, al final el desgaste lo han sufrido el PSOE y Podemos. Pero la realidad es que los dos grupos que forman el Gobierno nunca censuraron a Arnaldo y aceptaron sentarse a negociar sin vetos previos. Lo hicieron porque detrás del TC viene el CGPJ. Y el control de órgano de los jueces es la 'joya de la corona' para los socios del Ejecutivo. Por eso la intención es pasar página cuanto antes.

Desde el Gobierno se asegura que "se seguirán manteniendo contactos discretos para desbloquear el CGPJ". La propia portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se mostró confiada en que ahora se pueda "culminar" el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El diálogo, aseguran fuentes de las dos partes, "nunca se ha parado" a lo largo de estas cuatro semanas, pero en encuentros entre Bolaños y Egea que no se hacen públicos. Ahora desde el PP se apunta a que las conversaciones podrían entrar en "punto muerto". Este es el gran temor del Gobierno, que los populares puedan echarse atrás después de haber asumido la erosión política de votar a Arnaldo. Pero lo cierto es que ha sido tan fuerte la polémica que fuentes del Ejecutivo reconocen que hay que dejar pasar algo de tiempo y descartan el anuncio de un acuerdo a corto plazo.

Desde el PP sí admiten que el pacto está ya "cocinado" pero que la pretensión no es darlo a conocer ya sino después de la tramitación final de los Presupuestos Generales del Estado, en vísperas casi de la Navidad. Este es el calendario previsto, explican, si nada se tuerce en este tiempo. PSOE y PP cerraron un acuerdo en dos ocasiones del que Casado se apeó en el último momento. Y al problema de los nombres se añade el enigma irresoluble del cambio en la ley. Los populares exigen modificarla para profundizar en la independencia del Poder Judicial. El Gobierno mantiene que no lo hará. Y pese a esta contradicción las dos partes ven muchas opciones de pacto.