Agricultura, medioambiente y mercado

Los agricultores españoles se han sumado al fin a las movilizaciones de sus colegas centro y norteeuropeos, que han protestado airadamente por una situación que les resulta insostenible. La subida del precio de los carburantes y las materias primas, el conflicto en la agrícola Ucrania, los flujos de productos agrarios procedentes de países del sur que no cumplen los requisitos sanitarios y de calidad que se imponen a los productores europeos… han ido reduciendo los márgenes de los agricultores y los ganaderos, en general pequeños empresarios muy sensibles a los menores cambios del mercado y a la competencia desleal de terceros.

Prácticamente desde su fundación, la Unión Europea ha entendido que la agricultura y la ganadería comunitarias eran, antes que simples actividades económicas, modos de vida que había que preservar para mantener intacta la Europa rural, cuyos habitantes cumplen un papel esencial en la conservación del hábitat natural y en la lucha contra las contingencias, incendios sobre todo, que pudieran afectarlo. Su base jurídica se recoge en el propio Tratado de funcionamiento de la UE y presupuestariamente constituye la principal política de la Unión, que destina a ese sector en torno a la mitad del presupuesto comunitario (hasta la década de los noventa representó en torno al 60% y hoy alcanza todavía el 40%).

En este marco intervencionista, la agricultura y la ganadería han sobrevivido con dificultad, agravada últimamente por dos elementos que influyen en el statu quo: por una parte, las medidas intensas de protección del medio ambiente y de mejora de calidad de los productos agropecuarios encarecen los procesos productivos; de otra parte, la creciente apertura de los mercados obliga a Europa a aceptar las exportaciones de países en desarrollo, a precios imbatibles capaces de arruinar a los productores autóctonos… Algo que, como se ha dicho, no se puede consentir porque la agricultura y la ganadería forman un patrimonio que debemos defender y mantener aunque no sea rentable.

Estos criterios proteccionistas molestarán sin duda a los economistas neoliberales, pero están asumidos ya por Bruselas y por toda la UE, de forma que lo que ha de hacerse es adaptar mejor la PAC a las nuevas circunstancias para garantizar la supervivencia del sector. Pero la Comisión no parece tener clara la situación: frente a las movilizaciones de unos agricultores que, intoxicados por la extrema derecha, piden que se acaben las presiones ecológicas, que se abandone la Agenda 2030 y que se cierren las fronteras a los productos agrarios, Bruselas responde permitiendo el uso excesivo de pesticidas, condescendiendo con la negativa a destinar una parte de los terrenos de labor a barbecho, y cuestionando en fin sus propias políticas medioambientales.

La reconversión agraria es un imperativo urgente que ha de conciliar la supervivencia de agricultores y ganaderos con una plena adaptación de su actividad a las necesidades cualitativas y conservacionistas —es ilógico que la agricultura compita con parques naturales o espacios protegidos como sucede en Doñana o el Mar Menor— y a la disponibilidad general de agua para riego, introduciendo las modernas tecnologías en los ciclos productivos. Hoy por hoy, el 80% de los recursos hídricos disponibles van a la agricultura: parece razonable que en la reestructuración pendiente se rebaje esta cifra mediante la planificación y la tecnología.

No se trata, en fin, de abandonar la lucha contra el cambio climático para que el sector agropecuario sobreviva sino de trabajar con ingenio y recursos para conseguir la compatibilidad entre ambos…Y lamentablemente no es este el camino que ha emprendido Bruselas.