Una Constitución demasiado rígida

Tras reiteradas vacilaciones, parece encauzada la modesta reforma constitucional del artículo 49, que se limitará a sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Se elimina así un sustantivo que el tiempo ha vuelto inaceptable y se utiliza la denominación respetuosa y políticamente correcta que merecen estas personas. Será la tercera vez que se proceda a un cambio exiguo de la Carta Magna: en 1992 se reconoció el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales y en 2011 se modificó a instancias europeas el artículo 135 para dar preferencia al servicio de la deuda sobre otros compromisos financieros.

La realidad es que, pese a estos tres aderezos, la Constitución de 1978 permanece intocada, con sus grandes lagunas abiertas en un marco de falta absoluta de voluntad de actualización en la clase política. Presenta, como es bien conocido, grandes e inquietantes carencias, como la indefinición del Estado de las Autonomías (ni siquiera se enumeran las comunidades, ni mucho menos se organiza el Estado compuesto resultante), la insuficiente regulación del Senado, la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria de la Corona, la omisión a la pertenencia europea que enmarca todo el ordenamiento español en una superestructura cuasi federal, etc.

Pese a estas y a otras deficiencias, no existe voluntad real de cambio (la única propuesta ambiciosa que se ha efectuado en esos 45 años fue la de Rodríguez Zapatero en 2005), ente otras razones porque la reforma constitucional, que ocupa el Título X de la Constitución, es sumamente compleja. Los constituyentes, temerosos de una involución —muy temible, en efecto, en aquellos años, como pudo verse con la cuartelada de 1981—, quisieron anclar la nueva legalidad, y sus epígonos retienen la rigidez inicial, impropia de una carta democrática de un estado moderno y dinámico.

Aquellos miedos originarios nos han situado en una posición delicada de bloqueo y estancamiento. La Constitución alemana de 1949, también promulgada para superar una dura etapa autoritaria, ha sido reformada en unas sesenta ocasiones. La Constitución Francesa ha sido reformada varias veces por todas y cada una de las presidencias sucesivas, con tanta intensidad que se ha hablado de “banalización de la reforma constitucional”… Y en los Estados Unidos, la más que bicentenaria Constitución ha recibido 27 enmiendas, la última de ellas en 1992; las diez primeras configuraron la llamada “Carta de Derechos” y hoy constituyen una parte fundamental de la norma.

Hoy, la rigidez de la Constitución española solo tiene una causa real: la incesante desconfianza recíproca entre los grandes partidos, a pesar de que el bipartidismo imperfecto original se ha diluido en un cierto multipartidismo. El hecho de que la reforma constitucional simple pueda conducir a un referéndum, en tanto la agravada lo exige como condición, alarma a los políticos que temen que la reforma escape de su control. Prevalece, pues, la pulsión autoritaria original, y si algún prodigio no lo remedia, PP y PSOE seguirán aferrados a un texto cada vez más polvoriento y achacoso. Deberían echarle una pensada a este delicado asunto nuestros próceres de ocasión.