Voltereta con tirabuzón

El estruendo provocado por la inminente proposición de ley de amnistía, puerta de entrada para la investidura del presidente del Gobierno –si la codicia desbocada no la descarrila antes–, contrasta con el silencio ruidoso de quienes dan la impresión de no sentirse concernidos por sus efectos.

Hemos llegado hasta aquí porque los partidos secesionistas han tenido un plan al que solo le falta que a España le vaya mal o esté desestabilizada. En eso están y a ello dedican su esfuerzo. Para ello, cuentan con que los constitucionalistas carecen de un plan alternativo con el que hacer frente.

Tras hacerse con el poder –dentro de su formación– el candidato socialista a la investidura lo comparte con partidos adyacentes y mambises (denominación de aquellos independentistas enfrentados al dominio español).

Ante un auditorio entregado, el promotor del “alivio penal” –y financiero– a quienes trataron de burlar la Constitución, clamó: “En el nombre de España, de su interés y de la convivencia, defiendo hoy la amnistía en Cataluña, que está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida”.

La idea de que lo hacía “en nombre de España” es el reflejo de su estado de necesidad y de confusión, al aparear su interés de asegurar el poder inmanente con el interés común. Enlazar “hacer de la necesidad virtud” con España no deja de ser un ejercicio de ilusionismo desmedido, ya que lo que no se puede esquivar es la gollería de hacer coincidir los intereses de la nación con los suyos.

Opinión ORIENTE PRÓXIMOLuis Sánchez-Merlo

La ecuación israelí

El reencuentro no significa más que buenos deseos, en tanto no se produzca, y la contención de los separatistas se asemeja a una ensoñación excesiva ya que la reivindicación imperecedera es su razón de ser.

Unos y otros viven del victimismo y transmiten –con pulcritud– que buscan seguir acaparando competencias, para disponer de fondos con los que atraer votos clientelistas y acercar sus objetivos.

Hace no tanto, un VP del Gobierno espetó al principal partido de la oposición “nunca volveréis a gobernar”. La amenaza avanza, camino de cumplirse cuando el candidato a la prórroga invoca la necesidad de la victoria, con objeto de evitar un gobierno de la derecha con la ultraderecha.

El cambio que se está incubando es tan sustancial que, si se llegara a producir, afectaría al Estado de derecho, dejando las instituciones al servicio del tenedor de todo el poder: ejecutivo, legislativo y judicial.

Poco importan los detalles de un desafuero de esta clase, siendo el más grave el proceso de colonización de las instituciones, sobrevenido durante el mandato que se extingue.

La “fatalidad del fracaso”, a la que se refería Carlos Fuentes (escritor y diplomático mexicano), puede evitarse enfrentando el sistema con el infinito tedio de la corita derecha sociológica. El voto del enfado no puede ser el mismo que el del miedo.

De ahí la pregunta ¿qué pueden hacer los españoles, pávidos ante los descomedimientos que parece dispuesto a cometer, por la necesidad de comprar siete votos?

El inicial acuerdo del Gobierno con los satisfechos mambises –condonando una parte de la deuda contraída con el Estado– premia la gestión pródiga que les hizo perder el acceso a los mercados de bonos y obligó a crear el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Y es prueba inequívoca del peso que tienen los temas financieros en el atávico pragmatismo meridional.

La secreta negociación bilateral, en lo relativo a la financiación autonómica, desborda el marco fijado en la Constitución y supone un agravio comparativo hacia el resto de comunidades autónomas, penalizadas por esta medida de gracia fiscal, pese a haber llevado a cabo una gestión más responsable de sus recursos.

El perdón financiero tiene a su disposición la Brunete mediática, el BOE, un presupuesto para lo que haga falta y los fondos Next Generation EU, objeto de pobre gestión, sin datos de los beneficiarios pero que llegan “donde tienen que llegar”.

¿No sería necesario someter a la opinión de todos los españoles, antes de negociarla con los independentistas, esa proyectada amnistía?

El pago de la factura contraída tendría que asumirlo el contribuyente, con cuyos impuestos se financiaría no solo el principal amnistiado, sino también los intereses.

¿Cómo es posible que la Constitución aguante tan desguarnecida y el sistema carezca de mecanismos para detener atropellos, evitando llegar hasta aquí?

Mirar para otro lado no oculta evidencias, algunas notables, como el deslustre de las instituciones (jueces, Fiscalía, abogados del Estado, Cuerpo de letrados) al haberse yuxtapuesto a la colonización una especie de inapetencia que va penetrando sin tregua.

La voltereta comenzó, tras el trompazo municipal y autonómico, cuando el candidato a la investidura convocó elecciones de forma apresurada, rechazando la amnistía como remedio a la cuestión catalana.

Planteados los comicios para garantizar supervivencias existenciales, los buenos –e inesperados– resultados sirvieron para animar a los taciturnos y prolongar la gobernación, ahora en funciones.

Como los votos no bastaban, era precisa una buena remada para conseguir una mayoría absoluta que alejase, sin contemplaciones, a las derechas del fruto prohibido.

Los catorce escaños “indepes” eran imprescindibles para hacer borrón y cuenta nueva ¿por qué no el borrado de todo lo acontecido y extensibles a todos los actores, aunque no tuvieran nada que ver con el procés? Manos a la obra y eventual coartada para el descarrilamiento.

Ante la distorsión del ordenamiento constitucional ¿no sería necesario someter a la opinión de todos los españoles, antes de negociarla con los independentistas, esa proyectada amnistía que supondría decretar –desde el poder legislativo, por una exigua mayoría– que determinadas sentencias judiciales fueron injustas y anular cualquier posible pena?

Disculpe, dilecto lector, la ingenuidad, porque alguno podría preguntar ¿qué podemos esperar de quien cambia de opinión y para mayor asombro, tiene el cuajo de decir que lo hace por el bien de España?

Opinión GUERRA ISRAEL-HAMÁSLuis Sánchez-Merlo

¿Explosión o ataque?

Con tirabuzón. Lo más curioso es que, dado el desconcierto que pudiera crear el “alivio penal”, exigido por quienes no acatan la Constitución, podría pasar que, una vez aprobada la proposición de ley por el Congreso, recibiera una cuestión previa de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo.

Esta actuación la paralizaría, en tanto no se pronuncie el Constitucional, y en este tribunal, la minoría conservadora podría bloquear sine die una posible sentencia, al no asistir a los plenos de este asunto y forzar la falta de quórum.

Lo más lamentable del caso es que la contorsión llegue a contar con el apoyo incondicional del órgano que tiene por misión guardar la integridad de la Constitución Española.

Un arquitecto chino, Kongjian Yu, que ofrece remedios con los que evitar desastres, advirtió: “Si el agua tiene espacio, no hay inundaciones. Acorrala al agua y se convertirá en una bestia”.

Algo así pudiera suceder si se persiste en el empeño de hacer comulgar a la ciudadanía con ruedas de molino.