Amnistía y utilidad pública

La posibilidad de que se apruebe una amnistíaa la que puedan acogerse las personas implicadas en las distintas causas abiertas como consecuencia del ‘procés’ se ha instalado en la agenda mediática y política desde el momento en que las elecciones del 23 de julio dieron la llave de la gobernabilidad a Junts per Catalunya, un partido que, al igual que ERC, defiende esa medida así como la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pero a diferencia de lo sucedido en la anterior legislatura en la que Junts, instalado en la estrategia definida como la de la confrontación inteligente, optó por la inhibición, la inmensa capacidad de presión que le ha proporcionado la aritmética parlamentaria le ha llevado a reconsiderar su posición y a no desdeñar el diálogo y el pacto con aquellos dispuestos a escuchar y satisfacer sus demandas. Así, esta misma semana Carles Puigdemont ha oficializado que la amnistía es la condición previa para que su partido se avenga a negociar la investidura de Pedro Sánchez.

Es a partir de este momento que resulta pertinente preguntarse acerca de cuál es la viabilidad de la medida, tanto desde un punto de vista jurídico como político. Jurídicamente existen opiniones muy solventes que sostienen que es inconstitucional, porque la Constitución no la contempla y otras opiniones igualmente acreditadas que mantienen el argumento contrario, y es que precisamente porque no la excluye explícitamente que la amnistía tendría cabida. Este debate puede llegar a hacer mucho ruido pero, en estos momentos, es poco determinante para decantar la decisión ya que esta depende exclusivamente de consideraciones políticas. Será más adelante, si la amnistía se concreta y dependiendo del cómo, cuando el Tribunal Constitucional acabe resolviendo las dudas acerca de su constitucionalidad.

Políticamente el debate debe situarse en torno a la idoneidad de la amnistía como mecanismo para tratar de resolver un conflicto político ya que, al fin y al cabo, esa es la esencia misma de la política. A este respecto también hay diferencias, ya que habrá quien pensará que con la amnistía se avanza en la senda de la normalización política en Catalunya y que por tanto es útil y los que, contrariamente, sostengan que supone un riesgo de realimentar el conflicto, porque algunos de los implicados siguen sin haber renunciado a la unilateralidad y por tanto pueden sentirse confiados en volverlo a hacer, como ha sugerido la presidenta de la ANC.

Solo desde la perspectiva de la utilidad pública sería concebible una amnistía política en una democracia plena como la española"

Solo desde la perspectiva de la utilidad pública sería concebible una amnistía política en una democracia plena como la española, y su legitimidad se vería reforzada si fuese fruto de una decisión consensual, es decir, que incorporase como mínimo al Partido Popular. Lo que no resulta justificable es que este instrumento excepcional sea utilizado a toda prisa y con fines particulares, únicamente como moneda de cambio para lograr una investidura. En ese caso la amnistía solo tendrá utilidad para quien logre ser investido presidente del Gobierno y para quienes puedan beneficiarse de ella, lo cual generará una reacción hostil por parte de los excluidos que, como mínimo, se materializará en un recurso de inconstitucionalidad. Y este es justamente el mismo proceder y la misma reacción que se dio con el Estatut de Autonomía, que no hay que olvidar que está en el origen de la situación actual.