Se necesita mucha transparencia

El anuncio de la compra del 9,9% del capital de Telefónica por parte de la saudí STC por 2.100 millones de euros cogió este martes por sorpresa a los pequeños accionistas de la compañía y a los medios de comunicación. Aparentemente, también lo hizo a los gestores de la empresa, a su núcleo duro de accionistas (BBVA y CaixaBank) y al Gobierno de España. Y esto, si se confirma, sería más preocupante. Tanto por la naturaleza de su actividad (que afecta a la seguridad nacional), como por su tamaño en el mercado español y por sus intereses en el resto de la Unión Europea y en América Latina, sería bastante preocupante que no se hubiera tenido ningún indicio. Otra cosa es que no se supiera el momento exacto y el importe de la operación, pero que una empresa controlada por el fondo soberano de un país como Arabia Saudí se convierta en el primer accionista de una de las principales operadoras de telecomunicaciones de la UE no es un asunto menor.

Sobre la operación pesan aún muchas dudas, demasiadas. ¿Se trata de una operación puramente financiera o aspira STC a incorporarse a la gestión de Telefónica o a integrar ambas actividades industriales? ¿Van a pedir los saudís entrar en el consejo y tener información crítica para la seguridad española y europea? ¿En qué posición va a quedar el equipo de gestión de la compañía y hasta qué punto va a tener que cambiar su estrategia? Es lógico que esto no se sepa a día de hoy, pero ni los pequeños accionistas ni los clientes ni las autoridades pueden tardar mucho en conocer las intenciones y los planes de STC. 

El Gobierno habló sobre este asunto por boca de la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, quien dijo que velará por los intereses de España. No podía decir lo contrario. Pero habrá que definir cuáles son estos intereses. ¿Los de los clientes? ¿Los de la defensa nacional? ¿Los de los trabajadores? Además, quizá sería más preciso decir que velará por los intereses de la UE, dado el carácter estratégico de la empresa. Es su deber hacerlo y no solo en las autorizaciones que ahora se necesitan y que pueden eliminar el 5 % de la compra hecha hasta ahora, sino que debería estar haciéndolo desde hace tiempo. Resulta casi risible imaginar que los encargados de la seguridad nacional no habían tenido ningún indicio. 

Arabia garantiza que no participará en la gestión de Telefónica y aplaza la decisión de entrar en el consejo

En este sentido provocan perplejidad las palabras de la vicepresidenta tercera del mismo Gobierno, Yolanda Díaz, lamentando la operación. No se puede obviar que el valor bursátil de Telefónica, y de otras multinacionales españoles, ha sufrido por la política inspirada por el partido de Díaz al gravarlas con impuestos inesperados e inéditos y poniendo todo tipo de trabas a su consolidación. Reducir los márgenes de una empresa la hace vulnerable.   

Más allá de su origen, habrá que esperar a los movimientos de STC para juzgar su apuesta por Telefónica, que no tiene que ser perjudicial para la compañía a pesar de que la sigilosidad de la operación y el cálculo milimétrico de los porcentajes para intentar eludir los permisos del Gobierno son ciertamente inquietantes. Pero no es el momento de guiarse por los prejuicios, sino de apostar por que este nuevo socio industrial permita a Telefónica alcanzar el valor que realmente tiene.