Turbulencias laborales

La sindicación en España no es obligatoria, a diferencia de otros países europeos. En la actualidad, la afiliación sindical –4,8 millones– representa al 12,5% de la población laboral, lo que denota una notoria crisis de representatividad.

En los cuatro años del gobierno de coalición, las dos centrales mayoritarias, UGT y CCOO, como compensación a la representación y negociación colectiva en favor de los trabajadores –estén o no afiliados –han recibido, 56,6 millones de euros en los últimos 4 años del gobierno popular, las subvenciones ascendieron a 21,4 millones.

El inicio de subvencionar anualmente a los sindicatos, para contribuir a sus "actividades socioculturales, la promoción de los trabajadores y la organización de actividades de carácter formativo", se remonta a 1981, cuando el presidente Calvo-Sotelo impulsó la firma del Acuerdo Nacional de Empleo, que definió esa necesidad, al tiempo que el Gobierno se comprometía a crear 350.000 empleos a cambio de moderación salarial.

Años más tarde, en 1985, una sentencia del Tribunal Constitucional estableció que las dos centrales recibirán el 75% de las subvenciones. El constituyente español ya plasmó la importancia de los sindicatos de clase y las organizaciones empresariales en la Carta Magna (artículo 7).

Un reciente informe del controvertido e influyente Foro de Davos vaticina que la turbulencia laboral –extrema volatilidad y giros imprevisibles que impone la tecnología– supondrá que, a escala global, decenas de millones de trabajadores perderán sus puestos de trabajo.

Según el Foro Económico Mundial, que ha tomado como base el punto de vista de 800 empresas de referencia, en los próximos 5 años se crearían 69 millones de empleos de la actividad económica de nueva generación y desaparecerían 83 millones de los empleos tradicionales. La OIT baraja pronósticos más optimistas. Hasta 2030: creación de 100 millones de puestos y destrucción de 75 millones.

Cambios profundos –derivados de la globalización, la revolución tecnológica, los cambios demográficos y medioambientales– susceptibles de alterar la vida y las expectativas de trabajo de millones de personas abonan un panorama incierto, con un efecto directo: la inestabilidad –económica y geopolítica– y efectos devastadores en quienes se queden sin empleo y sin acceso a los nuevos.

La pérdida de empleos industriales en Occidente –con efectos sobre la producción y las cadenas de suministro– debido al desplazamiento fabril hacia otros países, ha alimentado un malestar social, que ensancha las filas de los populismos europeos.

Ítem más, profesiones cada vez más fragmentadas e individualizadas alteran el paradigma de las relaciones laborales entre empresas y trabajadores, abocándolos en muchos casos a la precariedad y a la pobreza laboral.

La afiliación sindical ha ido mermando paulatinamente, a nivel mundial y con ello la capacidad de los sindicatos para organizar y prestar servicios a los trabajadores. En este descenso, entran en juego diferentes factores: el paso de los empleos industriales a los de servicios, la externalización de los empleos sindicalizados, la informalización de la economía y la mutación de la relación laboral o la automatización.

Con la emergencia de gigantes –Twitter, Amazon, Meta, Starbucks– extendidos por todo el mundo ha brotado, de forma reiterada, la contrariedad a que sus trabajadores se afilien a centrales sindicales. La adaptación de los sindicatos nacionales a estas empresas globales es otro desafío al que se habrán de enfrentar las centrales en el corto plazo, lo que exigirá una sólida concertación entre gobiernos y agentes sociales en cada país.

La pérdida de empleos industriales en Occidente ha alimentado un malestar social, que ensancha las filas de los populismos europeos

Estos vaivenes en el plano organizativo y tecnológico –fomentados por las empresas– complican la actuación tradicional del sindicato y su manera de relacionarse con los trabajadores. Asimismo, el progresivo empequeñecimiento del tamaño de las empresas y el apogeo de la subcontratación tienen que ver con la pérdida del sentimiento de representatividad de los trabajadores respecto a las centrales.

La magnitud de la transición a la que se enfrentan los sindicatos precisa de un diagnóstico preciso, con preguntas previas: ¿En qué medida los sindicatos se ajustan, en la actualidad, al objetivo por el cual fueron creados?¿A qué se debe una progresiva pérdida de confianza?

Como cualquier organización, los sindicatos sirven y son útiles en función de las personas que los conforman. Resulta difícil de entender cómo alguien puede ser líder de un sindicato minero o de la construcción, cuando lleva más de 30 años sin bajar a una mina o sin subirse a un andamio.

La crítica más extendida es que no están dando respuesta a la devaluación salarial. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola, ya que, si no amplían la afiliación, tampoco va a aumentar su influencia. Disfrutar de prestigio ciudadano y del apoyo de autónomos y la clase media, no se compadece con la dependencia de subvenciones que proceden de los impuestos de los contribuyentes.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias, como consecuencia de la inflación, genera un malestar creciente que el Gobierno trata de sofocar, evitando a toda costa que los sindicatos salgan a la calle a protestar por el encarecimiento de la vida. La "paz social" tiene un precio.

Las 73 marchas convocadas, el pasado 1º de mayo, por las centrales sindicales, bajo el lema "Subir salarios, bajar los precios, repartir los beneficios", respaldadas ‘in situ’ por seis ministros, se desarrollaron sin incidentes.

De ahí que rechinara la advertencia "o hay acuerdo y reparten la riqueza o habrá conflicto", que empañaba la ecuanimidad previa. ¿a quién iba dirigida? Anunciar un otoño caliente, en plena campaña de las generales, con un gobierno de izquierdas, resultaba un oxímoron.

El principio de acuerdo –equilibrado y responsable– entre empresarios y sindicatos, que asegura estabilidad para el periodo 2023-25, es una buena noticia para España.