Las presidencias de la UE y los ‘lobbies’ de la gran industria

Como otras presidencias rotatorias de la UE, el próximo semestre, que corresponde a Francia, no parece augurar lo mejor desde el punto de vista de la profundización de la democracia y los derechos humanos en el continente. Esa es la principal crítica de la organización no gubernamental Observatorio de la Europa Corporativa, que sigue de cerca el trabajo de los poderosos grupos de presión en la capital comunitaria.

Más allá de las palabras grandilocuentes de Emmanuel Macron sobre la soberanía y los valores europeos está el “masivo apoyo” que ha prestado siempre el presidente francés a los intereses de la gran industria, denuncia la ONG. Así, el Gobierno francés ha firmado acuerdos de patrocinio de su presidencia europea con dos grandes grupos automovilísticos privados: el francés Renault y el franco-estadounidense Stellantis, fruto a su vez de la fusión de Fiat Chrysler Automobiles y PSA.

Esos acuerdos son un testimonio más, entre muchos, de la estrecha colaboración del Gobierno francés con la gran industria y sus poderosos grupos de presión, denuncia el Observatorio.

Olivier Petitjean, analista de esa ONG, critica que en el discurso de presentación de las prioridades de la presidencia francesa, Macron apenas hablase de iniciativas para “mejorar la transparencia y profundizar la democracia, escuchando más a los ciudadanos”.

“Una vez más –se critica desde el Observatorio de la Europa Corporativa– una presidencia rotatoria corre el peligro de ser instrumentalizada en beneficio exclusivo de las grandes empresas”.

No es, sin embargo, la primera vez que esa y otras organizaciones de la sociedad civil como Foodwatch o Climáximo denuncian el patrocinio por grupos industriales de los turnos de presidencia rotatoria.

Así, por ejemplo, la última de Portugal contó con el patrocinio del distribuidor de PepsiCola en ese país así como con el de la mayor papelera lusa, Navigator Company, muy criticada por sus plantaciones de monocultivos y acusada de violar sus derechos por varias comunidades indígenas de Mozambique.

El Observatorio de la Europa Corporativa se pregunta cómo pueden los gobiernos europeos firman tales acuerdos con empresas cuya actividad está muchas veces en flagrante contradicción con los objetivos de la UE en materia medioambiental o sanitaria.

La propia defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, nombrada para ese puesto por el Parlamento, criticó el año pasado esos patrocinios por “representar un peligro para la reputación de la UE” y pidió a Bruselas que regulase tales prácticas, algo que hasta ahora no ha ocurrido.