Ayuso prevé una inversión de 680 millones para que la nueva Ciudad de la Justicia esté finalizada en 2028

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes su nuevo proyecto para la Ciudad de la Justicia. La inversión prevista es de 680 millones, dividido en dos lotes, cuyos adjudicatarios irán construyendo el complejo en paralelo en cuatro fases, con el objetivo de que la construcción comience en 2025 y esté finalizado definitivamente en 2028. Pero la idea es que los traslados de las 28 sedes judiciales que hay dispersas en la región se pueda hacer de forma paulatina en los próximos tres años según se vayan terminando los distintos edificios.

La presentación de este anteproyecto constructivo llega casi nueve meses después de que quedaran desiertos los concursos para el modelo concesional que quiso sacar el Gobierno regional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo que echar marcha atrás, renunciar a este modelo y asumir como alternativa lo que la oposición lleva tiempo pidiendo: que el ejecutivo autonómico asuma el coste de la obra y su posterior mantenimiento en lugar de que sean los adjudicatarios quienes se encarguen de la explotación del complejo de Valdebebas.

El consejero de Justicia, Presidencia y Administraciones locales, Miguel Ángel García, en un acto en el que estaban presentes autoridades regionales de la Justicia y diputados de la Asamblea, también de la oposición, ha asegurado que este "apasionante proyecto" da hoy su "primer paso" para reunir a todos los órganos judiciales de la región, que da trabajo "a 33.000 personas". Con el traslado se "ahorrarán costes de alquiler" y "se avanzará hacia un modelo de justicia más moderno y digitalizado", que además contará, según ha indicado, con edificios inteligentes y ecoclimáticos.

García ha aprovechado el acto para lanzar también, junto a los detalles sobre el proyecto, que en el Gobierno regional están "centrados única y exclusivamente en dotar de medios a los jueces" para que sigan ejerciendo su trabajo "con total independencia", en contraposición, ha dicho, a lo que se hace desde el Ejecutivo central: lo harán "sin señalar a jueces y fiscales, sin promover leyes que puedan favorecer a quienes las incumplieron y sin incumplir la Constitución".

Fases de construcción

El proyecto actual se ejecutará en cuatro fases (la cero es la que termina ahora), en las que "se prioriza la construcción de la jurisdicción civil", ha explicado García, "debido a proximidad de los alquileres" de los edificios en los que se encuentran. Además, ha señalado que es la jurisdicción de mayor previsión y su ubicación actual no permite la ampliación de la planta judicial. De hecho, el proyecto definitivo ocupará una superficie de 460.000 m2, y fuentes de la consejería indican que ahí está contemplado un incremento de hasta el 30% de lo que actualmente se necesita para así poder responder a la demanda futura.

El primer lote tendrá una inversión de 203 millones de euros, y será para la construcción del Tribunal Superior de Justicia, las Audiencias Provinciales, secciones civiles y un aparcamiento público de 2.900 plazas, así como los servicios polivalentes necesarios. El segundo lote, por valor de 479 millones de euros y una superficie de 310.000 m2, incluirá todas las jurisdicciones y la Fiscalía, el espacio para el archivo judicial y un aparcamiento de 2.000 planas.

La licitación se prevé para el mes de abril, por lo que la adjudicación se conocerá el próximo verano, según ha dicho García, y los adjudicatarios tendrán un plazo máximo de 9 meses para la redacción de los proyectos. El objetivo es que en 2026 esté construido el 50% de la superficie de la próxima Ciudad de la Justicia, incluyendo ahí la totalidad del lote 1 y parte de lo que se incluye en el 2. Lo más significativo, aunque están a la espera de lo que propongan los arquitectos, es que el TSJ tenga un diseño "singular".

En 2027 el objetivo es que los trabajos se dediquen a la construcción de la Fiscalía, los juzgados de menores, los especializados en cláusulas suelo, mercantil, contencioso-administrativo y los correspondientes aparcamientos y servicios que les corresponden; y en octubre de 2027 está previsto que comience el 35% restante, con los juzgados de instrucción, penal, juzgados sobre la violencia contra la mujer o el archivo judicial, entre otros.