Ayuso renuncia a construir la Ciudad de la Justicia a través de una concesión: la inflación ahuyenta a las empresas

Comienza la legislatura y con ella un nuevo proyecto para la Ciudad de la Justicia. Exactamente igual que cuando se inició en 2021 la segunda legislatura de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. La dirigente madrileña se ha empeñado en sacar adelante el proyecto, como han hecho todos sus predecesores desde 2003, pero para lograrlo propone ahora dar marcha atrás en el tiempo y renuncia al modelo concesional con el que había nacido el proyecto de 2021. Las empresas del sector no han respondido a la llamada de la Comunidad para hacerse cargo de la construcción a cambio de la explotación posterior del nuevo complejo de Valdebebas. Los concursos han quedado desiertos, así que el gobierno regional se ha visto obligado a asumir el coste de la obra y su posterior mantenimiento para poder tirar hacia adelante. En esto es en lo que está trabajando la Consejería de Presidencia, Justicia y Administraciones locales, que asegura estar ultimando el anteproyecto para licitarlo en 2024.

La inversión de esta nueva versión de la Ciudad de la Justicia, que reunirá las 28 sedes judiciales dispersas ahora por Madrid, supondrá una inversión inicial de 660 millones de euros. El proyecto anterior estimaba una inversión inicial de la empresa adjudicataria de 507 millones de euros y la Comunidad se comprometía a sufragar un cánon de 50 millones al año durante los 37 que duraría el régimen de concesión. Pero cuando se presentó en noviembre de 2021 todo apuntaba a una situación económica al alza tras la pandemia, hasta que cinco meses después estalló la guerra de Ucrania y la licitación posterior no tuvo en cuenta las consecuencias económicas de las crisis energética, que ha provocado que el precio de los materiales de obra haya crecido y a las empresas no les resultase rentable el proyecto. Esa variación en los precios es lo que provoca también que los cálculos de la consejería para la inversión inicial sean ahora superiores.

Proyecto maldito

Aunque Miguel Ángel García, responsable del departamento de Presidencia, Justicia y Administraciones, se muestre optimista con que esta vez sí será posible sacar adelante el proyecto, el histórico de la Ciudad de la Justicia hace que el entusiasmo se tome con precaución. Este es un proyecto que ha estado maldito en las dos últimas décadas, 20 años donde se han sucedido los escándalos y encadenado los retrasos, primero por los proyectos megalómanos que presentó Esperanza Aguirre y después por la consecución de supuestos delitos de fraude y malversación o la falta de confianza entre presidentes regionales y consejeros que han heredado los contratos. La crisis económica, los procesos judiciales y un gasto público que no ha tenido reflejo en el servicio a los ciudadanos han provocado el recelo continuo hacia este proyecto.

"Tiene riesgos porque hay variables que la Administración no controla", señalan en la consejería, pero confiados en que "en tres años se podrá ver ya una parte construida". Enrique López, el predecesor de García, apuntó cuando presentó el proyecto que "los problemas políticos eran impredecibles", pero que los económicos estaban contemplados en la ley de contratos del sector público y por eso se mostraba también convencido de que aquella era la definitiva. No contó con una guerra y una inflación crecientes que lo echaron a perder. Más Madrid y PSOE (y también Podemos en la pasada legislatura) han insistido desde el principio que el proyecto no debía hacerse mediante un régimen concesional, sino que la Comunidad debía adjudicar la obra y después mantener bajo su tutela el mantenimiento y los servicios, sin ceder su explotación a una empresa privada.

Construcción por fases

El proyecto actual se ejecutará en cuatro fases. Haciendo "de la necesidad virtud", explican en la consejería durante un encuentro informativo, la obra completa se proyecta para después de 2030 y los traslados se irán haciendo poco a poco. Se licitarán dos lotes para redacción y ejecución del proyecto. En la primera fase, cuyas obras está previsto que comiencen en 2025, se dedicará a la urbanización de 155.400 m² de superficie, donde se construirán un edificio singular que albergue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las secciones penal y civil de la Audiencia Provincial y 105 juzgados de primera instancia, todos ellos dispersos en la capital. Además, se construirá un parking público de 60.000 m². La Comunidad quiere "priorizar" la construcción de los edificios que alberguen la jurisdicción civil porque el vencimiento de los alquileres donde ahora se ubican está más cercano en el tiempo y "se prevé mayor crecimiento".

La segunda fase comenzará ya al final de la legislatura, según las previsiones de la consejería, que continuará levantando dos edificios para el resto del orden civil. Y ya después de 2027 llegarán los tres edificios para Penal, la Fiscalía, el archivo judicial territorial y otros servicios auxiliares.

Recuperar patrimonio histórico regional

Entre otros proyectos que tiene previsto para esta legislatura, la Consejería también ha destacado en este desayuno informativo un incremento del presupuesto para la recuperación del patrimonio histórico y artístico de los municipios de la región, con especial atención a los 144 de menos de 20.000 habitantes. Lo hará a través del Plan de Inversión Regional (PIR) con el objetivo de que la conservación y rehabilitación de este patrimonio sirva también "como revulsivo económico para estas localidades" a través del turismo. Castillos, ermitas, puentes, molinos, cruces, pilones o antiguos bebederos, entre otros, entran dentro de este plan de la consejería, que pedirá a los municipios que informen a la Comunidad de aquellos lugares que crean necesarios recuperar.

Asimismo, trabaja en la creación de dos nuevos centros de día para menores infractores en régimen abierto, uno en la zona norte y otro en la zona oeste de la región, que se sumen a los diez con los que ya cuenta la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infracto en Madrid, Parla, Getafe y Alcalá de Henares. Los dos nuevos centros tendrán programas especializados en ciberviolencia y está prevista "una atención simultánea de 20 menores y en torno a 375 adolescentes al año".