COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso cita a las constructoras para desbloquear la Ciudad de la Justicia

La Comunidad de Madrid ha organizado siete reuniones con representantes de las principales constructoras y empresas de infraestructuras españolas para desencallar el proyecto

Isabel Díaz Ayuso y Enrique López en una visita a la actual sede del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses, ubicada junto a la futura Ciudad de la Justicia.

Isabel Díaz Ayuso y Enrique López en una visita a la actual sede del Instituto de Medicina de Legal y Ciencias Forenses, ubicada junto a la futura Ciudad de la Justicia.

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La licitación del nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia no presagiaba nada bueno cuando, hace casi un mes, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior tuvo que ampliar el plazo de presentación de ofertas, precisamente por la ausencia de concurrentes. Pero finalizado este plazo el pasado día 10 de noviembre, la situación vuelve a ser la misma: las constructoras no ven ningún beneficio plausible en el proyecto en las condiciones actuales, así que han optado por no presentarse.

Ahora a la Consejería le quedan dos opciones, volver a elaborar otro pliego de licitación con nuevas condiciones o apostar por un procedimiento negociado, en el que se hace una ronda de reuniones con las empresas más interesadas y se decide con cuál de ellas seguir adelante. La opción elegida ha sido esta última. ¿Por qué? Una nueva licitación implicaría no llegar a tiempo, probablemente, a que el procedimiento quedara culminado antes de la disolución de las cortes autonómicas en marzo. Si el proyecto no se adjudica antes de las elecciones, habría que esperar a ver quién forma Gobierno. Casi con toda probabilidad repetirá Isabel Díaz Ayuso, pero no lo es tanto si el actual consejero, Enrique López, repetirá en ese departamento. Y si el equipo cambia, es probable que quien llegue quiera revisarlo todo antes de volver a lanzar otra licitación. Total, que el retraso podría ser de casi un año. Otra vez.

Por esta razón, la Consejería ha llamado a audiencia a las principales constructoras y compañías especializadas en infraestructuras. El equipo de Enrique López tiene previstas ya siete reuniones con las empresas para esta misma semana. La primera en sentarse en el despacho de la tercera planta del número 13 de la Carrera de San Jerónimo ha sido Typsa, ayer lunes a las 10:00. Habrá que esperar hasta hoy martes a la misma hora para que llegue Acciona. Esta reunión será con María del Carmen Martín García-Matos, la Directora General de Infraestructuras Judiciales. La peculiaridad de este primer encuentro es que es el único que contará con la Directora General porque el resto será con Andrés García Díaz, Subdirector General de Infraestructuras Judiciales. Este mismo martes, García Díaz se sentará a las 15:30 con la concesionaria Iridium, propiedad de ACS, la compañía presidida por Florentino Pérez. En la agenda del miércoles constan tres reuniones más: a las 10:30 con Dragados, otra de las filiales de ACS; a las 12:30 con FCC, la compañía del magnate mexicano Carlos Slim; y a las 15:30 con OHLA, la constructora de los Villar Mir. Cierra la lista de reuniones Sacyr, con un encuentro el jueves a las 16:00. A pesar de que la Comunidad de Madrid no ha cargado en el Portal de Transparencia la próxima semana, fuentes de mercado confirman que Ferrovial también participará en estos encuentros.

Fuentes del Ejecutivo confirman que la idea es seguir adelante con un procedimiento negociado en el que “poder abordar algunos aspectos”. En esta situación, el margen legal que tiene la Consejería es muy limitado porque, según la Ley de contratos del sector público, solo se puede abordar un negociado sin publicidad una vez que la licitación haya quedado desierta “siempre que las modificaciones del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución”. Y el problema en este caso ha sido precisamente que la causa de que haya quedado desierta parece estar en aspectos esenciales: con la inflación y la incertidumbre actual, la diferencia entre lo que las empresas estarían dispuestas a asumir y lo que la Consejería ofrece no es fácilmente salvable.

El equipo de López está ahora, en cualquier caso, es en reunirse “con las empresas que mostraron interés por la concurrencia y en establecer una ronda de contactos con ellos de nuevo”, con la intención de “invitar al mayor número de empresas posibles”, según informan desde la Consejería. En su creencia está que las empresas no se han presentado por tres razones: “el encarecimiento del precio del dinero (subida de los tipos de interés)”, “la inestabilidad económica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento de la energía” y la “situación generalizada de incertidumbre en el ámbito internacional”.

Proyecto Ciudad de la Justicia

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El proyecto de la Ciudad Justicia consiste en la construcción de 18 edificios, que acogerá una vez construido 356 órganos judiciales y dará servicio diario a más de 30.000 personas. La empresa adjudicataria estará a cargo del desarrollo de los inmuebles y de su posterior gestión, durante 40 años. A cambio, el ganador recibirá un canon anual de 49,3 millones de euros al año, frente a los 72 millones de euros que invierte cada año en prestar el mismo servicio en 28 edificios dispersos por la ciudad. Si la Comunidad de Madrid alcanza algún acuerdo, el adjudicatario invertirá casi 500 millones de euros en la construcción y recibirá hasta 1.972 millones durante los próximos 40 años. En el anuncio de la licitación se señaló que contaría con aparcamientos, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil.

No es un desarrollo moderno. La antigua Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, llegó a celebrar un acto de puesta de la primera piedra, en 2004. En esa ocasión, la crisis financiera e inmobiliaria dinamitó el plan. Su sucesor, Ignacio González, lo recuperó, pero Cristina Cifuentes volvió a abandonarlo. Fue Ayuso, durante la pandemia, la que retomó el viejo sueño de que Madrid cuente con un espacio exclusivamente destinado a hacer cumplir la ley.