La Ciudad de la Justicia de Madrid: casi 20 años después el proyecto se reactiva

La Ciudad de la Justicia de Madrid es un proyecto maldito. Se habla de él desde hace 20 años y aún sigue siendo un complejo fantasma. Pero desde que en 2002 se transfirieron las competencias en materia de Justicia a la Comunidad de Madrid, no ha habido presidente autonómico que se haya resistido a imaginar y poner en marcha una idílica ciudad de la justicia en la capital. Tampoco Isabel Díaz Ayuso, que confía en poder colocar la primera piedra del nuevo complejo judicial poco antes de que comience la campaña electoral de 2023 y, esta vez, esperan en la Comunidad, sin sombra de corrupción detrás.

El Consejo de Gobierno reactiva en su reunión de hoy este proyecto con la presentación de las conclusiones de un informe de viabilidad de la nueva ciudad de la justicia, cuyo histórico obliga al Ejecutivo actual a tomar todas las precauciones para evitar incurrir en los mismos escándalos que sus antecesores. Desde proyectos megalómanos fallidos a supuestos delitos de fraude y malversación pasando por la desconfianza entre compañeros del mismo partido, la Ciudad de la Justicia ha sido en los últimos años víctima de la crisis económica, protagonista de diversos procesos judiciales y de un gasto por parte de la Comunidad que no ha repercutido aún en la eficacia del sistema judicial madrileño ni en beneficio de los madrileños.

¿Qué ha pasado en estos últimos años?

Con las competencias de Justicia ya en cartera en 2002, el entonces presidente Alberto Ruiz Gallardón empezó a pensar en dónde concentrar las dispersas sedes judiciales de Madrid. Buscó distintas localizaciones pero no llegó a dar con ninguna adecuada, tampoco con la actual, Valdebebas.

Fue Esperanza Aguirre quien en 2005 dio inicio al llamado Campus de la Justicia con la elección de la ubicación actual y un concurso internacional para la redacción de proyectos encaminados a crear un barrio de vanguardia y diseño. Millones de euros invertidos en una época de vacas gordas solo en el diseño de edificios singulares realizados por arquitectos de renombre que finalmente quedaron en nada. Se propuso la creación de hasta 14 edificios pero aquel megaproyecto quedó reducido apenas a papeles. Solo se empezó a construir uno de todos ellos, conocido como donuts por su forma esférica, y que solo años después, se ha convertido en el actual Instituto de Medicina Legal. Este fue el primer intento real de crear un Campus de la Justicia pero murió antes de nacer. Con la crisis económica y las denuncias de la oposición por exceso de gasto y de falta de justificantes por algunos de aquellos gastos, el proyecto se paró.

Fue el sucesor de Aguirre, Ignacio González, que ocupó la presidencia entre 2012 y 2015, quien retomó el proyecto por segunda vez y llegó incluso llegó a proponer la adjudicación de la construcción de todo el proyecto urbanístico a Acciona y OHL casi al final de su mandato. Pero Cristina Cifuentes fulminó este segundo intento cuando sustituyó a González en la presidencia de la Comunidad. La sospecha por corrupción rodeaba ya a González por diversas causas y Cifuentes no quiso seguir adelante con el proyecto, así que desistió del mismo con la consiguiente reacción de quienes habían sido propuestas como adjudicatarias, que acudieron a los tribunales. Pero el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la Comunidad por entender que había razones para el desistimiento de la adjudicación por cómo se produjo el proceso de tramitación.

Hasta que en marzo de 2020, ya con Ayuso en el Gobierno, el Tribunal Supremo no ratificó la sentencia del TSJ, el Ejecutivo regional no tuvo las manos libres para retomar el proyecto.

Entre medias, las denuncias de los partidos de la oposición llegaron a la Fiscalía Anticorrupción. Tras la instrucción llevada a cabo por el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional sobre varios contratos vinculados al Campus de la Justicia entre 2003 y 2012, el pasado mes de julio, el juzgado de instrucción número cinco abrió juicio oral contra el exconsejero de Justicia de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, así como a otros cinco ex altos cargos y asesores, por supuestos delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación. aun pendiente de ser juzgado. El fecha del juicio aún no se ha señalado y es probable que no se produzca hasta finales de 2022 o 2023.

A la tercera va la vencida

Con este pasado, el nuevo equipo ha procurado guardarse las espaldas solicitando a un tercero un análisis de la viabilidad de un nuevo proyecto antes de elaborar los pliegos de licitación. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Enrique López aseguran que el futuro penal de los procesos judiciales en marcha no pueden ya perjudicar al proyecto, negando que cualquier responsabilidad subsidiaria pueda afectar al mismo. Y en línea con esto, como están convencidos de que "los edificios no delinquen, delinquen las personas", no hay intención de cambiarle el nombre al proyecto.

Así, el estudio que se presenta hoy y se someterá a información pública en las próximas horas fue adjudicado a la UTE Eguesan, cuyo trabajo se ha basado en el modelo concesional por el que opta la la consejería para este plan. Es decir, que se adjudicará a una empresa privada la construcción del complejo y su mantenimiento durante los próximos 36 años, asumiendo también esta cualquier riesgo financiero, pero a cambio de un canon que pagará anualmente la Comunidad y de los beneficios que pueda extraer de la explotación de los servicios que se desarrollarán en los locales de uso terciario del complejo.

Basándose en este modelo, el informe inicial apunta que la construcción de los 18 nuevos edificios que albergarán lo que ahora está distribuido en 28 sedes judiciales por toda la ciudad, necesitará de una inversión inicial de 507 millones. Para equilibrar esta inversión con el mantenimiento de todo el complejo urbanístico, el cálculo inicial es que el canon que pagará la Comunidad ascenderá a 50 millones anuales durante los años de concesión, es decir, 1.800 millones en total. Lo que no se sabe aún, y se conocerá solo cuando el informe salga a información pública, es cuál es la estimación de gasto anual que tendrá que realizar la adjudicataria para el mantenimiento de los servicios e instalaciones y cuál es la previsión de ingresos anual prevista por la explotación de las zonas complementarias comerciales del ámbito de la concesión.

"Este es un proyecto con impacto en el mercado privado y era necesario que se conozcan los detalles de explotación para que haya concurrencia de empresas que puedan asumir financieramente el proyecto", explican en la consejería, de ahí la necesidad del trabajo realizado para este estudio previo que dará forma al anteproyecto y los pliegos de concesión una vez que finalice el periodo de un mes de información pública.

Para garantizar que no hay retrasos en la construcción de la obra, la consejería informa de que no empezará a pagar el canon anual hasta tres años después de que se inicie la obra, que según sus cálculos, comenzará a principios de 2023. ¿Puede haber otros riesgos que vuelvan a paralizar el proyecto? Los económicos, aducen las mismas fuentes de la consejería, están contemplados en la ley de contratos del sector público, que prevén posibles cláusulas, penalizaciones y sanciones por retrasos o merma de la calidad de los servicios que pueden deducirse del canon anual. Los políticos, vienen a decir, son impredecibles.